Hacia una política de datos abiertos del Sistema de Compra Pública para los países miembros de la RICG

La ciudadanía en América Latina y el Caribe demanda Estados más transparentes y eficientes en la planeación y ejecución de todas sus políticas públicas. Pocas políticas públicas son más importantes para cumplir esta demanda que las compras gubernamentales. Las compras gubernamentales- bien diseñadas y ejecutadas- son una poderosa estrategia para el desarrollo, inclusión y avance en nuestros países. Lograr aprovechar ese potencial facilitando la apertura y uso de los datos es parte central de la misión encomendada por un grupo de gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, para que a través de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG) se generara una evidencia de forma colaborativa, y en consulta con quienes hacen las políticas en la vida real. Para esto han sido fundamentales las instancias de diálogo, organizadas por la RICG en colaboración con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (México), y la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington DC; así como la participación y compromiso de los países de la RICG y colegas de sociedad civil. Este esfuerzo tampoco hubiera sido posible sin el apoyo del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá, la fundación Hivos y la Alianza para las Contrataciones Abiertas. En particular queremos agradecer a quienes generosamente compartieron información con nosotros, y a quien lideró la elaboración de este material, María Margarita Zuleta. Este estudio busca ser un aporte para que los gobiernos de la región puedan embarcarse de forma informada en políticas de compras gubernamentales abiertas. El documento presenta un recorrido completo por el estado del arte en compras gubernamentales abiertas demostrando porqué es necesario avanzar en este sentido. Explora información de políticas y aspectos técnicos relevantes y recomienda a los gobiernos generar indicadores para entender cómo operan sus sistemas de compras gubernamentales. Parte del desafío no es solo la transparencia y la probidad, sino la propia información de quienes toman decisiones en el sector público y privado. El documento a su vez releva los usos que ha realizado la sociedad civil de estos datos, demostrando la demanda creciente y utilidad de publicarlos. Parte de los mandatos principales de instancias como la RICG e ILDA ha sido explorar el nacimiento de soluciones efectivas que permitan generar sinergias s y cooperaciones multisectoriales para lograr una efectiva implementación de políticas. Junto con las organizaciones socias y la RICG hemos emprendido este proceso con la esperanza que el contenido de este documentopero crucialmente su seguimiento a nivel de implementación- pueda dar mejores resultados a quienes día a día buscan transformar un aspecto central de la gestión del Estado, para construir sociedades más transparentes y justas.