Zonas francas dominicanas e impuesto mínimo global: ¿quién recaudará el 15 %? La Ley 8-90 ante el Pilar Dos y el paquete side-by-side de 2026

Resumen

El régimen de zonas francas de exportación de la República Dominicana, regulado por la Ley núm. 8-90, exime a las empresas acogidas del impuesto sobre la renta. Desde la puesta en marcha del Pilar Dos de la OCDE, esa exención opera en un entorno distinto. Cuando una entidad pertenece a un grupo multinacional con ingresos consolidados de al menos 750 millones de euros, la renta poco gravada en el país puede quedar sujeta a un impuesto complementario hasta alcanzar una tasa efectiva del 15 %. Ese impuesto no lo cobra necesariamente la República Dominicana. Este trabajo examina qué jurisdicción puede recaudarlo con las reglas vigentes y cómo altera ese reparto el paquete side-by-side acordado por el Marco Inclusivo en enero de 2026, en especial para los grupos con matriz en Estados Unidos. Sostiene que, mientras el país no adopte un impuesto mínimo complementario doméstico calificado, la exención de la Ley 8-90 tiende a trasladar recaudación hacia otras jurisdicciones sin aumentar de forma proporcional la ventaja competitiva de las empresas. Analiza también si el incentivo podría rediseñarse como un incentivo fiscal calificado basado en la sustancia y describe, a título comparado, la solución adoptada por Uruguay.

Abstract

The Dominican Republic's export free zone regime, governed by Law No. 8-90, exempts qualifying companies from corporate income tax. Under the OECD's Pillar Two, that exemption now operates in a different setting. Where an entity belongs to a multinational group with consolidated revenue of at least EUR 750 million, low-taxed profits in the country may be subject to a top-up tax that brings the effective rate to 15%, and that tax is not necessarily collected by the Dominican Republic. This paper examines which jurisdiction may collect it under current rules and how the side-by-side package agreed by the Inclusive Framework in January 2026 alters that allocation, particularly for US-parented groups. It argues that, as long as the country does not adopt a qualified domestic minimum top-up tax, the Law 8-90 exemption tends to shift revenue to other jurisdictions without a commensurate competitive benefit for the companies concerned. It also assesses whether the incentive could be redesigned as a substance-based qualified tax incentive and describes, for comparative purposes, the approach taken by Uruguay.