Ciencia, Política y Derecho: los límites jurídicos de la decisión pública cuando la evidencia científica resulta incómoda

El presente trabajo analiza los límites constitucionales y convencionales de la libertad de configuración del legislador cuando regula políticas públicas fundamentadas en conocimientos científicos controvertidos o en evolución. Tomando como referencia la regulación contenida en el artículo 11.3 de la Ley Orgánica 8/2021 (LOPIVI), el estudio sostiene que el problema jurídico no reside en el rechazo legislativo de una determinada categoría científica, sino en la eventual incidencia que dicha decisión pueda tener sobre la capacidad del sistema jurídico para investigar y valorar hechos empíricos relevantes para la protección efectiva de los derechos fundamentales. A partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la doctrina española sobre racionalidad legislativa, prueba y obligaciones positivas del Estado, se propone una nueva construcción doctrinal: la Teoría constitucional del conocimiento en el Estado de Derecho. Esta teoría se articula mediante dos principios complementarios: el principio de apertura cognitiva del Derecho, que exige preservar la capacidad del proceso judicial para conocer todos los hechos potencialmente relevantes, y el deber de neutralidad cognitiva del Estado, que limita la posibilidad de que el legislador transforme controversias científicas o preferencias políticas en definiciones jurídicas cerradas de la realidad cuando ello pueda restringir el conocimiento necesario para la tutela judicial efectiva y la protección de los derechos fundamentales. Se concluye que la legitimidad democrática de una política pública no depende únicamente de la finalidad protectora perseguida, sino también de que los procedimientos jurídicos permanezcan abiertos al conocimiento de la realidad empírica sobre la que han de decidir.