Políticas públicas en justicia penal y calidad del servicio en unidades de flagrancia

En el Perú, las políticas públicas de justicia penal han experimentado una transformación relevante con la implementación de las Unidades de Flagrancia Delictiva, impulsadas desde el Decreto Legislativo 1194 y fortalecidas con la Ley 32348, que crea el sistema nacional de justicia especializado en flagrancia. El presente estudio analiza cómo las políticas orientadas al proceso inmediato inciden en la calidad del servicio de justicia penal. Se desarrolló una investigación básica, de enfoque cualitativo y hermenéutico, con alcance descriptivo y basada en teoría fundamentada. Se aplicaron entrevistas a siete jueces, siete fiscales y seis defensores públicos que participan en estas unidades, procesando la información mediante un programa de análisis cualitativo. Complementariamente, se revisaron fuentes normativas, jurisprudenciales y académicas para contextualizar hallazgos y fortalecer la triangulación del análisis cualitativo. Los resultados evidencian la consolidación de un modelo interinstitucional que articula al Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y Defensa Pública, con reducción de tiempos procesales y mejora en la percepción ciudadana. No obstante, subsisten tensiones vinculadas al derecho de defensa y a la evaluación del estado mental del imputado. Se concluye que estas políticas representan un cambio paradigmático que exige ajustes normativos e institucionales para consolidar un modelo plenamente garantista.