El derecho a la protección de la salud pública. Medicina preventiva y salud digital. Hacia la salud pública inteligente

La sociedad se enfrenta a constantes y nuevos retos, como las crisis medioambientales, las desigualdades sociales, las enfermedades emergentes, el paulatino envejecimiento de la población, el cambio climático y los
problemas de sostenibilidad y consumo. Todos ellos constituyen importantes desafíos. Adicionalmente, nos encontramos inmersos en una revolución social promovida por el desarrollo de la sociedad del conocimiento, de la revolución tecnológica y emergente diversidad. Un completo cambio de ciclo con efectos económicos, laborales, mercantiles y políticos todavía por descubrir.

La multiculturalidad característica de nuestra sociedad y la mezcla de estilos de vida, ocasionados por los fenómenos migratorios; el desarrollo de los medios de transporte y su abaratamiento; y la súbita aparición de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), están generando un nuevo espacio globalizado, más interconectado e intercultural que nunca. Este desarrollo social de referencia plantea nuevos retos y conflictos, obligando a la Administración pública a adaptar su capacidad de intervención en la sociedad.

Finalmente, el empoderamiento del ciudadano, con más capacidad y alternativas para tomar decisiones sobre su salud tanto en su esfera individual como colectiva, es otro de los elementos vertebradores de nuestra sociedad. En la actualidad, los ciudadanos son sujetos informados y formados en gran medida, conocen sus derechos y son más exigentes en sus propósitos.

En un contexto tan complejo como el descrito, la protección de la salud pública destaca como uno de los grandes retos que debe afrontar la Administración pública. La salud pública «queda integrada dentro del término general de salud, abarcando toda su dimensión colectiva». Es decir, se trata de la salud dirigida a las masas, «donde el sujeto no es el individuo sino la población o un grupo social determinado».

En palabras de Milton Terris, podemos identificar a la salud pública como aquel ámbito que se ocupa con carácter esencial de «las enfermedades transmisibles, sus causas, su distribución y prevención». En particular, para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud pública es «la ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, prolongar la vida y promover la salud mental y física, y la eficiencia a través de los esfuerzos organizados de la comunidad».

A lo largo de las últimas décadas, la sociedad occidental ha tenido que hacer frente a múltiples crisis sanitarias, epidemiológicas y de salud pública. Las distintas crisis padecidas han impulsado la configuración y avance de
nuestro sistema de prevención, atención y cobertura, de tal modo que la situación vivida con la gripe aviar, la fiebre aftosa (peste porcina o mal de las vacas locas) y otras crisis sanitarias han estimulado mecanismos de control y supervisión; mientras que la crisis del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) obligó a redefinir protocolos de actuación y sistematización de los servicios sanitarios. Finalmente, la crisis originada por el ébola del 2014 nos empujó a diseñar mejores sistemas de aislamiento y control poblacional.

Ello ha originado un proceso paulatino de adaptación de nuestra Administración pública que en su carácter interventor en materia de sanidad se encuentra en un proceso de evolución y modificación de las políticas reactivas, de respuesta al accidente patológico, para instaurar nuevas acciones proactivas, de anticipación, prevención y promoción en materia de salud pública. Antes bien, la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 ha superado con creces cualquier previsión y antecedente en la historia reciente de nuestro país, manifestando un sistema sanitario con insuficiencia de medios materiales y personales.

A lo largo del presente trabajo se pretende realizar un análisis de los mecanismos jurídicos diseñados y previstos para hacer frente a crisis sanitarias. Asimismo, se acometerá el estudio del derecho a la protección de la salud pública y su configuración en nuestro ordenamiento jurídico, a través del análisis de su naturaleza jurídica y del desarrollo normativo actual.

La falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y las autoridades sanitarias ha llevado a la adopción de medidas confusas e incluso contradictorias en algunos casos. Además, la falta de transparencia en la gestión de la crisis ha generado desconfianza y desconcierto en la población, lo que ha dificultado la implementación de medidas preventivas y la adopción de comportamientos responsables. Por otra parte, la pandemia ha evidenciado las desigualdades en la atención sanitaria en España, con una distribución desigual de los recursos y servicios de salud entre las diferentes regiones y la falta de acceso a la atención médica de calidad para los sectores más vulnerables de la población, como los ancianos, los inmigrantes y las personas con discapacidad.