La justicia penal nacional frente al ecocidio: David contra Goliat (veinte años desde la catástrofe del Prestige)

En la primera parte del trabajo se disecciona el proceso por el hundimiento del Prestige para poner de manifiesto la insuficiencia ontológica del Derecho penal nacional para afrontar las grandes catástrofes medioambientales. Así las cosas, la segunda parte del trabajo se destina a defender algunas propuestas de mejora que podrían contribuir a una tutela penal más eficaz y eficiente del Medio Ambiente.  

En efecto, pese a que los delitos medioambientales cuentan con casi tres décadas de existencia el estudio demuestra que las condenas son exiguas y las que se producen van referidas mayoritariamente a delitos de bagatela, y, con respecto a los que no lo son, sorprende la lenidad de las mismas y la incapacidad de nuestro modelo para revertir los daños ocasionados. El caso del Prestige es, por muchas razones, paradigmático. La instrucción correspondió a un modesto Juzgado de instrucción incapaz estructuralmente de asumir unas diligencias de investigación de semejante envergadura, sufriendo un colapso que se tradujo en diez años de instrucción con un resultado pírrico. La sentencia de instancia (SAP A Coruña de 13 noviembre 2013), tras nueve meses de proceso sólo condenó al capitán del Prestige como autor de un- discutible- delito de desobediencia, mientras que la dictada en casación (STS 865/2015 de 14 enero) le condenó a como autor de un delito imprudente contra el medio ambiente absolviéndole del delito de desobediencia, declarando asimismo la responsabilidad civil directa de la compañía aseguradora hasta el límite de la cantidad asegurada (1 billón de dólares USA).  Sin embargo,  tras un periplo judicial en el que no puedo detenerme, hoy esa cantidad no solo no ha sido satisfecha sino que el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales ha estimado en parte el recurso de la aseguradora y, en su virtud, está pendiente la vista para decidir si las pretensiones indemnizatorias de la aseguradora contra España y Francia por no someterse al arbitraje son aceptadas, en cuyo caso, España deberá pagar a aquella por los perjuicios derivados de su incomparecencia.  Todo esto sin contar, además, con el resultado infructuoso de la demanda interpuesta contra la entidad privada ABS que emitió el certificado de clasificación del Prestige incluyendo cláusulas que, en los expresivos términos que constan al folio 3199 de las actuaciones, benefician a la propia entidad certificadora (¡). En suma, transcurridos veintitrés años desde la catástrofe medioambiental la condena de un anciano- a quien la sentencia de instancia se refirió como un “valeroso capitán”- es el único rédito que se extrae de un periplo judicial de tamaña entidad y en el que nadie resultó condenado por el delito de daños a espacios naturales protegidos por el que también se dirigió la acusación.

Todo ello pone de manifiesto la imperiosa necesidad de realizar una evaluación de la legislación penal y administrativa con el fin de mejorar la respuesta del sistema de justicia ante tamaños atentados medioambientales, lo que, además de tomarse en serio las propuestas de creación de un crimen internacional de ecocidio, exige modificaciones a nivel interno, que tomen en consideración la complejidad que supone dilucidar las responsabilidades en estructuras empresariales de cierta entidad, lo que se proyecta tanto sobre el ámbito sustantivo como procesal. Obviar esta realidad a la hora de atribuir la competencia conduce a las consecuencias ya vistas. Por otra parte, hay que revisar las sanciones para los atentados más graves, ya que, como muestra el informe de evaluación de la Directiva 2008/99 las existentes tienen un exiguo carácter disuasorio. Asimismo, es urgente abordar las deficiencias de los modelos de inspección y control, pues resulta intolerable que se confíe a una entidad privada funciones que debieran ser de competencia de los Estados.