Published January 15, 2012
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Base de Datos de la Memoria Educativa Venezolana, Año 2011 (Volumen XIX)
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El Tomo XVII, Vol 2 (Agosto-Diciembre 2011) de la Base de Datos de la Memoria Educativa Venezolana compila registros para la comprensión histórica del sistema escolar venezolano, centrándose en la gestión y política pública, y buscando proveer antecedentes para superar el grave deterioro del aparato institucional.
El periodo se caracterizó por un marcado énfasis en la campaña electoral mediante la educación. El Gobierno impulsó la distribución gratuita de 12 millones de libros de la Colección Bicentenaria para educación primaria, y la entrega de más de 952.000 computadoras portátiles del Plan Canaima. Estas iniciativas fueron vistas por los críticos como herramientas de ideologización y culto al líder. La ministra Maryann Hanson, sin embargo, defendió la Colección Bicentenaria, asegurando que promueve el pensamiento crítico.
Pese al plan gubernamental "Una Gota de Amor para Mi Escuela", el año escolar 2011-2012 arrancó bajo el signo de la precariedad, con múltiples reportes sobre el mal estado de la infraestructura de los planteles.
En el ámbito laboral, el magisterio logró la firma de la VI Convención Colectiva, que incluyó un aumento salarial del 40% para 2011. A pesar de ello, continuaron las protestas docentes exigiendo el pago de deudas y la mejora de beneficios, incluyendo los reclamos del personal de Fe y Alegría y AVEC por aguinaldos pendientes.
Las universidades autónomas vivieron una constante "batalla presupuestaria", con presupuestos insuficientes forzándolas a operar con créditos adicionales La autonomía universitaria fue objeto de ataques a través de sentencias del TSJ que buscaron modificar los reglamentos electorales.
La UCV sufrió actos de violencia y vandalismo, incluyendo la quema de vehículos. La expulsión del estudiante chavista Kevin Ávila por parte del Consejo Universitario fue anulada de inmediato por una medida cautelar del TSJ, recibiendo el respaldo automático y público del Presidente Chávez y el funcionariado oficialista, lo que fue calificado como una intervención judicial a favor del sector alineado con el Gobierno. Finalmente, la Asamblea Nacional reformó la Ley de Ejercicio de la Medicina, legalizando el título de Médico Integral Comunitario (MIC) y haciendo opcional la colegiación, a pesar de las críticas de la UCV y la Academia Nacional de Medicina sobre la calidad deficiente de su formación.
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