Yo diría que la reforma laboral perseguía dos objetivos fundamentales. Uno era el abaratamiento
del despido, que fue el que mayormente trascendió a la opinión pública en un primer momento
por la vía de abaratar las indemnizaciones. Pero, en segundo lugar, la reforma laboral
perseguía un objetivo que era mucho más ambicioso y que estaba perfectamente calculado,
que era provocar una violenta devaluación salarial, un brutal recorte salarial por la
vía fundamental de desarticular la negociación colectiva. Lo que hacía fundamentalmente
la reforma laboral era cuestionar la autonomía colectiva y la fuerza vinculante de los convenios
colectivos, que son el mecanismo normal de fijación de los salarios en nuestro ordenamiento desde
hace muchas décadas, y individualizar la relación de trabajo, situar en el nivel empresarial
la fuente casi única de fijación de las condiciones de trabajo por vías diversas,
los acuerdos de descuelgue, los acuerdos de empresa, toda una serie de mecanismos que
lo que fundamentalmente permitían es en el nivel empresarial y, en última instancia,
por voluntad del empresario derogar y empeorar las condiciones laborales y salariales establecidas
en los convenios de sector. Entonces, los problemas fundamentales son las consecuencias
que ello ha provocado. Por una parte, se ha abaratado el despido en el peor momento de
la crisis económica, es decir, el mensaje que el gobierno traslada a las empresas es
que lo que tienen que hacer para superar sus problemas, que es un problema de beneficios
en un contexto de crisis, es despedir gente y las cifras de paro están a la vista de
todo el mundo. No es que la reforma haya provocado el paro, pero ha sido como apagar
un incendio con gasolina, en el peor momento abaratar el despido ha abierto la puerta
a despidos masivos y, en segundo lugar, un violento retroceso salarial que está colocando
en una posición muy complicada a muchas personas.
Esta reforma, al igual que otras que se están produciendo, son imposiciones de la Unión
Europea, de la troika comunitaria y es el resultado de una situación en la que el gobierno
de España está atado de pies y manos para hacer cualquier política al servicio de las
clases populares en una situación de crisis. La existencia del euro, la pertenencia a la
Unión Europea, ata de pies y manos al gobierno, le impide hacer política y, por lo tanto,
lo obliga a lo que suele denominarse la devaluación interna, es decir, tradicionalmente, ante
la crisis lo que había hecho nuestro país y otros países como el nuestro eran devaluaciones
competitivas de la moneda. Eso ya no es posible por la existencia del euro y, entonces, lo
que se impulsa es un violento ajuste salarial que se proyecta sobre los tres pilares básicos
del salario obrero, es decir, por una parte el salario directo, que es la nómina, que
le paga el empresario a los trabajadores, aquí entraría la reforma laboral y esa devaluación
salarial la que me refería, en segundo lugar el salario indirecto, que son los recortes
en educación, que son los recortes en sanidad y, en tercer lugar, el salario diferido,
que son las pensiones, cuya reforma está precisamente ahora en marcha también en el sentido de recortar
drásticamente las prestaciones.
Sí, claro que hay alternativas, evidentemente las hay. El problema es que para que esas
alternativas sean viables es necesario disponer de los instrumentos de la política económica
que puedan hacer la realidad y eso hoy por hoy resulta muy complicado en el actual marco
económico y político en el que estamos. Primero por la existencia del euro que urta
a la soberanía popular, urta a la población la posibilidad de tomar decisiones sobre la
política monetaria, pero también por una reforma constitucional y una ley de estabilidad
presupuestaria que de alguna manera supone un corse para cualquier política fiscal al
servicio de las clases populares. Esto también fue impuesto por la Troika, por la Comisión
Europea, por el Banco Central Europeo y por el Fondo Monetario Internacional, por lo tanto
alternativas hay. El problema es que para poder ponerlas en práctica mi opinión es
que es necesario romper con el actual marco político y monetario que lo impide. La soberanía
igual que se delega se recupera en virtud de actos precisamente de soberanía que de
alguna manera vuelvan a poner en manos de la población del soberano del sujeto popular
pues todas esas herramientas que hemos ido delegando y que ahora nuestro país necesita
imperiosamente para salir de una crisis que nos está conduciendo a la misma.
No solo no vamos a salir de la crisis sino que están encaminando a nuestra economía
a un colapso completo. En ese sentido por ejemplo la reforma de las pensiones llega en
el peor momento posible porque viene a recortar todavía más el consumo y a diferir o retrasar
cualquier posibilidad de recuperación económica. No hay que olvidar una cosa y es que a lo
largo de estos años los pensionistas han sido uno de los pocos sectores que han mantenido
el consumo. Si se reducen sus prestaciones efectivamente eso se traducirá seguramente
en menos consumo y es muy probable que agrave la recesión. El problema es que la austeridad
es el precio que nuestro país está teniendo que pagar por un deterioro grave de sus condiciones
de empréstito en los mercados financieros internacionales y por las imposiciones de
la troika de esa Comisión Europea de ese Banco Central, de ese Fondo Monetario Internacional
que están obligando a los países del sur de Europa a aplicar políticas que van radicalmente
en contra de los intereses de sus poblaciones con un único objetivo que es garantizar el
pago de una deuda que es impagable según datos que manejan economistas de plena solvencia
pero que está siendo la trampa, está siendo la palanca utilizada para expropiar violentamente
los derechos y la riqueza acumulada durante generaciones por nuestro país. La reforma
del sistema de pensiones es un paso más en esta austeridad suicida que se está extendiendo
en nuestra economía y además es una inmensa traición a los intereses de la mayoría social
porque se está justificando con argumentos falsos. No es verdad en absoluto que la esperanza
de vida que es un hecho afortunado y un éxito colectivo para nuestro pueblo esté poniendo
en riesgo la viabilidad del sistema de pensiones. El equilibrio del sistema de pensiones depende
de una gama muy compleja de factores, la productividad es fundamental pero también el nivel de empleo
que está en caída libre entre otras cosas por la reforma laboral que ha baratado el
despido, el nivel salarial que está también en caída libre por esa misma reforma que
ha desarticulado la negociación colectiva, es decir depende de una gama muy compleja
de factores y no de la esperanza de vida. Lo que en realidad está poniendo en riesgo
el sistema de pensiones son las consecuencias de esas políticas que se están aplicando,
de esas políticas de austeridad impuestas desde el exterior en términos de mayores
desigualdades sociales y en términos en definitiva de especialización de un modelo
productivo que se ha venido produciendo hasta ahora.
Sin duda, yo soy bastante optimista porque empieza a verse en la sociedad cada vez más
organización y cada vez más conciencia y yo especialmente tengo una gran esperanza
en la juventud. La juventud está cada vez más consciente de la gravedad y de la profundidad
de la crisis y está cada vez más consciente de que solo puede elaborarse un futuro transformando
radicalmente este país.
El frente cívico es una iniciativa que impulsa hace algo más de un año un político que
se llama Julio Anguita y que lo que pretende es precisamente lo que acabo de expresar
que la sociedad se autoorganice y se constituya en poder social, intentar que dejemos de ser
una población apática, desmoravizada, desorganizada y vulnerable a todo tipo de agresiones desde
el punto de vista económico y desde el punto de vista social y que nos convirtamos en un
pueblo capaz de imponer medidas que favorezcan a sus intereses.
La cuestión como siempre es cómo hacerlo y lo que hemos propuesto desde el frente cívico
es lo que entendemos que es el único camino posible, que es hacerlo a través de un programa.
No nos importa la tradición de la que venimos cada uno, del socialismo, del anarquismo,
de los movimientos sociales, del comunismo, si empezamos a discutir de todo eso el frente
cívico dura dos minutos, no nos importa en absoluto de dónde viene cada uno, lo que
importa es a dónde quiere ir y la única manera por lo tanto de hacerlo es a través
de un programa que esté al servicio de los intereses de la inmensa mayoría social y que
constituya una hoja de ruta para salir de la crisis, un salario mínimo interprofesional
de mil euros, una pensión mínima de mil euros, la nacionalización de sectores estratégicos
de la economía, la existencia de una banca pública, es decir, medidas que ataquen a
las verdaderas causas de la crisis y que ofrezcan un horizonte de esperanza para la población
trabajadora del país.
Es verdad que la sociedad es muy individualista y es verdad que además la sociedad está
profundamente precarizada desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista social
y vital.
Simón Bauman decía que la precariedad social y laboral por encima de cualquier otra cosa
es un poderosísimo instrumento de control social.
En el sentido de que las personas para poder imaginar un horizonte de liberación necesitan
poder pensar en el largo plazo, necesitan tener un horizonte de largo plazo y una sociedad
precarizada solo piensa en el presente y en el corto plazo.
Esta es una parte de la verdad, pero también es cierto que esa precariedad social y laboral,
las personas a las que están echando de sus casas, las personas que están perdiendo su
empleo, esta situación empieza a componer una grave crisis de legitimidad, una crisis
orgánica que pone en cuestión los cimientos del consenso de la transición y por lo tanto
yo creo que abre también una expectativa de cambio social y político importante en
el país.
La sociedad y no solo en nuestro país, sino en general se enfrenta a una disyuntiva inaplazable
que es el agotamiento de los recursos energéticos y una crisis ecológica que podría provocar
un colapso civilizatorio por lo tanto la sociedad se enfrenta a la necesidad de pensar otra
manera de vivir y producir.
Para mí el concepto clave son las necesidades humanas, es imprescindible empezar a transitar
hacia una economía que ponga en el centro las necesidades básicas de los seres humanos
y que enfoque todos sus instrumentos a la satisfacción de esas necesidades.
Esto es un planteamiento de carácter general, además de eso no podemos perder de vista
la gravísima situación de crisis que atraviesa el país y la necesidad de un programa de
emergencia que evite que nuestra sociedad se despeñe por una pendiente en la que existen
riesgos políticos de todo signo.
Y desde este punto de vista necesitamos efectivamente medidas de choque, medidas de emergencia que
pongan en marcha la economía y que le den una salida a la inmensa mayoría de la población
trabajadora de este país.
Esto es fundamental, por ejemplo, en el tema de las pensiones es fundamental romper la
interpretación sesgada que se ha venido haciendo de los pactos de Toledo.
Desde los pactos de Toledo se ha venido interpretando que las pensiones solo deben financiarse
con cotizaciones sociales.
Pues bien, si esto se lleva al extremo efectivamente en una situación en la que los cotizantes
están cayendo como consecuencia del aumento del paro y en el que las cotizaciones están
cayendo como consecuencia de la devaluación salarial, al final se pone en riesgo la viabilidad
del sistema.
¿Cuál es la alternativa?
La alternativa lógica y razonable que además es lo que se había venido haciendo hasta
los pactos de Toledo es financiar las pensiones con cargo a los recursos de los presupuestos
generales del Estado, que además podrían incrementarse por la vía de una reforma fiscal
que ampliar a la base imponible e integrara en la misma a los sectores más ricos y poderosos
de la sociedad que actualmente no lo están, o que podría ampliarse por la vía de la
persecución del fraude fiscal.
Por decirlo llanamente, nuestros pensionistas tienen derecho a que sus pensiones se vean
garantizadas por todo el margen de maniobra macroeconómico de la política fiscal y de
los presupuestos generales del Estado, porque es un derecho constitucional y es un derecho
reconocido en la declaración universal de los derechos humanos.
