En el Salvador desde el año 98 entró en vigencia una legislación penal que penaliza de forma
absoluta el aborto. No hay ninguna excepción que sea no punible. Es decir, que si una mujer
es violada y resulta embarazada producto de esa violación, siempre está obligada a concluir el
embarazo. También cuando su vida peligra, aún cuando esté en riesgo subida por una
cardiopatía o por padecer un cáncer o una insuficiencia renal, cualquier tipo de enfermedad
tiene que concluir el embarazo a una costa de su vida. Y lo mismo cuando se ha identificado que
hay una malformación congénita del feto, incluso cuando es incompatible con la vida como los
anencefálicos que no tienen cerebro, esta mujer está obligada a concluir el embarazo. Esto tiene
graves consecuencias para la salud y para la vida de las mujeres y también para la familia de las
salvadoreñas. Uno de los problemas más graves es que han desaparecido las estadísticas sobre
aborto en salud pública. No se sabe cuál es la dimensión del aborto inseguro. Tenemos estimaciones
que hemos calculado en base a las proyecciones de la OMS, que es la Organización Mundial de la
Salud, que de acuerdo a la población femenina en edad reproductiva, se podría estimar que se
están realizando más de 40.000 abortos inseguros en el año. Pero de eso nada se sabe.
Como decía el director del Hospital de Materlidad hace unos meses en una conferencia, antes que
cuando las mujeres llegaban a los hospitales y habían tenido un problema de aborto, lo decían,
pero ahora tienen miedo, no dicen y la mayoría no acuden a los hospitales. Otro problema y otra
consecuencia que tiene esta legislación es la criminalización de las mujeres. Muchas mujeres,
sobre todo aquellas que viven en situación de pobreza, que son jóvenes con bajo nivel de
escolaridad, que no tienen mucha información, cuando tienen un problema obstétrico, no
necesariamente relacionado con aborto provocado, sino, por ejemplo, un aborto espontáneo o un
embarazo o un parto precipitado, muchas de ellas acuden a los hospitales públicos y dependen del
personal de salud que esté en ese establecimiento, si las examina y considera, pero sin suficiente
información e investigación, pero considera que esta mujer se puede haber provocado un aborto
inmediatamente la denuncian y son detenidas allí, en las clínicas, en la sala de emergencia de los
hospitales. Luego, vi en un proceso de investigación y son varios casos, numerosos casos, donde las
mujeres pasan a ser procesadas judicialmente y en ese proceso judicial, el sistema de justicia
cambia la tipificación del delito, pasando de aborto, que tiene hasta ocho años de pena de
cárcel, a homicidio agravado, es decir, homicidio agravado por relación de parentesco, por haber
asesinado al hijo o a la hija. Entonces, este delito en El Salvador tiene de 30 a 50 años de cárcel,
hay varias mujeres que han sido condenadas hasta 30 y hasta 40 años de cárcel sin que se hayan
provocado un aborto. Este es el caso de Manuela. Manuela era una mujer que vivía en una zona
rural que tenía dos hijos pequeños y que tenía un embarazo y un problema de salud por el que
acudió a las clínicas cercanas a la población donde vivía en el norte de Morazán. Sólo le dieron
unos, algunos medicamentos que eran para el dolor de cabeza, pero no le diagnosticaron el problema
que tenía. En un embarazo que estaba, bueno, tuvo problemas hostétricos como ya narrado. En una
vivienda rural su parto fue precipitado en una fosa séptica y ella entró en estado de hecho,
debido a la hemorragia, la trasladaron al hospital público a varias horas de camino del
caserío donde vivía y ahí una médica dijo que como esta mujer no había consultado por embarazo,
seguramente estaba escondiendo el embarazo y que se había provocado un aborto. Después dijo que era
un hijo producto de la infidelidad y antes de salir del hospital hacia la cárcel ya le habían
cambiado la tipificación de delito de aborto a homicidio agravado. En menos de seis meses la
condenaron a 30 años de cárcel. Cuando estaba ya condenada en la cárcel le detectaron que lo que
tenía en realidad era un cáncer linfático y esa fue la causa de su parto precipitado. Sin embargo,
a pesar de esa información no rectificaron la sentencia y tampoco le aplicaron de manera
adecuada los tratamientos y murió antes de cumplir dos años en la cárcel.
La agrupación ciudadana por la despenalización del aborto terapéutico ético y eugenésico,
que es un espacio ciudadano interdisciplinario que yo presido, hemos presentado, hemos reconstruido
la historia de Manuela, hemos trabajado con su familia y hemos presentado una demanda al estado
del Salvador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque consideramos que
a Manuela se le violaron muchos derechos, su derecho a la salud, su derecho también al
debido proceso porque tuvo una pésima defensa, el derecho a la vida, también a la integridad
personal, a la libertad, a estar libre de tratos crueles porque fue esposada en la camilla del
hospital, en la sala de emergencia, a su derecho a no tener, a no sufrir tratos inhumanos y de
grabantes, su derecho a la igualdad y a no ser discriminada, a no ser violentada sobre la base
de estereotipos y prejuicios de género y su derecho a que el personal médico le respetara el secreto
profesional. Por todo esto hemos demandado al estado salvadoreño, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos ha admitido la demanda y estamos esperando que pase a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y haya una resolución a favor de los hijos de Manuela que quedaron con el estereotipo de
tener una madre asesina a favor de su madre y de su padre también que están reconstruyendo ahora
con ayuda de la agrupación la imagen de su hija ante la comunidad y ante su pueblo y también a
favor de las mujeres salvadoreñas porque hemos presentado una serie de medidas para que estos
hechos no se sigan repitiendo en El Salvador. Esta es una de las acciones que hemos impulsado y
próximamente vamos a presentar ya al gobierno y a la Asamblea Legislativa de El Salvador una
solicitud de indulto colectivo para alrededor de 18 mujeres que en este momento están en la cárcel
condenadas a 30, 35 y 40 años de cárcel. Creemos que es importante la solidaridad con estas
salvadoreñas que son víctimas de la penalización absoluta del aborto pero que además es un
ejemplo de la intolerancia a la que pueden llegar nuestros estados cuando se ponen a revisar las
leyes sobre aborto sin tener en cuenta las consecuencias que tiene para las mujeres de sus países.
