Con la aprobación de los fondos destinados a la iniciativa de la medida durante la administración
del presidente Bush en Estados Unidos se otorgó a nuestro país un paquete de ayuda en materia
de seguridad con un total contemplado en 1.4 mil millones de dólares.
De esta manera, como ya decía Stefanie, México pasó a ser el segundo país en el hemisferio
que recibe más fondos militares y policiales de Estados Unidos después de Colombia.
Sin embargo, la colaboración en materia de seguridad va más allá de esta iniciativa
que ha logrado notoriedad. México recibe millones de dólares cada
año en fondos del Departamento de Defensa estadounidense en un proceso que no cuenta
con un mismo nivel de controles como los establecidos por parte del Congreso para supervisar el
empleo de los fondos aprobados por la iniciativa de la medida.
Y aquí también hay que retomar las recientes declaraciones hechas durante las recientes
visitas de funcionarios de alto nivel de la administración del presidente Obama. Ellos
reconocen la responsabilidad en el combate narcotráfico y reconocen que este asunto
también compete al gobierno de Estados Unidos. La Secretaría de Estado, Hillary Clinton,
ha expresado que corresponde a ese país hacer esfuerzos a nivel interno para bajar la alta
demanda de drogas. También lo reconoce Jeanette Napolitano, la Secretaría de Seguridad Interna,
reconoce que la solución al problema de la violencia en la frontera en México y Estados
Unidos no es la militarización de la propia frontera, sino el fortalecimiento de las instituciones
civiles. Y esto me parece que es un punto importante
que por la tarde vamos a ondar un poco más sobre una propuesta de armar una base del
acto para abusos militares, para violaciones de derechos humanos cometidas por militares
en este marco de la iniciativa de la medida. Sin embargo, las giras noticiares de funcionarios
de la administración del presidente Obama, México, habido pasado, también fueron acompañadas
por la promesa por parte de la administración de solicitar decenas de millones de dólares
al Congreso estadounidense para la compra de helicópteros, los famosos helicópteros
Black Hawk destinados a las fuerzas de seguridad mexicana. Estos aportes serían adicionales
a los que se plantean el iniciativa meta. Actualmente el Congreso de Estados Unidos
está discutiendo el monto que aprobará para ayuda en materia de seguridad en México durante
este año. El monto, entonces, puede variar de 66 a 470 millones de dólares. Esto sería
adicional a los 700 millones ya aprobados en el set de la medida, como lo estableció
hace un momento mi colega, Stephanie Brown. Se agregaría este total, la cantidad que será
aprobada para el tercer año de la iniciativa media. Todo lo con estos datos, con este contexto,
cuál sería el impacto o cuáles son nuestras preocupaciones como una organización de
FEDS y promoción de derechos humanos en la ayuda militar que se pueda dar a México.
Pues en primer lugar, estos ayudas, estos movimientos anteriores que acabamos de escuchar, se dan
en un contexto de crecientes violaciones a los derechos humanos, perpetradas por militares
en agravio de civiles. Esto habrá que tomarlo en cuenta porque se dan también en el marco
de los operativos de seguridad realizados en diversos estados del país para enfrentar
a la delincuencia organizada, principalmente focalizados en la producción y el tráfico
de drogas. Hay un punto importante, en el presente sexenio ha aumentado de manera acelerada
el número de quejas recibidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la aceleración.
Se hace estuplicar un dato importante. En el 2006 se tenían 182 quejas y en el 2008
230. Esto es un anuelo impresionante. Recientemente el Centro Pro acaba de editar un informe
de abusos militares en donde da cuenta también de que durante 2007 y 2008 fueron cometidos
220 casos de abusos por parte de militares, principalmente en algunas regiones específicas
del país. Nuestras fuertes son los medios de impresos y los principales lugares donde
se han cometido estas violaciones son los estados de guerrero, Tamaulipas, Chihuahua,
Michoacán y Sinaloa en el marco de las operaciones realizadas para combatir la delincuencia
organizada, es decir, para en el marco de que el ejército está realizando tareas que
le corresponden a las instancias civiles. Entonces en todo este marco se dan esos apoyos y eso
es importante resaltar. A consecuencia de estos abusos creo que se generan otro tipo
de debates en los cuales habrá que tener en cuenta también el tipo de violaciones que
se generan. Estas van desde adopción de viviendas y cateos, sin órdenes de aprensión, agresiones
físicas, tortura, detenciones arbitrarias, ataques con armas de fuego, amenazas, abusos
sexuales, diversas personas han resultado heridas, incluso 17 personas han perdido la vida,
por ejemplo, que el año pasado. Las violaciones a los derechos humanos cometidas por civiles,
por militares, no son un episodio reciente también en la historia de México, en muchos
casos que dan cuenta de que el ejército ha cometido, no solamente en México, sino en
América Latina, graves violaciones a los derechos humanos. Y hay casos muy concretos
que dan cuenta de esto, casos que ya incluso están siendo litigados en el escenario internacional,
como los casos de alicea de los ríos, como el caso de los endoladillas, pero no solamente
en los años 70, sino casos más recientes, como el caso de Rodolfo Contiel y Rodelo
Cabrera, los ecologistas, casos que acompañamos aquí en el Centro Pro, y actualmente ya está
el caso ante la Comisión Interamericana de Indígenas Técas de Guerrero, Francisca Santos
y Victoriana Vázquez, de las indígenas Trapanecas, Valentina José Rojantú o Inés Fernández,
o el caso de las hermanas centrales Ana Beatriz y Celia González Pérez, entre otros muchos
casos muy dolorosos. Sin embargo, la paulatina Ingerencia Militar en Asuntos de Seguridad
ha propiciado que los miembros del ejército estén involucrados crecientemente en situaciones
violatorias de derechos humanos, como uno lo muestra, digamos, las cifras que da la
propia Comisión Nacional de Derechos Humanos o el informe reciente del Centro Pro y de
otras organizaciones que han visibilizado y han documentado casos de abusos militares
en el grave de civiles. Sin embargo, aquí conforme avanza la participación de militares
en tareas del orden civil, como la seguridad pública, se mantiene inalterado o incluso
se refuerza uno de los mecanismos que permite que estos casos sean mantenidos en la impunidad.
La extensión de la jurisdicción militar sobre los delitos que constituyen graves violaciones
a derechos humanos y que no guardan relación con la disciplina militares. Esto me parece
que es un caso de fondo que ya en un primer momento se tocó muy brevemente. Esto ha
sido permitido por la actitud pasiva de las instancias civiles de procuración y administración
de justicia, pero también por la reciente interpretación del Poder Judicial de la
Federación. Los casos en que fueron militares servidos para mantener en la impunidad graves
violaciones a los derechos humanos son numerosos. Todo muestra que la justicia militar carece
de independencia e imparcialidad y que no es un mecanismo eficiente para investigar hechos
y mucho menos para procesar a responsables. Entonces, esto es uno de los puntos que está
detrás de todo este debate en torno a la iniciativa medida y es un punto en el cual
a nosotros ponemos particular atención como centro pro. Ejemplo de ello es la muerte de
cuatro personas contra quienes el ejército abrió fuego la noche del miércoles 26 de
marzo de 2008 en las inmediaciones de la comunidad de Santiago de los Caballeros en Sinaloa.
Esto es un caso que hemos documentado a quienes centro pro en los mismos hechos dos personas
resultaron en vidas y fueron detenidas arbitrariamente. Las víctimas no iban armadas ni estaban realizando
conductas ilícitas. Entonces, se puede afirmar a todas luces que se trató de una privación
arbitraria de la vida perpetrada por elementos castraeces contra un grupo de civiles. El 29
de abril de ese mismo año la autoridad civil había declinado la competencia para conocer
los hechos en favor de la justicia militar y en este fuego se comenzó a integrar una
derivación previa. El 11 de abril de 2008 se informó que el juez militar de la tercera
región había dictado auto deformar prisión a sus elementos como probables responsables
en la comisión del delito de violencia contra las personas causando homicidio, violencia
contra las personas causando lesiones, homicidio y prevencial y lesiones intubenciales. Los
a causa de estos hechos y con nuestra representación los familiares de las víctimas acudieron
ante la justicia federal para presentar una demanda de amparo en contra de la aplicación
de la competencia por las autoridades civiles y la función de los mismos por los militares.
En su demanda alegraron que la norma en que esos actos se fundamentaron es inconstitucional.
Entonces se presentan los amparos y tres de los juicios de amparo fueron abiertos, uno
de ellos se les echó con honor a este improcedente, los otros dos a juicio por supuesto del Poder
Judicial, los otros dos aunque se admitieron al trámite se sobreseguieron. Frente de esa
decisión se interpuso el recurso de revisión y se solicitó también la colaboración
del fundal para que este caso fuera atraído ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación
para ser resuelto. Entonces la Corte Mexicana recientemente acaba de resolver el ejercer
la Facultad Original y para el caso de este y analizarlo y su decisión sobre la discusión
respecto a la constitucionalidad del foro militar está por discutirla en estos próximos
meses. Entonces está este caso que es un caso paradigmático, es un caso relevante que
está ante la Suprema Corte y que tiene la posibilidad de repetir la impunidad en favor
de que las víctimas tengan acceso a un tribunal imparcial, independiente y cumpliendo pues
el derecho que tienen las víctimas a protección judicial y acceso a la justicia, consagrar
el artículo octavo y veinticinco de la convención americana. La muerte de estas cuatro personas
y los numerosos casos en que han estado colocados militares y que permanecen en la impunidad
son una base sólida para firmar que el foro militar no es garantía de independencia e
imparcialidad ni mucho menos de eficiencia en las investigaciones que se dan. Y es
cierto pues también hay que mencionar que hay una larga historia en México de agravios
de ejército hacia la población civil pero también ya en distintos países de la región
como Colombia, como Argentina, como Bolivia ya han abolido este foro de guerra para resolver
casos que van en donde las víctimas no tienen acceso a la justicia. Habrá que recordar
también que la comisión, que el sistema interamericano se ha pronunciado con mucha
firmeza en este sentido. Ha apelado a que sean las autoridades civiles las que resuelvan
este tipo de casos ¿verdad? El caso de las parmeras, el caso de Monacid, el reciente
Comunicado te acaba de tener la Comisión Interamericana en sus recientes periodistas
en donde señala nuevamente a propósito de una audiencia temática que se estuvimos
en diversas organizaciones, la Comisión Interamericana señala con la preocupación
de que estos casos, de que se siguen buscando casos en la esfera militar cuando están civiles
involucrados porque no tienen que ver con la disciplina militar y aquí creo que en general
yo no puedo hacer algunas distinciones de lo que significan las faltas a la disciplina
militar y estos casos que tienen que ver con acceso a la justicia de personas civiles que
han sufrido agrarios en su dignidad por parte de militares. Entonces, en esta coyuntura
la ayuda militar comprendida dentro de la iniciativa medida, así como los fondos provenientes
del Departamento de Defensa estadounidenses, envían un mensaje político que da su aval
a la estrategia de militarización de la seguridad pública sin tener suficientemente en cuenta
las violaciones de derechos humanos que se han cometido y esto parece un punto importante.
Los fondos, obviamente, proporcionan apoyo material a las Fuerzas Armadas, tal vez el
caso de los 116.5 millones de dólares asignados a las Fuerzas Armadas en el primer año de
la iniciativa medida para la compra de helicópteros, aeronaves y equipos. A la fecha, el gobierno
estadounidense no ha liberado el porcentaje de los fondos de la iniciativa medida que está
condicionado al cumplimiento de cuatro elementos de derechos humanos presentes en esta iniciativa
que ya los mencionaba Stephanie, pero lo repasamos la bien, que tiene que ver con esto precisamente
con el Fuerzo Militar, la impunidad, la tortura y la transparencia de las corporaciones policiales.
Son unos cuatro puntos como las condiciones. Sin embargo, debido a que el diseño de la
iniciativa, sin mencionar los fondos provenientes del Departamento de Defensa, enfatiza la ayuda
del Fuerzo Militar y la compra de equipos y vehículos para las Fuerzas de Seguridad, el
gobierno de Estados Unidos da la impresión de que avala a la administración calderonista
en cuanto a su apoyo a este combate frontal, a la narcoviolencia, pero también apoyar al
Ejército en Tariad de Seguridad Publica. Es un punto que me parece que puede ser discutible.
Pero está fuera del lugar, yo quisiera aclarar también que está fuera del lugar a firmar
que los fondos de Estados Unidos son la causa, ahora, raíz de la militarización pública
durante ese diseño de Felipe Calderón. Eso está fuera del lugar. No tiene nada que ver,
sino que se trata de una política de la administración calderonista que tiene también antecedentes
en otros diseños que han optado por la estrategia de militarizar los espacios que le corresponden
a esferas civiles. Sin embargo, sí nos preocupa que da un apoyo al gobierno de Calderón para
que continúe con estas acciones emprendidas y que uno de los rasgos fuertes es la militarización
de la seguridad pública. Ni en la parte de la cooperación financiera, ni en los discursos
políticos de cooperación bilateral, se mencionan tampoco, como ya lo afirmaron por aquí, las
causas del fondo de la delincuencia, como la desigualdad socioeconómica, que es un aspecto
importante, pues la falta de acceso a oportunidades dignas de trabajo y de educación, la persistencia
de la corrupción y la impunidad. Esta parte está ausente dentro de estas negociaciones
militares, cuando debería ser un punto importante dentro de la agenda, es decir, considerar también
las causas y no nada más el apoyo a militarizar la seguridad pública. La actual estrategia
centrada en el impacto mediático de las acciones privilege el papel de las fuerzas de seguridad
y el combate frontal contra un enemigo cuyos límites son imprecisos, lo que tiene un efecto
nocivo sobre los derechos humanos, y desvían la atención de los temas del fondo que requieren
urgentemente acciones serias y comprometidas, ya lo que vamos a mencionar. Atender las causiones
del fondo, entonces es imprescindible, tanto desde una perspectiva de derechos humanos como
desde una perspectiva de una seguridad pública efectiva, o desde una seguridad humana, como
estamos pues planteando aquí en el centro, todo un tiempo nutriendo el discurso, pero
ocupa también cómo ha acontecido las negociaciones sobre los pueblos comerciales que los actuales
programas bilaterales de cooperación en materia de seguridad se den sin la participación
del poder legislativo mexicano, y ya ni hablar de la ausencia de la participación ciudadana,
este es un punto que también pues es tema de debate y que por eso estamos convocando
este fórum, como ciudadanos, como ciudadanos, como somos capaces de incidir en estas agendas
también para considerar los temas del fondo que están detrás de este discurso que muchas
veces ha sido magnificado o sobredimensionado por muchos actores, o incluso capitalizado
políticamente. Se trata de programas que afectan a amplios
sectores de la población, sin embargo, contra lo que debe esperarse en una sociedad democrática
se refuerza la tendencia a tomar decisiones desde el poder ejecutivo o mediante acuerdos
políticos directos entre el gobierno de Estados Unidos y el ejecutivo mexicano, y aquí se
pasa por alto también el papel que tienen que jugar los legisladores en este tema, sobre
todo lo relativo a establecer controles efectivos también y monitoreos efectivos para que
estos fondos sean destinados a atacar las causas de fondo que estamos señalando.
Ejemplo de ello es la falta de información y por lo tanto descierre los mecanismos de
participación por la que a los mexicanos y mexicanos se les ha osaculizado el acceso
a la información gubernamental sobre las negociaciones y el diseño de la iniciativa
de la medida, y aquí ha sido la respuesta a las diversas solicitudes que a la ley de
la ley federal de Transparencia y Acesor de Información realizó el Centro Pro, cuando
solicitamos la información a diversas dependencias gubernamentales, en aquel tiempo se llamó
CICI y ahora InfoMex a finales de 2007 y principios de 2008 nos informaron que la información
no existía o que quedaba bajo reserva por un periodo de 12 años por razones de seguridad
persona.
Entonces aquí pues está el problema de acceso a la información a ésta de los sesiones.
Por lo cual lo hicimos de acuerdo a las instancias y fundamentados en una ley que establece que
los ciudadanos tenemos este derecho a estar bien informados.
Entonces por lo visto estamos ante un proceso de cuál está ausente una perspectiva de
derechos humanos desde esta lógica, aún cuando el discurso gubernamental se afirma
que no hay contradicción entre los derechos y la estrategia de seguridad, los procesos
de negociación y el diseño de los efectos de la estrategia en cuanto tienen que ver
con los abusos cometidos por las fuerzas policiales y militares, desmienten lo firmado.
En realidad se parte de una concepción de seguridad que para ser efectiva aunque tampoco
lo es para todas las personas no duda el vulnerar derechos humanos y aquí lo que nos preocupan
es que los que sufren estas violaciones de derechos humanos son precisamente los sectores
excluidos o que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
Pues hasta aquí mi intervención, dejo la palabra a mis colegas, muchas gracias.
