Ana es una mujer de 81 años en cuidados paliativos domiciliarios por un cáncer de ovario en estadio terminal. Los médicos inician sedación paliativa en su domicilio un viernes a las 11 horas, falleciendo el domingo a las 13 horas acompañada de su hija y su yerno. Un médico de emergencias se traslada al domicilio y verifica el deceso de Ana. El médico, tras confirmar el fallecimiento, explorar el cadáver y revisar la historia clínica, se niega a cumplimentar el CMD. Alega que no ha presenciado la muerte y que no conocía previamente a Ana. En su lugar, rellena el parte de defunción (PD). A partir de ese momento, el caso se gestiona como una muerte judicial: se desplaza un dispositivo policial, se realiza el levantamiento y el examen del cadáver por el médico forense y, después, los servicios funerarios lo trasladarán para realizar la autopsia judicial al día siguiente. Desde la llegada de la policía, los familiares permanecen separados de Ana y no podrán velarla hasta la finalización de la autopsia. Tras ello, deberán comparecer en el juzgado para reclamar el cadáver.