<text year="2000" periodo="2004" partido="PP">
VII Legislatura
Discurso de investidura de José María Aznar López
Congreso de los Diputados, martes 25 de abril de 2000
Señora presidenta, señoras y señores diputados,
Comparezco hoy ante la Cámara con objeto de solicitar su conﬁanza para formar Gobierno,
conforme a lo dispuesto en el artículo 99 de la Constitución.
El pasado 12 de marzo los españoles han tenido de nuevo en sus manos todo el poder para decidir.
Votaron en libertad después de conocer los programas con los que las diferentes candidaturas
concurrieron a las urnas. Nada hay de extraordinario en ello en una democracia consolidada como
la nuestra, pero no creo que esté de más ponerlo de relieve. La historia contemporánea de nuestro
país no ha sido, por desgracia, ni fácil ni pacíﬁca. Sin embargo, a la altura del cambio de siglo,
España tiene un régimen de libertades políticas arraigado y ﬁrme. Es a este régimen democrático,
el de la Constitución de 1978, al que debemos nuestra libertad, nuestra libertad, nuestra
prosperidad y nuestra convivencia. Y ése es un mérito de todos los españoles.
Toda elección es una victoria de la democracia y esta vez lo ha sido muy especialmente en el País
Vasco. Quienes durante tanto tiempo han despreciado los derechos y las libertades individuales
en esta ocasión han querido silenciar la voz de los ciudadanos. Han fracasado. En el País Vasco los
ciudadanos han acudido a votar como en cualquier otro lugar de España. Ha sido un
comportamiento profundamente cívico y democrático que merece el reconocimiento de todos.
Hace veintidós años decidimos construir juntos el futuro. La Constitución articuló jurídicamente
un modelo de Estado democrático en el que todos cupiéramos, en el que todos pudiéramos
desarrollar proyectos políticos diferentes, sin poner por ello en cuestión los fundamentos de
nuestra convivencia.
La Constitución es el mejor marco para ordenar en paz y en libertad la convivencia de los
españoles. La idea de España que queremos seguir compartiendo con las demás fuerzas políticas
es, precisamente, la que expresa la Constitución.
Pocas veces una sociedad ha tenido la ocasión de ver en tan poco tiempo los frutos de un acierto
colectivo. En poco más de una generación el panorama de nuestro país ha cambiado
sustancialmente. Los españoles hemos podido desplegar nuestras energías para impulsar el
progreso de nuestra sociedad.
Sin embargo, el terrorismo ha pretendido quebrar las bases de nuestra convivencia y de la
concordia alcanzada con tanto esfuerzo. Con sus acciones criminales ha causado un grave daño a
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la sociedad española en su conjunto y, muy en particular, un enorme sufrimiento a las víctimas
inmediatas de sus atentados. A todas las víctimas quiero rendir tributo de honor, como lo hizo el
pueblo español en la pasada legislatura mediante la Ley aprobada por unanimidad de ambas
Cámaras.
La sociedad ha adquirido en estos años una nueva conciencia de la importancia del protagonismo
cívico y de la movilización social frente a la violencia terrorista. Esta cohesión, enraizada en el
marco constitucional y estatutario, sitúa la defensa del Estado de Derecho en el centro de nuestra
acción política.
La inmensa mayoría de los ciudadanos vascos ha encontrado en su Estatuto un sólido punto de
encuentro para la convivencia en paz y en libertad. Al margen de la ley constitucional, de sus
instituciones y de sus principios, nadie podría sentirse seguro de que sus derechos serán
respetados.
Es inaceptable que el marco jurídico y político que arroja tal balance de adhesión esté siendo
objeto de una estrategia de ruptura que pretende desbordar espacios de acuerdo tan
laboriosamente construidos. Quienes se declaran demócratas han de ser coherentes con sus
principios, abandonando cualquier estrategia que conﬁrme a los terroristas en la idea de que el
uso de la violencia o la mera amenaza son instrumentos útiles para alcanzar sus objetivos
políticos.
La fortaleza y la tenacidad, asentadas en el consenso de Estado, deben presidir la lucha infatigable
contra la violencia etarra. La ﬁrme aplicación de todos los medios que nos brinda nuestro Estado
de Derecho y el desarrollo de la cooperación internacional nos permiten combatir el terrorismo
con renovada eﬁcacia, que se ha de extender a la persecución de quienes lo sostienen y le dan
cobertura.
Este enfoque deﬁnirá la acción del Gobierno, tanto en su responsabilidad al frente de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, como en las iniciativas que en todos los ámbitos le corresponda
promover.
Quiero ser muy claro: nuestro único enemigo es el terrorismo y su desafío permanente a los
derechos fundamentales y a las libertades individuales. Y con la misma claridad quiero reaﬁrmar
el compromiso del Gobierno con los valores y los principios en que se fundamenta la vertebración
constitucional de España como Nación plural.
Señora presidenta,
La nueva etapa que comenzamos requiere seguir mirando al futuro. España se encuentra hoy ante
una gran oportunidad. Hemos contribuido a ello desde distintas orientaciones políticas. En un
marco de libertades y de pluralismo, los ciudadanos se han esforzado para hacer posible su
bienestar personal y el de sus familias. Y, con ello, han hecho posible el progreso del conjunto de la
sociedad.
Vivimos un momento de gran creatividad que enriquece el legado cultural del que somos
herederos. Impulsamos iniciativas que hacen que la Unión Europea avance. Contribuimos al
fortalecimiento de una comunidad iberoamericana cuya voz se hace oír cada vez más en el mundo.
Participamos en la creación de un área de paz y prosperidad en el Mediterráneo.
La pujante realidad de la sociedad española, nuestra historia reciente y la existencia de un mundo
más abierto que nunca hacen que podamos y debamos plantearnos unos objetivos ambiciosos
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para esta legislatura. Son los que propuse a los ciudadanos durante la campaña electoral y la base
del programa de Gobierno para el que solicito la aprobación de esta Cámara:
Es el momento de trabajar para acercarnos al pleno empleo.
Es el momento de invertir en educación, innovación, comunicaciones, cultura y medio
ambiente para construir el futuro.
Es el momento de promover el bienestar de los españoles y la igualdad de oportunidades
en una sociedad más solidaria.
Es el momento de conseguir una Administración moderna, adaptada a un Estado de las
Autonomías dotado de un modelo de ﬁnanciación renovado.
Es el momento de fortalecer la proyección internacional de España para ser más
protagonistas en un mundo abierto.
Señorías,
Quiero alcanzar estos objetivos con un proyecto político de centro reformista, que pretendo
impulsar mediante el diálogo.
El pasado 12 de marzo los españoles eligieron mayoritariamente una opción política de centro. Se
trata de un proyecto que persigue expandir las libertades en todos los ámbitos; que deﬁende la
iniciativa individual y el protagonismo de la sociedad; que trabaja por una sociedad integrada y
solidaria; que es consciente de que no hay mejor política social que aquella que alienta la creación
de empleo.
El diálogo seguirá siendo pauta de comportamiento del Gobierno. Las reformas basadas en
acuerdos son más sólidas y duraderas. Ofrecemos un diálogo abierto a los Grupos Parlamentarios
y a los interlocutores sociales. Queremos impulsar un espíritu de colaboración entre los partidos
políticos, entre los Poderes del Estado, entre el Gobierno de la Nación y las Comunidades
Autónomas y las Corporaciones Locales.
Como saben, el Partido Popular y Coalición Canaria han suscrito un Pacto de Legislatura cuyos
contenidos, públicamente conocidos, se plasmarán en las correspondientes iniciativas legislativas
y acciones de Gobierno.
Asimismo, el Partido Popular y Convergència i Unió hemos comprobado la existencia de objetivos
comunes en nuestros respectivos programas. Considero que el compromiso de Convergència i
Unió con la modernización de nuestra sociedad constituye una aportación valiosa para alcanzar
las metas que nos proponemos. Es posible y deseable alcanzar acuerdos sólidos y duraderos,
basados en el respeto mutuo a nuestras ideas propias y al marco constitucional. Espero del Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió una renovada colaboración sobre la base de la mantenida
en los últimos años, con el propósito común de contribuir al progreso de España.
Señora presidenta,
Quiero comenzar la exposición del programa de reformas que promoverá el Gobierno, si la
Cámara me otorga su conﬁanza, abordando las mejoras institucionales que sirvan para que
nuestra democracia funcione de una manera más eﬁcaz.
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Queremos llegar a acuerdos satisfactorios en torno a tres cuestiones para las que un amplio
consenso en el Legislativo resulta imprescindible:
La regulación electoral; en particular, las normas de ámbito local, buscando fórmulas que
permitan mejorar la gobernabilidad, la estabilidad política y la participación de los
ciudadanos.
La ﬁnanciación de los partidos políticos, con la ﬁnalidad de asegurar su máxima
transparencia y de limitar los gastos electorales.
La revisión del sistema público audiovisual, porque en un entorno abierto por las nuevas
tecnologías es imprescindible la nueva regulación de las televisiones y radios de
titularidad estatal, autonómica y municipal.
El Parlamento debe continuar siendo el centro de la vida política nacional. Con la ﬁnalidad de
agilizar la labor parlamentaria, tanto en su función legislativa como en la de control político,
debemos culminar la reforma de sus Reglamentos. Queremos, asimismo, proponer la regulación
de la comparecencia previa de los candidatos a aquellos puestos de las instituciones del Estado
reservados a la propuesta, aceptación o nombramiento de las Cámaras.
Desde ahora asumo, en nombre del Gobierno, el compromiso de facilitar en todo lo posible el
sometimiento de su acción política a los mecanismos de control parlamentario, tal y como hemos
venido haciendo en la pasada legislatura. Mi convicción es que un riguroso control parlamentario
es consustancial con el buen funcionamiento de una democracia.
El debate en torno al Senado no debe permanecer abierto de manera indeﬁnida. Por ello,
colaboraremos para encontrar en esta legislatura las soluciones que contribuyan a mejorar su
eﬁcacia en el ejercicio de las funciones que, como Cámara parlamentaria y de representación
territorial, le otorga la Constitución. También en este punto quiero hacer expresa nuestra posición
sobre la plena validez del texto constitucional.
Señorías,
Quiero abordar ahora una cuestión capital para fortalecer el Estado de Derecho. Me reﬁero a la
Justicia, proclamada en la Constitución como un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico.
Existe una notoria insatisfacción en la sociedad española respecto al funcionamiento de la
Administración de Justicia. Hemos llevado a cabo un importante esfuerzo en estos cuatro años;
pero lograr que la Administración de Justicia preste un servicio público de calidad, moderno y
eﬁcaz nos obliga a continuar un decidido programa de inversiones y de reformas.
El Gobierno traerá a esta sede parlamentaria iniciativas concretas en dos parcelas de nuestro
ordenamiento para completar la actualización de nuestro sistema legal básico.
Promoveremos la reforma del proceso penal, del sistema de penas y del control de su
cumplimiento. Para llevar a cabo la revisión del sistema de penas del Código Penal, el Gobierno
encomendará a una comisión técnica el correspondiente estudio previo.
Quiero también anunciar a la Cámara que, si me otorga la conﬁanza, el Gobierno le someterá, con
carácter inmediato, la ratiﬁcación del Tratado por el que se constituye el Tribunal Penal
Internacional.
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También debemos completar la reforma procesal civil. Necesitamos nuevos instrumentos legales
que faciliten la rápida solución de conﬂictos y garanticen la seguridad de la actividad mercantil.
Una nueva Ley Concursal, una nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria y la reforma de la Ley de
Arbitraje serán tres piezas fundamentales para ganar certeza y seguridad en el tráﬁco económico.
Todo ello es imprescindible para mejorar nuestra competitividad y, en consecuencia, para crear
empleo.
Igualmente nos proponemos completar el desarrollo legislativo del Título Primero de la
Constitución. En especial, el Gobierno impulsará una nueva regulación de los derechos de
petición, de asociación y de fundación. Son tres derechos cuyo ejercicio contribuye a lograr una
mayor participación de la sociedad en el logro de los ﬁnes de interés general.
Pero el conjunto de medidas al que me he referido no es suﬁciente. La necesidad de perfeccionar
el desarrollo del modelo constitucional de Justicia nos mueve a ofrecer a todos los Grupos
Parlamentarios un Pacto de Estado. A todos interesa, y todos deberíamos contribuir a ello, una
Justicia independiente, rápida y eﬁcaz, que sea la garantía última de los derechos y las libertades.
El juez es pieza angular en el Estado de Derecho. Su papel se asienta sobre tres cimientos: la
independencia orgánica y de ejercicio, la profesionalidad y la responsabilidad. La perfección de
cada uno de ellos contribuirá, de modo determinante, a que sea realidad el modelo de justicia que
deseamos para España. Para ello, si la Cámara me otorga su conﬁanza, se abrirán consultas sin
dilación.
Garantizar las libertades de los ciudadanos y el disfrute efectivo de sus derechos exige seguridad
en sus ámbitos de convivencia. Luchar eﬁcazmente contra todas las formas de delincuencia es una
obligación indeclinable del Estado. El Gobierno intensiﬁcará la acción preventiva contra todos los
delitos y, en particular, contra los más amenazadores: contra el tráﬁco de drogas, la delincuencia
organizada y la trata de seres humanos. Además, quiero expresar y reiterar nuestro compromiso
de luchar, de forma integral y con la máxima decisión, contra la violencia doméstica, fenómeno que
degrada a toda la sociedad.
Señor presidenta,
Fortalecer la España constitucional es el mejor legado que podemos ofrecer a las futuras
generaciones. Los españoles nos hemos dotado de un sistema institucional capaz de integrar la
pluralidad constitutiva de la nación española.
El Estado de las Autonomías es una realidad plenamente asentada. España se ha convertido en
uno de los países más descentralizados del mundo. Las Comunidades Autónomas están prestando
ya servicios públicos, entre otros la educación y la sanidad, que contribuyen de manera
determinante a la calidad de vida de los ciudadanos. Nuestra obligación ahora es hacer que el
Estado de las Autonomías funcione cada vez mejor, con arreglo a sus principios inspiradores.
Estamos concluyendo el proceso de transferencias. Estamos ya en una nueva etapa en la que
debemos poner el acento en la asunción plena de las responsabilidades de cada cual, en la
cooperación, en las propuestas de cohesión territorial, en la mejora del modelo común. Sólo así
podremos cumplir las misiones que corresponden a los poderes públicos al servicio de los
ciudadanos.
El medio ambiente, la seguridad alimentaria, la sanidad o la educación son ejemplos que nos
muestran que muchas de las nuevas realidades de una sociedad en cambio requieren la
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colaboración de todas las Administraciones.
El Gobierno, si obtengo la conﬁanza de la Cámara, se propone reforzar los órganos de cooperación
entre el Estado y las Comunidades Autónomas, en particular las Conferencias Sectoriales.
Asimismo, promoverá un pacto entre todas las fuerzas políticas parlamentarias y las
Comunidades Autónomas para dar estabilidad al modelo de ﬁnanciación autonómica. Volveré a él
más adelante.
No podemos olvidar que uno de los valores sobre los que se asienta el Estado de las Autonomías
es el de la solidaridad. El Gobierno tendrá en cuenta siempre este principio en la deﬁnición de sus
políticas. Porque todos somos parte de un proyecto común, los beneﬁcios de la prosperidad deben
alcanzar a todos.
Durante los últimos veinte años también la vida local se ha revitalizado. Su papel en la prestación
de servicios será cada vez más importante para atender nuevas necesidades y mejorar nuestros
espacios de convivencia.
Conforme a nuestro compromiso electoral, nos proponemos fortalecer el papel de los Municipios.
Es necesario, pues, avanzar hacia un proceso descentralizador que ha de establecerse desde las
Comunidades Autónomas hacia los Entes Locales.
Ello nos obliga a potenciar la autonomía local y dotar a los Municipios de mayores capacidades de
gestión. Con tal ﬁnalidad, el Gobierno impulsará los pactos locales autonómicos, que consoliden el
proceso de descentralización. Buscaremos, con tal objeto, los más amplios acuerdos con los
partidos con representación parlamentaria.
El proyecto de reformas que propongo a la Cámara incluye también la mejora de la eﬁcacia de la
Administración General del Estado. Durante los últimos veinte años la naturaleza de su actividad
ha cambiado sustancialmente. Los ámbitos de gestión se han reducido, al tiempo que han
aumentado las necesidades de análisis, prospectiva e impulso normativo. Ello obliga a acometer
reformas innovadoras que han de afectar, tanto a los aspectos organizativos y orgánicos, como a
los de funcionamiento.
No obstante, la Administración General del Estado sigue prestando servicios públicos esenciales
para los que debemos utilizar las tecnologías más modernas. Hoy ya muchos servicios son
accesibles sin necesidad de la presencia física del ciudadano, y eso debe ser general antes del ﬁnal
de la Legislatura. Es muy importante generalizar el uso de las telecomunicaciones, en particular de
Internet, una herramienta de singular importancia para acercar la Administración a los
ciudadanos.
Señorías,
El empleo ha sido y seguirá siendo nuestro empeño en la nueva legislatura, porque estamos
convencidos de que es el mejor modo de evitar la exclusión social, porque estamos convencidos de
que es la mejor contribución al bienestar.
Es este objetivo del empleo el que explica nuestras principales actuaciones en el campo
económico. Es el que da sentido a la estabilidad presupuestaria, a la política de reformas
estructurales, a la política de privatizaciones y a la reforma ﬁscal.
Nos proponemos avanzar en la modernización económica y social de España, dando un nuevo
impulso al programa que iniciamos en la legislatura anterior. Son reformas cuyo principal objetivo
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es alcanzar el pleno empleo en el curso de esta década.
Cuatro años de política económica reformista han dado sus frutos. No me extenderé en este
momento en los resultados de la pasada legislatura en términos de empleo y progreso. Ahora es
imprescindible continuar con las reformas.
La experiencia ha demostrado que una política económica exigente, que asegura la estabilidad
presupuestaria, que devuelve iniciativa a la sociedad, que administra con austeridad y que baja los
impuestos, genera bienestar para todos. Haber creado más de la mitad de los nuevos empleos
europeos en los últimos cuatro años no es una casualidad, sino las consecuencias directas de una
política determinada; pero, si queremos la convergencia real, tenemos que seguir avanzando más
deprisa que el resto.
Esta será la legislatura del equilibrio presupuestario. Esto tiene un sentido económico evidente
pero, sobre todo, tiene una importancia política determinante. En España se han perdido muchas
oportunidades por culpa de una Hacienda mal ﬁnanciada, raíz última de una economía
inﬂacionista, con una moneda débil e inestable, y abocada al proteccionismo.
Nuestro país se ha comprometido, en el Programa de Estabilidad, a conseguir el equilibrio
presupuestario en el año 2002 y el superávit, en los siguientes. Hoy, sin embargo, quiero anunciar
que el Gobierno se propone adelantar la obtención del equilibrio presupuestario al año 2001. Es
posible, es necesario y es un esfuerzo que tengo la convicción de que dará buen fruto.
Que desaparezca el déﬁcit es, sin duda, importante, pero también lo es rebajar la participación del
sector público en la economía. Durante los últimos cuatro años se ha reducido en cuatro puntos
del Producto Interior Bruto. Así se estimula la creación de empleo y el aumento del bienestar. Por
eso, en esta legislatura nos proponemos situar el gasto de las Administraciones Públicas por
debajo del 40 por 100 del Producto Interior Bruto.
En el reciente Consejo Europeo de Lisboa nos hemos comprometido a alcanzar la sostenibilidad
de las cuentas públicas en el curso de los próximos diez años. España ha impulsado ese
compromiso y lo cumplirá. Para ello, el Gobierno trabajará en la elaboración de un nuevo marco
normativo para la estabilidad presupuestaria, en una amplia reforma de la ﬁnanciación de las
HaciendasTerritoriales y en la modernización de la protección social.
Quiero anunciarles, en este sentido, la remisión de una nueva Ley General de Estabilidad
Presupuestaria, cuya ﬁnalidad será hacer perdurable lo que ya hemos conseguido: la
consolidación de las cuentas públicas, la transparencia en la utilización de los recursos y la
coordinación de las políticas presupuestarias.
También queda dentro de este nuevo marco de estabilidad la reforma del modelo de ﬁnanciación
de los entes territoriales. Todas las Administraciones nos debemos comprometer con un nuevo
marco presupuestario que evite la reaparición de los desequilibrios.
En los últimos años las transferencias del Estado han aumentado rápidamente y, en particular,
hacia las Comunidades Autónomas. Cuando concluya este proceso, las Administraciones
territoriales gestionarán tantos recursos como la Administración General del Estado, si excluimos
la carga de una deuda contraída para ﬁnanciar a todos.
Hoy los entes territoriales tienen garantizada la evolución de buena parte de sus ingresos al ritmo
del crecimiento del Producto Interior Bruto nominal, mediante transferencias del Estado. Esta
fórmula determina que el gasto de las Administraciones territoriales esté creciendo a mayor ritmo
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que el conjunto de los gastos del Estado.
Desde 1978 hemos ido construyendo un modelo de distribución de responsabilidades políticas y
de descentralización del gasto. Cuando nos acercamos a su conﬁguración deﬁnitiva, debemos
revisar su esquema de ﬁnanciación con vocación de permanencia. Ello resulta imprescindible si
queremos mantener el equilibrio presupuestario y reducir el tamaño del sector público. La
importancia de esta reforma nos demanda, desde luego, la voluntad de lograr un amplio acuerdo.
Una vez garantizado el principio de solidaridad que la Constitución consagra, todo gobernante y
todo ciudadano deben saber que la responsabilidad de ﬁnanciar los gastos adicionales de cada
Administración debe depender de sus propios recursos y debe recaer sobre sus propias bases
ﬁscales.
El nuevo modelo debería aumentar la responsabilidad ﬁscal de cada cual. La transparencia es
ineludible para actuar según las pautas propias de una democracia madura y los contribuyentes
han de percibir una relación directa entre el nivel de gasto de las Administraciones territoriales,
consecuencia natural de su autonomía política, y la carga ﬁscal que los ciudadanos deben soportar.
La ﬁnanciación de las Haciendas Locales también espera su reforma, que deseo que cuente con un
acuerdo tan amplio como el que suscitó en la pasada legislatura. Son innegables los problemas
causados por un sistema de ﬁnanciación local que aún conserva ciertamente elementos arcaicos.
La eliminación del Impuesto de Actividades Económicas para el 90 por 100 de las pequeñas
empresas y autónomos debe formar parte de un proceso derevisión global de la ﬁnanciación
municipal. Los Ayuntamientos deben contar con recursos suﬁcientes, sin por ello distorsionar el
dinamismo económico.
En este mismo sentido, debemos evitar que la ﬁnanciación municipal incremente el coste del
suelo. La diﬁcultad que hoy tienen los españoles para acceder a una vivienda por causa de su
precio no es irremediable. Los motivos por los que el suelo y la vivienda son caros pueden ser
abordados con el concurso de todas las Administraciones. Una reforma de las Haciendas locales,
como la que quiero plantear, tiene que incluir, en consecuencia,medidas apropiadas para que la
oferta de suelo aumente y para que la legislación urbanística facilite este proceso.
Se iniciarán, pues, conversaciones con la Federación Española de Municipios y Provincias para
establecer un esquema alternativo y moderno de ﬁnanciación. Un informe, realizado por una
comisión de expertos, servirá de base para elaborar un nuevo texto de la Ley de Haciendas Locales
que se presentará al Parlamento durante la presente legislatura.
Señora presidenta,
El segundo gran instrumento de política económica del que disponemos, junto a la política
presupuestaria, son las reformas estructurales.
Necesitamos modernizar nuestro sistema ﬁscal; liberalizar los mercados y aumentar la
competencia; mejorar el mercado de trabajo, y fomentar el espíritu emprendedor, promoviendo la
creación de nuevas empresas.
La reforma ﬁscal fue protagonista de la pasada legislatura y en ésta volverá a serlo. Ya anunciamos
que el nuevo Impuesto sobre la Renta sería el primer paso de una reforma más general de nuestro
sistema tributario. Son cada vez más los países europeos que comprenden la necesidad de unos
impuestos más bajos y mejor diseñados para las familias y para las empresas. Hoy casi todos
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estamos de acuerdo en que con menos impuestos la economía funciona mejor.
Nos proponemos, pues, avanzar en la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
con una rebaja adicional de los tipos impositivos, un mejor tratamiento ﬁscal a las familias e
incentivos más favorables al ahorro. Los pensionistas y los trabajadores con menores rentas
resultarán especialmente beneﬁciados.
El dinamismo de nuestra sociedad depende, en buena parte, de las pequeñas y medianas empresas
y de los profesionales autónomos. Más del 90 por 100 de nuestras empresas lo son y
proporcionan más del 70 por 100 de nuestro empleo. Es esencial para el bienestar de los
españoles que los marcos legal, ﬁscal y laboral tengan en cuenta esta realidad. Necesitamos una
sociedad que sepa apreciar y sepa estimular a los emprendedores.
Actuaremos, en primer término, reduciendo los impuestos que actualmente repercuten sobre
ellas, eliminando el Impuesto de Actividades Económicas para el 90 por 100 de los negocios y
mejorando su tratamiento en el Impuesto de Sociedades.
En la pasada legislatura la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tuvo en
cuenta la prioridad de reducir el déﬁcit público. Del mismo modo, las reformas que acabo de
anunciar se pondrán en práctica acompasadas a la obtención del equilibrio presupuestario.
Por su parte, el Estatuto de la Empresa Nueva será uno de los instrumentos esenciales de nuestra
política para la pequeña y mediana empresa. Queremos que sea suﬁciente registrarse en una
única ventanilla y que puedan operar en un plazo mínimo.
Creo que todas las Administraciones públicas deben comprometerse a facilitar la creación de
nuevas empresas y, de acuerdo con este principio, promoveremos un sistema de aplazamiento
automático de los impuestos que se deban satisfacer en los dos primeros años de ejercicio de la
actividad, permitiendo su amortización en los ejercicios siguientes.
Señora presidenta,
La liberalización de los mercados de bienes y servicios es fundamental para conseguir mayor
competencia, menor inﬂación y más dinamismo económico. Como saben Sus señorías, el Consejo
Europeo recientemente celebrado en Lisboa así lo ha reconocido, haciendo de su ambicioso
calendario el núcleo de una estrategia de la economía europea hasta el año 2010. España, junto
con otros socios europeos, está impulsando este proceso con el ﬁn de alcanzar el pleno empleo en
torno, como digo, al año 2010.
En esta legislatura culminaremos los procesos de liberalización ya iniciados y acometeremos otros
nuevos.
En relación con el mercado de la energía, se seguirán extendiendo a todos los consumidores los
beneﬁcios de la liberalización del mercado eléctrico. Del mismo modo, quiero anunciar mi
intención de romper el monopolio del sector del gas y abrirlo a la competencia durante esta
legislatura.
En materia de telecomunicaciones, la pasada legislatura ha sido especialmente intensa y con
resultados muy satisfactorios en lo que se reﬁere a la creación de un mercado más eﬁciente. En la
presente, se intensiﬁcará la competencia mediante redes alternativas de acceso y la apertura de
las infraestructuras existentes. Esto permitirá la competencia en todo tipo de servicios, extenderá
el uso de Internet y otros servicios de banda ancha que constituirán la base sobre la cual se tiene
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que asentar la Sociedad de la Información.
Asimismo, abordaremos la liberalización de cuantas rigideces están haciendo menos eﬁcientes
algunos mercados. La lucha contra la inﬂación y la búsqueda de mejores servicios a precios más
baratos va a seguir siendo nuestro objetivo principal en este terreno.
El Gobierno tiene una responsabilidad indeclinable de supervisión y vigilancia en favor de los
intereses de ciudadanos y de los consumidores. Se trata de asegurar la competencia y de frenar
concentraciones de poder que la pueden poner en riesgo. Por ello potenciaremos decididamente
los órganos de defensa de la competencia.
En coherencia con esta visión, vamos a culminar el proceso de privatizaciones, que ha contribuido
a que nuestra economía sea una de las más dinámicas de Europa.
Señorías,
La reforma del mercado de trabajo tuvo un excelente punto de partida en los Acuerdos de 1997. El
diálogo social contribuye a la creación intensa de empleo. Todos hemos aprendido de esta
experiencia y ahora sabemos más sobre las fórmulas que ayudan acrear empleo y las que no lo
hacen.
Esta legislatura tiene que ser igualmente fructífera en el ámbito laboral. Necesitamos un mercado
de trabajo más ﬂexible y una población activa más formada y adaptable, o más "empleable". Para
que nuestro crecimiento económico siga traduciéndose en una creación intensa de empleo
debemos avanzar por dos vías: las reformas de la normativa laboral y la potenciación de las
políticas activas.
Los Acuerdos alcanzados en 1997 tenían dos objetivos fundamentales: la estabilidad del empleo y
la modernización de la negociación colectiva. Tres años después el balance es positivo, pero no
debemos conformarnos.
El nivel de desempleo para muchos colectivos sigue siendo inaceptable. La reducción de la
temporalidad ha sido insuﬁciente. La incorporación de la mujer al mercado de trabajo, aunque
avanza a buen ritmo, se debe intensiﬁcar. Debemos estudiar y corregir las causas por las cuales
algunas regiones sufren aún niveles de paro muy superiores a la media. El alarmante número de
accidentes laborales nos exige una decidida actuación.
Resolver los problemas que acabo de enunciar exige nuevas reformas sin dilación. El método de
trabajo va a seguir siendo el diálogo social. Ya hemos iniciado los contactos con los agentes
sociales; pero, para avanzar al ritmo que todos queremos, antes de que acabe este año habrá que
adoptar medidas que ayuden a la creación de empleo y a la reducción de la temporalidad. Por eso
es urgente que se alcancen esos acuerdos.
Lamentablemente, el desempleo afecta de forma especial a las mujeres. Creo que se ha hecho
mucho en estos cuatro años y con resultados esperanzadores, pero hay que hacer mucho más.
Queremos la participación generalizada de la mujer en la vida laboral. Estamos obligados a
adoptar las medidas necesarias para romper las barreras que todavía existen y para lograr su
normalidad y su integración.
La conciliación de la vida familiar y laboral es indispensable para la consecución de este objetivo.
Es un asunto que nos concierne a todos y nuestro futuro está condicionado, en buena medida, por
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cómo afrontemos esta cuestión crucial.
Además, nuestro país tiene la natalidad más baja del mundo y debemos promover condiciones que
faciliten la conciliación de la vida laboral con el cuidado de los hijos menores de edad. En
particular, la dotación de guarderías infantiles es insuﬁciente y durante los próximos cuatro años
impulsaremos decididamentelas medidas y los planes que mejoren la situación.
La maternidad no puede ser un obstáculo para la participación de la mujer en el mundo laboral y,
de acuerdo con nuestro compromiso electoral, el Gobierno eliminará, con carácter inmediato, las
cotizaciones durante dos años por razón de maternidad, con independencia de cuándo se
produzca la incorporación o reincorporación al mercado de trabajo de forma estable.
Nuestra realidad demográﬁca, así como la evolución del mercado laboral, hacen que España
necesite un creciente número de inmigrantes. Ahora, precisamente, no podemos olvidar que en
otros tiempos muchos españoles salieron de nuestras fronteras para trabajar y ganarse la vida.
Hemos de prepararnos para ser un país de acogida, conscientes de que quienes vienen a trabajar
contribuyen a nuestra prosperidad y enriquecen nuestra sociedad.
El fenómeno de la inmigración exige una política de Estado y queremos desarrollarla con el
máximo acuerdo de las fuerzas políticas parlamentarias. Debe ser una política congruente con
nuestra capacidad de acogida y con los compromisos y responsabilidades que España asumió en el
Consejo Europeo de Tampere, lo que nos obliga a adaptar nuestra legislación en materia de
extranjería.
Para dotar de más eﬁcacia a las tareas que hemos de desarrollar en esta materia, me propongo
crear una Delegación del Gobierno para la Inmigración, que coordine y promueva la cooperación
entre los órganos y administraciones competentes en la materia.
Señora presidenta,
Nuestro bienestar exige que trabajemos en la modernización del sistema de protección social.
A partir del año 2010 Europa afrontará un rápido envejecimiento de la población. El último
Consejo Europeo ha puesto en marcha una evaluacióncomparativa de los sistemas de protección
social, para su modernización en el horizonte de los años 2010 y 2020. Una política responsable
nos exige comenzar ya a diseñar medidas que contrarresten las consecuencias sociales y
ﬁnancieras que de otra forma acarrearía este fenómeno. Sólo con responsabilidad puede
construirse una política solidaria que afronte esta situación.
Nuestro sistema de pensiones tiene hoy una base sólida y, por primera vez, está siendo capaz de
equilibrar sus cuentas. En 1999 hemos alcanzado el superávit presupuestario. Hemos dotado un
Fondo de Reserva y hemos aumentado su cuantía a 100.000 millones de pesetas. Es un paso
adelante, al que seguirán otros en los ejercicios sucesivos.
El Pacto de Toledo ha demostrado ser el foro adecuado para acometer reformas, que todos
sabemos necesarias, dentro de un ámbito de acuerdo y de diálogo. Por eso quiero anunciar su
convocatoria inmediata. Tenemos mucho por hacer y es mucho lo que espera en este terreno la
sociedad española.
Quiero decirles que las primeras líneas de trabajo serán: la revisión del sistema de prejubilaciones;
la mejora de las pensiones más bajas, así como las de viudedad; la posibilidad de retrasar
voluntariamente la edad de jubilación, y el desarrollo y extensión de los sistemas
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complementarios de previsión social. Igualmente, estudiaremos las experiencias de reformas de
las pensiones en otros países europeos.
Señorías,
Todos los asuntos abordados hasta ahora inciden en el bienestar de los españoles. Pero la
inﬂuencia de la Sanidad en su calidad de vida hace que sea juzgada con una especial sensibilidad.
En la pasada legislatura hemos consolidado ﬁnancieramente el Sistema Nacional de Salud y hemos
sentado las bases de una reforma que mejorará sustancialmente nuestros servicios sanitarios,
ampliando las prestaciones e incrementando la calidad en la atención a los pacientes.
Nos proponemos ahora extender las nuevas formas de gestión, cuyas claves son las autonomía de
los centros y el mayor compromiso y motivación de los profesionales. Un régimen de concurrencia
de todos los centros sanitarios, en el marco del aseguramiento público universal, será
determinante para mejorar la eﬁciencia de los servicios y la atención a los ciudadanos.
Nuestro objetivo es que los pacientes puedan elegir cualquier Centro público o concertado por
cuenta del Sistema Nacional de Salud. Ya se ha reconocido a los pacientes el derecho a elegir otro
hospital público o concertado si no se le interviene en el plazo máximo de seis meses para
operaciones no urgentes; ahora queremos ampliar este derecho también a las pruebas
diagnósticas.
Creo que el valor de una sociedad tiene mucho que ver con la dignidad que otorga a la vida de sus
mayores. El aumento de la esperanza de vida de los españoles es una nueva realidad que hay que
abordar con enfoques innovadores. Debemos promover medidas de apoyo a las familias que
cuidan a las personas con carencias acusadas, así como desarrollar, y desarrollaremos
decididamente, los servicios de atención sociosanitaria.
Señorías,
Antes he hablado de la profunda transformación que ha experimentado la sociedad española en
este último cuarto de siglo. Ahora estamos inmersos en una auténtica revolución que nos está
abriendo las puertas de la Sociedad de la Información y del Conocimiento.
Creo que España aborda este horizonte en unas condiciones que nos permiten tener conﬁanza en
nosotros mismos y en nuestra capacidad. Los españoles podemos superar con éxito los retos que
plantean las nuevas ideas y tecnologías en un mundo cada vez menos condicionado por
limitaciones de espacio y de tiempo.
Pero no podemos podremos aprovechar este escenario de posibilidades, si no proponemos un
programa de trabajo centrado en aquellos sectores que son determinantes para construir este
futuro. Invertir en futuro signiﬁca apostar por cinco ejes estratégicos: la educación, la innovación,
las comunicaciones, el medio ambiente y la cultura. Estos campos son los que marcarán la
diferencia de la España de hoy y la de dentro de veinte años.
Es más importante que nunca que nos preocupemos por la educación. No hay mayor injusticia en
la Sociedad del Conocimiento que una educación deﬁciente. Y no podemos conformarnos con una
educación que llegue a todos; debemos proponernos mejorar su calidad. Un buen sistema
educativo y cientíﬁco es esencial para lograr una sociedad integrada, con igualdad de
oportunidades, con mayor bienestar y que progrese.
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Tenemos que hacer entre todos que la educación del futuro sea mejor de la que hemos heredado.
Este nuevo objetivo es tarea de toda la sociedad: de las familias, de los profesores, de los agentes
económicos y sociales, de las instituciones cultural educativas y de los poderes públicos.
Para asegurar una formación completa he de insistir en el papel básico de las Humanidades, cuya
enseñanza habrá que fortalecer. Me preocupa, en particular, el conocimiento de nuestro pasado
común, fundamental para construir el futuro.
Necesitamos asegurar el dominio de, al menos, una lengua extranjera, el uso de las nuevas
tecnologías y reforzar la educación en valores. Las nuevas generaciones necesitan referentes
sólidos sobre los que desarrollar sus capacidades, en una sociedad crecientemente compleja y
plural. Nuestros jóvenes no se merecen que les privemos de un bagaje común sobre el cual
cimentar un proyecto pleno de oportunidades.
Con diálogo, y buscando los más amplios acuerdos posibles, abordaremos reformas ineludibles,
porque necesitamos profesores motivados, valorados por una sociedad que sabe que en sus
manos están las mejores posibilidades del mañana; porque necesitamos que cada centro
educativo disponga del marco y de los medios adecuados para desarrollar su tarea formativa, con
un clima favorable al estudio y la convivencia; porque necesitamos un sistema educativo más
ﬂexible, más adaptado a los intereses y vocaciones de los alumnos; más atento, en deﬁnitiva, a la
innovación.
Sabemos que la educación es un factor clave de cohesión social. Es en las aulas donde se construye
una sociedad, donde se aprende a respetar las diferencias y donde se abren los horizontes a un
mundo cada vez más abierto.
Necesitamos también dotar a España de un moderno sistema de Formación Profesional, de alta
calidad y prestigiado socialmente. Sin una formación a lo largo de toda la vida laboral no podremos
alcanzar el objetivo del pleno empleo. Ésta es una de las carencias que está obstaculizando la
articulación entre los sistemas educativo y productivo. Por ello, el Gobierno impulsará un Acuerdo
Nacional para desarrollar un nuevo sistema de Formación Profesional, en el que la colaboración
de los agentes sociales será de capital importancia.
Hemos puesto en marcha el Distrito Único y las becas de movilidad para estudiantes y profesores.
Necesitamos Universidades mejores, abiertas, que no tengan barreras de ningún tipo.
Promoveremos, por ello, una Ley de Universidades, que vertebre el sistema español de enseñanza
superior, que promueva la calidad de la docencia y que contribuya al moderno sistema de ciencia y
tecnología.
Señorías,
La responsabilidad del Gobierno también es trabajar para que nuestro país participe en las
mejores condiciones en la nueva Sociedad de la Información para que España no se quede atrás y
para que nadie en España se quede atrás.
El ritmo cada vez más rápido del cambio nos obliga a actuar con urgencia si queremos aprovechar
plenamente las oportunidades que se nos ofrecen.
La tarea de los próximos años no es otra que lograr una Sociedad de la Información para todos,
hacer posible el acceso de los ciudadanos a las tecnologías de la información, facilitar a los
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españoles que se beneﬁcien del uso de las redes de telecomunicaciones
Y una política de innovación es esencial para nuestro futuro. Tenemos que acabar con la
tradicional debilidad del sistema español de ciencia y tecnología. Con el Plan de Investigación,
Desarrollo e Innovación 2000-2003 trabajaremos intensamente en este objetivo. Queremos
estimular la iniciativa privada y potenciar la incorporación de investigadores a las empresas.
Vamos a incrementar los recursos públicos y fomentar la inversión privada e investigación,
desarrollo e innovación. El propósito del Gobierno es que, al acabar la Legislatura, dediquemos a
esta actividad el 2 por 100 de nuestro Producto Interior Bruto.
Para desarrollar todas las acciones necesarias para la consecución de este objetivo me propongo
la creación de un nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología, que será responsable de la política
cientíﬁca y tecnológica, de las telecomunicaciones y del impulso de la Sociedad de la Información.
Señorías,
España tiene que dar, en los próximos años también, un impulso deﬁnitivo a la modernización de
su sistema de comunicaciones. Sabemos que una buena red de comunicaciones determinará, en
gran medida, nuestro bienestar futuro. No habrá una España cohesionada sin una vertebración
territorial garantizada por unas adecuadas comunicaciones.
La existencia de unas ﬁnanzas públicas saneadas, junto con los resultados de la Agenda 2000, nos
van a permitir llevar a cabo un ambicioso programa de inversiones para hacer una España más
cercana y más unida a Europa.
Este programa acercará todos los territorios de España mediante el mallado completo de la red de
carreteras de gran capacidad; una red ferroviaria de alta velocidad que, en diez años, situará a
todas las capitales de provincias a menos de cuatro horas del centro de la península, y unos
puertos y aeropuertos adaptados a las exigencias de la demanda.
Señorías,
Creo que no podremos hablar del progreso y modernización de España si éstos son alcanzados sin
una decidida acción a favor de nuestro medio ambiente, porque el medio ambiente es una riqueza
a proteger y una oportunidad de desarrollo económico, de innovación tecnológica y de creación
de empleo.
Nuestra prioridad en este ámbito es resolver un problema que afecta de forma crucial al bienestar
y a la prosperidad de todos los españoles: la política del agua. Abordaremos resueltamente el
abastecimiento y la calidad del agua. A tal ﬁn, presentaremos inmediatamente un Plan Hidrológico
Nacional basado en criterios racionales y solidarios, un Plan para el que buscaremos el mayor
acuerdo posible.
En segundo lugar, nos proponemos aprobar, antes de que acabe el año, un Plan Nacional Forestal
que queremos que sea la actuación de mayor alcance realizada en el cuidado y protección de
nuestros bosques.
Señorías,
Creemos que la cultura es un eje básico del futuro de España y que los españoles debemos ser
conscientes de nuestra dimensión de potencia cultural y hacerla valer en un mundo abierto.
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En los próximos años debemos desarrollar una gran y fuerte acción cultural. La sociedad española
debe protagonizarla con el apoyo de todos los poderes públicos, y sin reservas. El Gobierno
contribuirá a esta tarea conservando mejor nuestro patrimonio histórico, impulsando un marco
más favorable para las industrias culturales de futuro, apoyando a artistas y creadores, y
fomentando las iniciativas de la sociedad civil.
Estoy convencido, señoras y señores diputados, de que en torno a estos cinco ejes que acabo de
exponerles --educación, innovación, comunicaciones, medio ambiente y cultura-- España debe
construir su futuro. Si la Cámara me otorga su conﬁanza, el Gobierno se sentirá ﬁrmemente
comprometido a impulsar todas las políticas necesarias para la consecución de los objetivos que
serán determinantes para el progreso de nuestra sociedad.
Señora presidenta,
En los últimos veinticinco años hemos pasado de reivindicar nuestra normalidad democrática a
incorporarnos a las Instituciones internacionales y de seguridad de nuestro entorno. En la pasada
legislatura España ha sido fundadora del euro y se ha integrado en la nueva estructura de mandos
de la Alianza Atlántica.
Por eso podemos plantearnos nuevas metas. La cuestión es qué queremos hacer una vez que ya
estamos donde queríamos estar. Tenemos que estar dispuestos a asumir mayores niveles de
responsabilidades fuera de nuestras fronteras.
Las oportunidades de proyección internacional son mayores de las que nos corresponderían,
gracias a la dimensión cultural de una lengua común cada vez más hablada en el mundo. Ése es el
factor determinante de nuestra presencia internacional, que debe desarrollarse en los ámbitos
político, económico, cultural, de seguridad y de cooperación.
Nuestra libertad y nuestra seguridad se encuentran estrechamente unidas a la libertad y a la
seguridad de nuestros socios y aliados. Por ello, asumiremos responsabilidades crecientes, tanto
en el marco de la Alianza Atlántica, como en la política europea común de seguridad y defensa.
Al servicio de este objetivo continuaremos con la mejora de nuestras Fuerzas Armadas.
Profesionalización y modernización harán que estén mejor preparadas para las misiones que
tienen encomendadas y para este nuevo papel que España tiene que desarrollar en el mundo.
A él, sin duda, están contribuyendo nuestras tropas en las operaciones de ayuda humanitaria en
diversas partes del mundo y en las que realizan, al servicio de la paz y de la seguridad, en defensa
de los valores que todos compartimos.
El objetivo de nuestro programa de gobierno es adelantar el ﬁn del Servicio Militar Obligatorio al
próximo año. Al tiempo, continuaremos la racionalización de las estructuras de defensa,
reforzaremos la acción conjunta, armonizaremos nuestras capacidades militares con las de
nuestros aliados y proseguiremos la colaboración en materia de industria de defensa, en el marco
de la Unión Europea, como lo hemos hecho en esta legislatura.
El Gobierno pondrá especial empeño en el éxito del proyecto europeo, un objetivo compartido
ampliamente por los españoles. Los grandes retos a los que se enfrentará España en el marco de la
Unión en los próximos años son los siguientes:
La reforma de las Instituciones de la Unión Europea, en la que el Gobierno perseguirá un
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funcionamiento más eﬁcaz de la Unión, y en la que espero contar, y en el desarrollo de la
Conferencia Intergubernamental, con la colaboración de la Cámara.El objetivo del pleno
empleo mediante el aumento de la competencia y la liberalización, completando un
mercado único abierto e integrado, mejorando la educación y el acceso a las nuevas
tecnologías.
El desarrollo de un espacio de libertad, seguridad y justicia que garantice mejor los
derechos de los ciudadanos de la Unión, y para cuya consolidación apoyamos la Carta de
Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
La construcción de un pilar europeo de seguridad y defensa, sin menoscabo del vínculo
transatlántico.
Y la culminación de un proceso de ampliación que integre en la Unión a aquellos países
que se vieron privados de libertad durante décadas y sea fuente de prosperidad
compartida.
La Presidencia española de la Unión en el primer semestre del año 2002 será una oportunidad que
nuestro país no debe desaprovechar. Trabajaremos decididamente para hacer realidad esa Europa
reforzada, cohesionada, ampliada y abierta que está en el interés de todos los españoles. En su
momento someteré a la Cámara unas prioridades y un programa de trabajo para dicha
Presidencia.
Coincidiendo con la Presidencia española, España será también la sede de la II Cumbre Unión
Europea-América Latina y Caribe. Este encuentro será una gran oportunidad para aﬁanzar en la
esfera internacional los intereses comunes y para reforzar la Comunidad Iberoamericana de
Naciones.
Nuestra vinculación con Iberoamérica se ha incrementado durante los últimos años. Nuestro país
es el principal inversor europeo en la región. Las inversiones de nuestras empresas tienen
vocación de permanencia y están contribuyendo al progreso económico de nuestras sociedades.
Los españoles se sienten muy cercanos a todo lo que sucede en la Comunidad Iberoamericana y
están siempre dispuestos, y así lo han demostrado, a prestar su solidaridad cuando es necesario.
La responsabilidad de España en el exterior también tendrá una manifestación esencial en la
estabilidad y en el desarrollo del Mediterráneo, sobre todo en la región del Magreb. El Gobierno
promoverá iniciativas para asentar, sobre bases cada vez más sólidas, unas relaciones de amistad y
de respeto que a todos nos interesan. Para ello, apoyará también los procesos de apertura y
liberalización en todos los países del área e impulsará intercambios económicos más intensos.
Asimismo, el proceso de internacionalización de nuestra economía no podrá considerarse
completo mientras no logremos una mayor presencia y proyección en todos los ámbitos en la
cuenca asiática del Pacíﬁco. Éste será uno de los objetivos de la política exterior de esta
legislatura.
El progreso de los países menos desarrollados es una necesidad sentida vivamente por la sociedad
española y el Gobierno, si recibo la conﬁanza de la Cámara, mantendrá ese compromiso. Nuestra
creciente ayuda al desarrollo debe ir acompañada del apoyo a la extensión de la democracia y de
las libertades, del rigor en la utilización de los fondos, y de la liberalización y de la apertura
económica. Éstas son las bases para un desarrollo sostenible. En esta empresa estoy seguro de
que contaremos con el apoyo y la colaboración de la sociedad civil.
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No quiero concluir sin exponer a la Cámara tres iniciativas que el Gobierno, si obtengo la
investidura, se propone desarrollar para hacer más efectivo el nuevo papel de España en la esfera
internacional.
En primer lugar, España cuenta hoy con el español, lengua de alcance universal que ofrece
oportunidades extraordinarias para mejorar nuestra presencia en el mundo. En los próximos
cuatro años el Gobierno intensiﬁcará la proyección de la cultura española en la cual el Instituto
Cervantes desempeñará un papel central.
En segundo lugar, necesitamos funcionarios y expertos en todas las Instituciones y Organismos
internacionales a los que pertenecemos y con los que colaboramos. El Gobierno ampliará la
información, la formación y los incentivos para que un mayor número de españoles pueda acceder
a esos puestos.
Finalmente, señora presidenta, para que la acción exterior sea verdaderamente eﬁcaz es
necesaria una mayor coordinación. Me propongo crear un Consejo de Política Exterior que
contribuya a deﬁnir intereses y objetivos del conjunto de la proyección exterior española. Asumiré
personalmente su presidencia.
Señora presidenta, señorías,
Cada español cuenta hoy con oportunidades que hace una generación eran difíciles de imaginar.
Conﬁamos en la capacidad de la sociedad para alcanzar estas metas. Quienes desempeñamos
responsabilidades en las instituciones democráticas no podemos defraudar sus expectativas.
Acabo de exponer los puntos fundamentales del programa de Gobierno para el que solicito la
conﬁanza de Sus señorías; un programa de reformas para alcanzar el pleno empleo, para mejorar
el funcionamiento de nuestras instituciones, para mejorar sustancialmente nuestro bienestar,
para que nuestro papel en la comunidad internacional sea más activo y deﬁnido.
Un programa para toda la Legislatura, que deseamos promover a partir del diálogo y la
colaboración con los grupos presentes en la Cámara. Aquí están representados los consensos
básicos de nuestra sociedad, aquí está presente el pluralismo político de nuestra sociedad.
Hace apenas un mes los electores han renovado ampliamente su conﬁanza en el proyecto político
representado por el Partido Popular. Comienza una nueva etapa política. No les he presentado un
programa conformista ni meramente continuador de lo ya realizado. El nuestro es un proyecto
ambicioso, serio y coherente, que permitirá a España entrar con normalidad y buenas
oportunidades en el siglo que comienza. Estoy convencido de ello; estoy convencido que es mucho
lo que tenemos por hacer y que somos capaces de conseguirlo.
Señora presidenta, señoras y señores diputados, para ello solicito la conﬁanza de la Cámara.
Muchas gracias.
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