<text year="1993" periodo="1996" partido="PSOE">
V Legislatura
Discurso de investidura de Felipe González Márquez
Congreso de los Diputados, jueves 8 de julio de 1993
Señor presidente, señoras y señores diputados:
Comparezco hoy ante la Cámara, en cumplimiento del mandato constitucional, para solicitar de
Sus señorías el voto favorable a la investidura.
Las elecciones del pasado 6 de junio permitieron a los españoles manifestar sus preferencias
políticas y, al mismo tiempo, su voluntad de otorgar una conﬁanza mayoritaria a nuestro proyecto
de progreso, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta de los escaños de la Cámara. A este mandato
debemos atenernos.
Los ciudadanos han renovado su conﬁanza en la fuerza política que represento, al tiempo que nos
han pedido que vayamos más lejos, que hagamos las cosas de otra manera y que, sabiendo recoger
el fruto de los esfuerzos anteriores, marquemos una orientación que nos permita afrontar el
futuro con éxito.
Los españoles nos están pidiendo más diálogo con la sociedad y con las otras fuerzas políticas; nos
demandan, en deﬁnitiva, un cambio sobre el cambio. La propia ausencia de una mayoría absoluta
es la más clara constatación de una nueva realidad política que exige a todos, y en particular a
quien obtenga el mandato de la Cámara para gobernar, un nuevo enfoque político.
Pasado el proceso electoral, he expresado la necesidad de formar un gobierno con respaldo
mayoritario en el Parlamento. Estoy convencido de que los acuerdos estables con otras fuerzas
políticas son un requisito necesario para esta nueva etapa política con objeto de superar los retos
que la misma plantea. Vengo, pues, a solicitar su apoyo para la formación de un gobierno que tiene
una clara vocación de diálogo y compromiso, abierto a la colaboración de las fuerzas políticas que
puedan encontrar en el programa suﬁcientes coincidencias con los suyos propios como para votar
favorablemente en esta sesión.
En el curso de las conversaciones mantenidas hemos encontrado bases suﬁcientes para un posible
compromiso de gobierno con el Partido Nacionalista Vasco y para compromisos programáticos
concretos con Convergència i Unió, que irán desarrollándose en el inmediato futuro, sin cerrar la
posibilidad por nuestra parte de una colaboración gubernamental cuando se juzgue oportuno. El
gobierno que se forme tras estas conversaciones, señorías, se compromete, desde el comienzo, a
mantener abierto el diálogo con las otras fuerzas políticas que lo deseen, e intentará asumir las
propuestas que sean coherentes con la orientación progresista que inspirará su acción.
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Antes de entrar a deﬁnir los ejes de la acción gubernamental quisiera trasladar a Sus señorías
algunas consideraciones sobre la situación por la que atraviesa nuestro país y sobre los retos a los
que nos enfrentamos. Pese a las diﬁcultades presentes, deseo trasladar también nuestra
esperanza sobre las posibilidades del futuro, un futuro fruto del esfuerzo de modernización
emprendido por nuestra sociedad desde 1977. A partir de ese análisis señalaré las prioridades de
la legislatura y les transmitiré el talante con el que pretendo dirigir la acción de gobierno en los
próximos cuatro años, si obtengo el respaldo de la Cámara.
Considero, señorías, que es necesario abrir esta nueva etapa con un compromiso sólido de
renovación política y con una reaﬁrmación de los valores de progreso que orientan nuestra acción.
Estos valores de tolerancia, de solidaridad, de austeridad, de esfuerzo personal, de respeto a la
legalidad y a la paz son, a mi juicio, ampliamente compartidos por la mayoría de los ciudadanos.
Tolerancia entendida como expresión del talante democrático, del respeto a las posiciones de los
demás, sin tentaciones excluyentes; solidaridad asumida como el impulso que hace que
ciudadanos e instituciones no se desentiendan de la suerte de los menos favorecidos; austeridad
como principio de conducta personal y como instrumento para luchar contra la crisis, ahorrando
recursos para destinarlos a la inversión productiva generadora de empleo; esfuerzo personal para
enfrentar los retos que se nos presentan como ciudadanos y que exige una justa compensación a
aquellos que lo realizan; respeto a la legalidad y compromiso por la paz que excluya las actitudes
que vulneran o que sortean los cauces establecidos para todos por igual y que rechaza con ﬁrmeza
las actitudes de los violentos.
En este punto quiero testimoniar mi solidaridad con las víctimas que hace días se produjeron en
Madrid y con las que hoy, en San Sebastián, están sufriendo el embate de esa violencia.
Insisto en estos valores porque toda política debe asentarse en convicciones. No puede
convertirse en mera administración de los asuntos públicos, sino que debe marcar las pautas de la
acción colectiva y reﬂejar las aspiraciones de la sociedad, su empeño en vencer los obstáculos, en
superar los desafíos y en aprovechar las oportunidades que se le ofrecen.
Durante los años ochenta hicimos frente a una aguda crisis económica y supimos superarla.
Hemos conocido así períodos de estancamiento económico y de expansión acelerada. Hemos
pasado del prolongado aislamiento internacional a la incorporación plena en la construcción
europea, con un protagonismo destacado. Hemos aﬁanzado el ediﬁcio constitucional y
desarrollado su ordenamiento democrático. Hemos puesto en pie las bases de un sistema de
protección social que otras naciones han logrado en ciclos históricos más prolongados. Hoy, sin
embargo, hemos de hablar, sobre todo, de las diﬁcultades que caracterizan el momento presente,
diﬁcultades concretas que venimos padeciendo en los últimos tiempos, diﬁcultades para competir
que sienten directamente aquellos que están perdiendo su puesto de trabajo, diﬁcultades para
contener los precios que sienten también directamente los pensionistas o los empresarios
abiertos a la competencia que ven peligrar sus empresas en mercados cada vez más agresivos.
Cuando hablo de diﬁcultades, señorías, me reﬁero también a la incertidumbre frente al futuro de
los jóvenes o a los problemas que se relacionan con la inseguridad ciudadana, con la droga o con la
marginación. Estos son los problemas a cuya solución se dirigirá la acción del Gobierno que hoy les
presento y cuyos objetivos básicos son crear empleo y fortalecer nuestra democracia.
Los problemas de nuestra democracia deben resolverse profundizando en la democracia. Su
solución depende exclusivamente de nosotros. Abordaremos reformas institucionales concretas
con mejoras en nuestros mecanismos de participación y control. Los problemas de nuestra
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economía no pueden separarse, en cambio, del contexto europeo e internacional desfavorable que
vivimos, aunque presenten características particulares que podemos y debemos corregir. El
crecimiento del paro en los últimos doce meses ha encendido la luz de alerta y hay que actuar con
la mayor celeridad y profundidad.
Y a partir de estas consideraciones, señorías, la oferta programática que presento se vertebra en
torno a cuatro ejes fundamentales: el primero, la superación de la crisis económica y el impulso
económico; el segundo, el impulso democrático; el tercero, el desarrollo autonómico; el cuarto, la
política exterior y el impulso hacia la Unión Europea.
Cualquier reﬂexión sobre las líneas de futuro de la política económica del Gobierno debe partir, a
mi juicio, de dos premisas. Una, que la situación económica es difícil, y difícil para todos, para la
pequeña y para la gran empresa, para la agricultura y para el comercio, para los trabajadores y
empleados industriales y también para los de servicios; los unos ven caer fuertemente sus
beneﬁcios o plantearse el cierre de su actividad y los otros ven comprometido, cuando no
extinguido, su puesto de trabajo. Otra, que en período de grandes diﬁcultades se impone la
corresponsabilidad y el esfuerzo solidario de todos, porque a todos afecta la situación. Sólo el
empeño y la responsabilidad comunes, con el apoyo de los ciudadanos, de las fuerzas políticas y de
los agentes sociales y económicos, sólo con ese empeño podremos encarar con acierto la salida de
la profunda crisis actual.
La situación económica en el momento presente, a nivel nacional e internacional, se caracteriza,
en primer lugar, por una importante contracción de la actividad económica, más acusada y
localizada, como es habitual, en la inversión que en el consumo privado y público. En segundo
lugar, esta caída de la actividad se ha traducido en un proceso de rápida destrucción de puestos de
trabajo y en la agudización de determinados desequilibrios macroeconómicos, especialmente el
déﬁcit del sector público, agravado por la menor recaudación inducida por la crisis y el mayor
gasto, producto de los compromisos y coberturas sociales. En tercer lugar, la caída en la actividad
económica y la consiguiente disminución de la rentabilidad empresarial se han visto agravadas por
las incertidumbres políticas y económicas en el plano internacional, que incluyen desde las
diﬁcultades que están encontrando Estados Unidos o Japón para aﬁanzar sus procesos de
recuperación, hasta las incógnitas derivadas de los procesos de cambio en los países de la Europa
del Este, o las presiones proteccionistas concretadas en los constantes ataques y diﬁcultades en la
Ronda Uruguay, o las propias diﬁcultades para reencontrar las sendas de dinamismo que presidía
el proceso de construcción europea. Finalmente, nos encontramos frente a una serie de
problemas, de insuﬁciencia de carácter estructural, que están diﬁcultando el relanzamiento de la
actividad económica, como pueden ser el bajo nivel de ahorro, la diferencia entre la inﬂación del
sector industrial y el de servicios, la rigidez del mercado de trabajo o la falta de competitividad de
nuestro aparato productivo.
Este diagnóstico no es exclusivamente español, es válido para la práctica totalidad de los países
europeos. Es más, la interrelación alcanzada por las economías europeas es de tal magnitud que
resulta impensable una salida duradera autónoma, máxime en el estadio actual de globalización de
la economía mundial.
En consecuencia, nuestro objetivo en el momento presente debe centrarse en la corrección de los
desequilibrios y en la aprobación de las reformas estructurales que nuestra economía precisa, de
tal forma que nos situemos en las mejores condiciones posibles para beneﬁciarnos de la futura
fase cíclica de crecimiento europeo y mundial.
Por todo ello, los objetivos básicos que deben presidir la política económica española en los
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próximos años quedarían resumidos y sintetizados en dos, que a su vez son las dos caras de una
misma moneda: la creación de empleo y la mejora de la competitividad de nuestro sistema
productivo.
Así como en la primera Legislatura nos tuvimos que enfrentar a la salida de una crisis que duraba
casi un decenio y en la segunda y en la tercera sentamos las bases y consolidamos el período de
crecimiento económico más largo e intenso de la democracia, en el momento presente, al inicio de
esta IV Legislatura, pensamos que el objetivo básico que debe presidir todas nuestras actuaciones
es la mejora de la calidad de nuestro sistema económico, el incremento de su competitividad
frente a los países con los que se ve obligado a disputar los mercados. Sin lugar a dudas, éste es un
requisito imprescindible para la creación duradera de empleo.
A la consecución de estos objetivos estarán orientadas todas las políticas gubernamentales, tanto
la propia política macroeconómica como las diferentes políticas sectoriales: la política industrial,
la educativa y de formación y, por supuesto, la política laboral y de empleo. Las medidas, que
consecuentemente se adoptarán, pueden agruparse en tres grandes bloques. Por un lado, aquéllas
destinadas a mejorar la competitividad, a favorecer la recuperación económica y a corregir los
desequilibrios básicos de nuestra economía. Por otro, las encaminadas a conseguir las reformas
estructurales que la economía española precisa, siempre desde la perspectiva de homologación a
los modelos y sistemas económicos de los países comunitarios. Finalmente, un tercer bloque
recogerá los grandes planes de actuación, algunos de ellos ya diseñados en la Legislatura anterior,
que conﬁguran una clara decisión de mejorar nuestras infraestructuras y nuestro entorno.
Centrándonos en el primer bloque de medidas, las destinadas a mejorar la competitividad y a
promover la recuperación económica, cabría establecer tres áreas en las que el Gobierno actuará
de una manera preferente: la consolidación ﬁscal, las medidas de recuperación y el pacto social.
La primera de ellas, como he indicado, consistirá en un programa de consolidación ﬁscal. El
aumento del desempleo y la reducción de los ingresos públicos, provocados ambos por la fuerte
recesión económica, conﬁguran un panorama de déﬁcit muy superior al previsto para 1993 y
1994, dondeestaremos cerca de alcanzar el cinco por ciento del Producto Bruto en el déﬁcit de la
Administración del Estado. Consideramos necesario no incrementar el nivel de presión ﬁscal
actualmente vigente. Por ello, la contención del déﬁcit tendrá que articularse a través del control
del gasto, buscando un paulatino reequilibrio presupuestario que reduzca la presión sobre los
mercados de capitales a la hora de captar ahorro interno y facilite la bajada de los tipos. Con el
Presupuesto para 1994 el Gobierno dará a conocer a la Cámara el conjunto de medidas
normativas que garanticen la consolidación ﬁscal en la línea que he expuesto.
En segundo lugar, el Gobierno adoptará un amplio paquete de medidas que persiguen la
recuperación económica y, de manera especial, la incentivación de la inversión y el ahorro. Entre
otras, cabría señalar aquí la reducción prudente y concertada de los tipos de interés en la medida
en que el mercado y los ajustes internos lo vayan posibilitando; el apoyo ﬁnanciero y ﬁscal
especíﬁco para la pequeña y la mediana empresa, la reforma del Impuesto de Actividades
Económicas, la continuidad en el apoyo a la exportación e internacionalización de las empresas
españolas y el mantenimiento del esfuerzo ﬁscal en la inversión, tanto en capital físico como
humano. El Gobierno impulsará el diálogo social sobre la competitividad industrial con el ﬁn de
alcanzar el mayor consenso en torno al Libro Blanco de la industria, y acentuar el carácter activo
de la política industrial, cuyo objetivo es ayudar a las empresas en sus esfuerzos para mejorar su
propio potencial, fortaleciendo los principales factores de los que depende su competitividad,
como la innovación tecnológica, la calidad y la seguridad industrial, la adaptación medioambiental
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de la industria, los servicios de apoyo a las pequeñas y medianas empresas y la cooperación
empresarial.
En tercer lugar, impulsaremos la creación de empleo a través del pacto social al que me voy referir
posteriormente con detenimiento. La segunda área de iniciativas integraría todas aquellas,
muchas de carácter estructural, que quieren conseguir una sociedad más competitiva, a la vez que
más ﬂexible y transparente, reformas cuyo desarrollo y efectos previsiblemente se harán sentir a
medio y a largo plazo.
En este campo se debería incluir la mejora de la eﬁcacia de la Agencia Tributaria y el diseño de un
plan de lucha contra el fraude ﬁscal, o la Ley de Arrendamientos Urbanos, la liberalización del
sector de servicios en áreas como el transporte y las telecomunicaciones, buscando reducir su
actual tendencia inﬂacionista; o la reforma del Impuesto de Sociedades, que actualice y adecue a
las necesidades empresariales presentes la legislación ﬁscal en este campo en materias como la
doble imposición, los ajustes contables o las amortizaciones.
Por último, una tercera área constituida por las iniciativas en materia de infraestructuras y de
medio ambiente, que España precisa para completar su desarrollo y conseguir la articulación
espacial necesaria en la que fundamentar su crecimiento e incorporación a Europa en condiciones
de igualdad competitiva.
En este apartado se incluyen, señorías, entre otros, la aprobación y puesta en marcha del plan
director de infraestructuras, en el que se diseña un conjunto integral de actuaciones básicas en el
área de las infraestructuras para un horizonte de quince años, y el plan de reforestación, que
asume como objetivo la actuación en los próximos cuatro años sobre un billón de hectáreas, o el
plan hidrológico nacional que dibuja un esquema de intervención a largo plazo, asegurando el
mejor aprovechamiento de los recursos hídricos disponibles.
El conjunto de las políticas desarrolladas en estas tres áreas de actuación será congruente con un
proyecto que tiene como una de sus señas fundamentales de identidad el mantenimiento de la
cohesión social y territorial, buscando siempre la protección de los sectores que tienen una menor
capacidad de defensa frente a los desajustes cíclicos de la economía o simplemente frente a la
libre actuación de las fuerzas del mercado.
Esta dimensión solidaria de nuestra política debe ponerse especialmente de maniﬁesto en los
momentos actuales de diﬁcultad económica, y exige, como contrapunto inexcusable, una tarea
eﬁcaz para eliminar el fraude en las prestaciones. Pero los contenidos sociales de nuestras
políticas no sólo responden a las señas de identidad de un proyecto de progreso. Estamos
convencidos de que la mejora de la Educación, de la Sanidad y, en general, las políticas que
persiguen la igualdad de oportunidades son requisitos no sólo convenientes sino necesarios para
el desarrollo de nuestra economía y de nuestra sociedad. Por ello avanzaremos en estas políticas
en la medida de nuestras posibilidades y, en el necesario clima de austeridad en que debemos
actuar, dirigiremos los recursos disponibles hacia aquellos que más los necesiten, garantizando
que sirvan efectivamente a los objetivos a los que están destinados, y pediremos así los esfuerzos
de solidaridad en relación a las capacidades y a las posibilidades de todos.
Este mismo esfuerzo de solidaridad es el que explica nuestra voluntad de llegar a un acuerdo con
los interlocutores sociales para deﬁnir la estrategia que pensamos desarrollar en los próximos
años con el objetivo de crear empleo. En lo que hemos llamado durante la campaña el pacto por el
empleo. En lo fundamental, nuestra crisis no es diferente a la que padecen otros países de nuestro
entorno. En algunos de ellos, la responsabilidad de los agentes sociales está posibilitando la
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adopción de estrategias económicas que facilitan la redistribución de los costes de la salida de la
crisis.
Si queremos mantener los logros sociales alcanzados en nuestro país en el pasado decenio, resulta
obligado un nuevo esfuerzo colectivo que acepte la adopción de medidas imprescindibles para
afrontar y superar el actual período de recesión y de destrucción de empleo.
Estamos ﬁrmemente convencidos de que un acuerdo con los interlocutores sociales aumentaría
nuestras posibilidades de desarrollo económico y social y aprovecharía al máximo las
potencialidades que ofrece la estrategia que proponemos. El pacto social que estamos ofreciendo
a los interlocutores sociales no es sólo un pacto de rentas, es un pacto global que se plantea como
objetivo fundamental la creación de empleo. Este pacto social deberá contemplar la distribución
de los esfuerzos y de los sacriﬁcios, así como de los compromisos que se asuman dentro de una
estrategia de recuperación económica, de forma equitativa entre todos los sectores económicos y
sociales de la sociedad, tanto en su vertiente de política de rentas como de deﬁnición global de la
estrategia económica y de compromiso en las reformas estructurales que de ella se deriven, y
especíﬁcamente la del mercado laboral. Una política de rentas eﬁcaz y solidaria tiene que tener en
cuenta los objetivos de competitividad de nuestra economía. En este sentido promoveremos, en el
marco del diálogo social, la adopción de medidas que, siendo compatibles con el principio de
autonomía en la determinación de los salarios y de los beneﬁcios, garanticen la coordinación de las
distintas rentas con el esfuerzo de recuperación económica, de corrección de nuestros
desequilibrios básicos y, en deﬁnitiva, con la creación de empleo.
Paralelamente, nos proponemos realizar la reforma del mercado de trabajo que, promovida ya en
la anterior legislatura, está siendo debatida en este momento en el Consejo Económico y Social.
Esta reforma pretende ser global y equilibrada, sustentada en un acuerdo con los interlocutores
sociales sobre cuestiones que nos parecen básicas.
La primera de ellas es la adaptación de los servicios públicos de empleo, ya iniciada, con la
transferencia de la gestión de las prestaciones por desempleo del INEM al Instituto Nacional de la
Seguridad Social para conseguir que el Instituto Nacional de Empleo se centre en la función de
intermediación que desarrolla en el mercado de trabajo.
La segunda pretende la modiﬁcación de las actuales modalidades de contratación laboral, con el
ﬁn de lograr un equilibrio en el sistema de relaciones laborales que se base, sobre todo, en el
restablecimiento progresivo del principio de causalidad en relación con la contratación laboral, en
el fomento de la estabilidad en el empleo y en la introducción de mayores facilidades a la
movilidad interna de las empresas, tanto de carácter funcional como geográﬁco. Consciente de las
diﬁcultades que ello plantea, el Gobierno estará dispuesto a concertar con los agentes sociales
una política de vivienda que otorgue prioridad de acceso a ella a los trabajadores que se desplacen
de residencia por motivos laborales.
La tercera está vinculada a las políticas activas de empleo, políticas orientadas, sobre todo a
favorecer la creación de puestos de trabajo para aquellos colectivos con mayores diﬁcultades de
inserción en el mercado laboral, particularmente los jóvenes, las mujeres y los parados de larga
duración. También se orientarán a la ordenación, al uso más ﬂexible y al reparto del tiempo de
trabajo para crear más oportunidades de empleo y, a este efecto, se fomentará la utilización de los
contratos a tiempo parcial y de relevo y se recuperará el contrato de aprendizaje.
La cuarta cuestión básica se reﬁere a la política de Formación Profesional. Como recordarán
SS.SS, durante la anterior Legislatura se ha aprobado el Programa Nacional de Formación
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Profesional para el período 1993-1996, dotado con 500.000 millones de pesetas, y se ha llegado a
un acuerdo con los interlocutores sociales sobre formación continua para los trabajadores
ocupados, que también tendrá un importe de 200.000 millones de pesetas. En los próximos años
pretendemos dar un fuerte impulso a la política de Formación Profesional dentro de una
estrategia general de competitividad, de lucha contra el desempleo y de promoción social y
profesional de los trabajadores. Este impulso tendrá como soporte un importante esfuerzo
ﬁnanciero, como he dicho.
Finalmente, creemos que es necesario avanzar hacia un modelo de relaciones laborales más
participativas y cooperativas. El pacto social para el empleo es un buen instrumento para ello al
permitir profundizar en el desarrollo de la democracia industrial, extendiendo derechos de
información y consulta de los trabajadores e introduciendo nuevas formas de participación y de
colaboración en la empresa, contemplando al mismo tiempo la consiguiente
corresponsabilización.
Se trata, en deﬁnitiva, señorías, de intentar sustituir un modelo de relaciones laborales de
conﬂicto por un modelo de corresponsabilidad adecuado a las circunstancias del presente. En este
esquema se inserta una regulación del ejercicio del derecho de huelga que corresponsabilice a los
sindicatos, sobre todo cuando afecte a los servicios esenciales para la comunidad. Por nuestra
parte cumpliremos el compromiso electoral presentando el texto de la ley que decayó en la
anterior Legislatura.
En esta misma dirección cabe contemplar el propósito de regular la participación institucional de
los interlocutores sociales y apoyar los órganos paritarios de conciliación, mediación y arbitraje
que ellos mismos establezcan de común acuerdo.
Estas son en síntesis señoras y señores diputados, las líneas de actuación en materia económico-
social que me propongo aplicar para facilitar la recuperación económica, mejorando nuestra
competitividad, realizando las reformas estructurales necesarias, priorizando la Educación y la
Formación Profesional y dotándonos de mejores infraestructuras. Si consiguiéramos alcanzar un
acuerdo razonable con los agentes sociales en las materias que les afectan, tengo plena conﬁanza
en el potencial de nuestra economía y en la energía de nuestras empresas para dar un nuevo salto
hacia adelante en el camino de la prosperidad económica y social.
En segundo lugar, me gustaría hablarles del impulso democrático. Las pasadas elecciones,
señorías, han venido a desmentir en parte el supuesto alejamiento entre los ciudadanos y la
política. La elevada participación en las urnas y el alto grado de interés que despertó la campaña
electoral, inmersa en una grave crisis económica y en un clima de imputaciones generalizadas de
corrupción, son una buena prueba de este interés ciudadano. Sin embargo, la necesidad de dar un
nuevo impulso a la democracia nace de una reﬂexión sobre el momento histórico que nos toca
vivir. Se trata de una reﬂexión no especíﬁcamente española puesto que constituye una
preocupación difundida ampliamente en la mayor parte de las democracias europeas. Estamos
presenciando en Europa un cierto proceso de desafección de los ciudadanos respecto de las
políticas tradicionales los partidos políticos y sus representantes. Incluso me atrevería a decir que
asistimos a una cierta pérdida de aprecio hacia elementos esenciales del funcionamiento de la
democracia. Todo ello se traduce en una crítica general y sin matices de los partidos, de las
instituciones y de todos los ámbitos de la vida pública.
Sin dramatizar este distanciamiento, hemos de ser conscientes de la necesidad de revalorizar la
vida de los partidos y de las instituciones. Se trata de convertir al Parlamento en el centro real del
debate democrático, de dotar de mayores poderes al Consejo General del Poder Judicial, para
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hacer que la Justicia sea más eﬁcaz, de aumentar la eﬁcacia, la agilidad, la transparencia de la
Administración y hacerla más próxima al ciudadano. Analizaré, señor presidente, cada uno de
estos objetivos con algún detalle.
He insistido durante la campaña electoral en la necesidad de una Ley de partidos políticos, una
legislación que nos ayude a superar la desconﬁanza sobre la actuación y la ﬁnanciación de los
partidos. Los aspectos que debería regular esta Ley son, por una parte, los derechos y deberes
básicos de los aﬁliados a los partidos, en cumplimiento del mandato constitucional de
funcionamiento democrático, y, por otra parte, las fuentes de ﬁnanciación de los partidos políticos,
que deben limitarse, a nuestro juicio, a la ﬁnanciación pública y a la privada que provenga
exclusivamente de personas físicas, aunque esta última pueda llevar aparejada la posibilidad de
desgravación ﬁscal. Es preciso también regular en esta ley la contabilidad de los partidos para
hacerla más transparente, con el inexcusable corolario de reformar la Ley del Tribunal de Cuentas,
en orden a reforzar sus posibilidades de control.
Durante el período de campaña he ofrecido la creación de una comisión de encuesta a nivel
parlamentario, sobre la ﬁnanciación de los partidos. Mantengo ante esta tribuna esa oferta a los
grupos políticos de la Cámara.
En cuanto al Parlamento, debemos culminar la reforma de los Reglamentos del Congreso y del
Senado, muy avanzada ya en la anterior Legislatura, con el objetivo de recuperar las funciones más
genuinas de las Cámaras, es decir, la de legislar y, sobre todo,la de conocer, y aproximarse a los
problemas concretos a través del debate parlamentario.
La presencia permanente del Ejecutivo y de su propio presidente ha de facilitar una mejor labor de
control sobre sus actuaciones, todo ello orientado a fomentar el interés de los ciudadanos por las
cuestiones políticas que se debaten aquí. Pretendemos que la reforma del Reglamento del Senado
abra el camino hacia su deﬁnitiva conﬁguración como Cámara territorial más allá de su papel
actual como Cámara de segunda lectura. En este camino no descartamos promover una reforma
de aquellos aspectos de la Constitución que pudieran diﬁcultar ese objetivo, siempre que fuera
preciso y existiera el consenso parlamentario suﬁciente.
Parece necesario revisar también el sistema de provisión de los miembros de los órganos
constitucionales, tales como el Tribunal Constitucional, el Consejo del Poder Judicial o el
Defensor del Pueblo. A mi juicio, la elección de estos componentes deben seguir siendo
competencia del Parlamento, pero debemos arbitrar mecanismos de funcionamiento que eviten el
reparto de cuotas entre partidos y los bloqueos que se vienen produciendo como consecuencia de
la falta de acuerdo.
En relación con la Justicia creo que es legítimo señalar la enorme transformación realizada en
estos años. Se han multiplicado los medios personales y materiales, lo que ha requerido doblar la
participación del gasto en Justicia en relación con nuestro Producto Interior Bruto.
A partir de lo ya realizado, hay que dar un impulso deﬁnitivo que permita a la Justicia lograr el
aprecio de la ciudadanía que merece y necesita esta función del Estado. Para ello hay que dirigir el
esfuerzo prioritariamente hacia la calidad, lo que exige una mejora constante de la formación de
jueces y magistrados. Una mayor especialización debe tener también incidencia sobre la mejora
de la calidad en la actividad jurisdiccional.
Hay que preservar y profundizar en la independencia del Poder Judicial y, en paralelo,
perfeccionar también los mecanismos por los que se pueden exigir responsabilidades, para lo cual
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es precisa una reforma que permita ejercer sus poderes al Consejo del Poder Judicial, todo ello, de
acuerdo con lo que el propio Consejo viene demandando en sus informes. Por hacer referencia a
aspectos más concretos señalaré que la reforma procesal ha de ser aprobada con prontitud,
prestando especial atención al orden civil y contencioso-administrativo, que sufren las
consecuencias del aumento de la litigiosidad.
Señor presidente, señorías, la competitividad depende no sólo de la productividad del sector
privado de la economía, sino también de la calidad y buen funcionamiento de sus
Administraciones Públicas. Ello remite a la exigencia de modernización de la Administración, en
una triple faceta: logrando una eﬁciencia elevada que mejore la relación entre los costes y los
beneﬁcios de su funcionamiento, mejorando la calidad y la eﬁcacia de los servicios que se prestan
a los ciudadanos y ﬂexibilizando las rigideces de su funcionamiento, aumentando la transparencia,
haciéndose más accesible e incorporando tanto en las normas jurídicas que la regulan como en la
práctica diaria una cultura de servicio a los usuarios. Se trata, señorías, de conseguir estructuras
administrativas reducidas y eﬁcaces volcadas sobre las demandas de la sociedad. Por eso, es
propósito del Gobierno continuar en términos generales con la política de congelación del empleo
público. El complemento de esta política será un aumento de la movilidad y versatilidad del
personal al servicio de las Administraciones.
Pero una reﬂexión sobre el impulso democrático en un país tan descentralizado como el
nuestro quedaría incompleta si no contemplase las necesarias adecuaciones a esta nueva etapa
política del propio Estado de las Autonomías. Nuestro país, señorías, ha recorrido en pocos años
un largo camino, el que media entre un Estado autoritario y centralista y un Estado democrático y
fuertemente descentralizado. Este recorrido ha sido posible gracias al alto nivel de acuerdo
político que presidió tanto la Constitución como la aprobación de los diversos Estatutos de
Autonomía y, a partir de una y otros, presidió también las diversas etapas de la construcción del
Estado Autonómico.
En otros momentos he expresado ante esta Cámara la necesidad de articular una política
autonómica que sea capaz de responder a la homogeneidad y a la diferencia a los problemas que
son comunes y compartidos por todas las Comunidades Autónomas y a los que tienen su origen en
los indiscutibles hechos diferenciales que se derivan de peculiaridades geográﬁcas, culturales,
lingüísticas o del propio contenido estatutario de cada Comunidad.
La Constitución garantiza la igualdad básica de todos los ciudadanos españoles en la totalidad del
territorio, previene contra toda discriminación injusta y, a la vez, ampara diferencias organizativas
y competenciales entre Comunidades Autónomas, dentro del marco que es común a todas ellas.
Pues bien, en esta España plural y diversa, o, si lo preﬁeren, en la organización política que es el
Estado que nos hemos dado los españoles, resulta tan indispensable como posible asegurar la
cohesión territorial, la igualdad de oportunidades de los habitantes de todos ellos y la integración
en un proyecto compartido de responsabilidad de aquellas visiones legítimas y diferenciadas
sobre el Estado de las Autonomías, que nuestra Constitución ampara y los ciudadanos han venido
avalando con sus votos.
Por todo ello, quiero expresar a SS.SS la necesidad de seguir manteniendo el espíritu de acuerdo
que ha hecho posible la construcción del Estado autonómico, espíritu que me propongo solicitar
para todas aquellas cuestiones que, por afectar a la estructura territorial del Estado y a la
distribución del poder político, hacen conveniente una especial aproximación de posiciones.
Igualmente, deseo pedir a los grupos de la Cámara su contribución al avance decidido de la
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cooperación en el Estado de las Autonomías, objetivo para cuya consecución el Gobierno
impulsará los acuerdos ya alcanzados y desarrollará las fórmulas previstas en la reciente
legislación administrativa para la cooperación entre las instituciones.
En los últimos diez años la participación de la Administración General del Estado en al gasto de las
Administraciones Públicas ha caído en más de veinte puntos porcentuales en beneﬁcio de las
Comunidades Autónomas, preferentemente, y en una proporción menor, de las Corporaciones
Locales. Este proceso de descentralización política, administrativa y económica no ha concluido. A
lo largo de los próximos años ha de completarse lo dispuesto en la Ley Orgánica de Transferencias
a las Comunidades que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución,
mediante el traspaso de los medios personales y materiales necesarios. Esto signiﬁcará, señorías,
el traspaso de unas doscientas mil personas de la Administración Central del Estado a estas
Comunidades y alrededor de un billón de pesetas de 1992, que incrementarán sus Presupuestos y
reducirán el del Estado. Asimismo, la ampliación de competencias se plasmará en la reforma de los
Estatutos de estas diez Comunidades.
Para las Comunidades Autónomas del artículo 151 de la Constitución se trata de culminar en esta
Legislatura los traspasos que están todavía pendientes y que esas Comunidades solicitan. En este
sentido, señoras y señores diputados, el Gobierno,con los Gobiernos de esas Comunidades,
llevará a cabo una lectura conjunta de sus Estatutos que permita, a la luz de la Constitución y de la
doctrinal del Tribunal Constitucional, establecer el calendario de los traspasos. De este modo, la
superación del bloqueo de los años pasados se convertirá en una de la prioridades del Gobierno.
La ﬁnanciación de las Comunidades Autónomas recibió un nuevo impulso, en el año 1992, con la
suscripción unánime del acuerdo quinquenal de ﬁnanciación, en el que se avanza en materia de
suﬁciencia económica, se reducen las diferencias entre Comunidades en la ﬁnanciación general y
se mejora la disciplina ﬁnanciera del sistema. Sin embargo, no ha sido posible hasta ahora, dar
pasos signiﬁcativos en materia de corresponsabilidad ﬁscal una cuestión que resulta
indispensable en la actual conﬁguración del Estado de las Autonomías si no queremos que las
insuﬁciencias en los recursos públicos de las Comunidades Autónomas se traduzcan en demanda
de nueva ﬁnanciación con cargo a los Presupuestos del Estado.
Como he dicho en varias ocasiones, la introducción práctica del principio de corresponsabilidad
ﬁscal ha de hacerse compatible con el principio de solidaridad que exige nuestra Constitución e
inspira la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, y debe también
legitimarse mediante el más amplio acuerdo posible en el seno del Consejo de Política Fiscal y
Financiera en el que participan todas las Comunidades Autónomas. Antes del mes de octubre, el
Consejo de Política Fiscal y Financiera será convocado para cerrar un acuerdo en esta materia
que, una vez conseguido, será trasladado a la Ley de Presupuestos para 1994.
Las peculiaridades económicas de Canarias, señorías, han quedado salvaguardadas en su
especíﬁco proceso de integración en la Comunidad Europea. En esta Legislatura el Gobierno
completará el régimen económico ﬁscal de las Islas. Este proceso habrá de incluir el
establecimiento de instrumentos especíﬁcos de desarrollo y también la creación de una zona
económica especial competitiva. Para ello, quiero contar, naturalmente, con el diálogo y el
entendimiento del Gobierno autónomo de Canarias.
Además, señorías, esta Legislatura debe ser la que haga posible, tras años de discusiones y
desacuerdos, la aprobación de los Estatutos de Autonomía para las ciudades de Ceuta y Melilla,
conforme a lo aprobado en el último debate sobre el Estado de las Autonomías celebrado
recientemente en el Senado.
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Pero la descentralización del Estado no puede olvidar el papel que juega las Corporaciones
Locales y el que les ha de corresponder en esta nueva articulación del país, que se basa
esencialmente, en el acercamiento de los poderes públicos a los ciudadanos. Por ello, señorías, les
propongo impulsar debates políticos y los necesarios acuerdos institucionales que permitan
deﬁnir en esta Legislatura nuevas funciones para las entidades locales. Para ello, el Gobierno
preparará un Libro Blanco y hará uso de su iniciativa legislativa para la modiﬁcación del régimen
local básico de las grandes ciudades.
Todas estas transformaciones, señoras y señores diputados, tienen que venir acompañadas de las
oportunas modiﬁcaciones administrativas. La eliminación de las duplicidades, cuando las hubiere,
y la simpliﬁcación de las Administraciones Públicas son exigencias del perfeccionamiento del
Estado que el Gobierno habrá de impulsar mediante fórmulas de cooperación entre
Administraciones y mediante una nueva Ley de Organización de la Administración General del
Estado que afectará también a su organización territorial, en lo que se reﬁere a su propia
Administración. Un esfuerzo de racionalización y de simpliﬁcación que espero sea acompañado
por uno equivalente en las Comunidades Autónomas y en las Corporaciones Locales.
Permítanme adentrarme ahora en la política exterior y en el necesario impulso europeo.
La anterior Legislatura se inició en un marco ilusionante por lo que se reﬁere a la conﬁguración de
un nuevo orden mundial. El año 1989 fue, entre otros muchos acontecimientos de gran relevancia
el de la caída del Muro de Berlín. Sin embargo, la caída del muro ha sido el mejor símbolo de los
cambios que, aún siendo portadores de grandes esperanzas, plantean retos e incertidumbres que
debemos despejar para construir un nuevo orden mundial más democrático y más justo.
Los vientos de libertad que han modiﬁcado profundamente los sistemas de relación y de
cooperación entre las naciones han traído también inestabilidad e incertidumbre.
Desde aquel 1989el mundo ha cambiado radicalmente: en menos de cuatro años, Alemania se ha
uniﬁcado, la "guerra fría" se ha quedado en el pasado, la Unión Soviética ha desaparecido y el
comunismo ha dejado de ser una ideología con fuerza en la esfera internacional. En Europa hay
hoy una veintena de Estados más que entonces y, coincidiendo con estos fenómenos, que han
traído nuevas oportunidades, se ha producido también una globalización de la economía en
numerosos ámbitos, cuyos efectos todavía no se logran calibrar ni controlar en su totalidad.
No quiero detenerme hoy en el pasado, sólo esbozar la magnitud del cambio que se ha producido y
señalar que creo que España ha salido bastante airosa de esta gran turbulencia. La pieza clave del
orden internacional debe ser el sistema de Naciones Unidas y, en particular, la actividad del
Consejo de Seguridad. Por eso, en su día, nos esforzamos por estar presentes en el Consejo de
Seguridad durante este período de grandes decisiones y hoy defendemos un Consejo de
Seguridad eﬁciente, pero también más representativo de la realidad internacional.
El sistema internacional reclama hoy no sólo legitimidad sino también operatividad, lo que implica
reforzar la capacidad para llevar a cabo una diplomacia preventiva y misiones de paz y
humanitarias. España no escatima sus esfuerzos en este sentido, como lo demuestra la presencia
militar en misiones de paz y humanitarias en la antigua Yugoslavia, o en Angola,en Nicaragua, o en
El Salvador.
Deseo expresar en este punto mi profundo reconocimiento, que estoy seguro comparten SS.SS. y
todo el pueblo español, hacia nuestras Fuerzas Armadas por la labor que realizan en la antigua
Yugoslavia. Quiero que estos españoles, que en algunos casos ya han ofrecido sus vidas
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protegiendo otras vidas y los derechos humanos en Bosnia, sepan que merecen nuestro mayor
respeto y nuestro mayor apoyo, igual que sus familias merecen toda nuestra solidaridad.
En la redeﬁnición de un nuevo orden mundial España debe impulsar también una renovada
relación con los Estados Unidos, que se debe completar con un nuevo modelo de relaciones entre
la Unión Europea y ese gran país. Debemos esforzarnos en dotar de mayor contenido esta relación
y darle nuevo vigor desde el punto de vista económico, político, social y cultural. Ninguno de estos
avances se puede hacer a costa de la dimensión iberoamericana de España. La progresiva
construcción de la comunidad iberoamericana, a través de las Conferencias de Jefes de Estados y
de Gobierno, cuya tercera edición -espero que fructífera- celebraremos dentro de unos días en
Brasil, está contribuyendo ya al asentamiento de la libertad, la democracia, el desarrollo y la paz
en las naciones del continente. Y ello justiﬁcaría, por sí sólo, la presencia activa de España en este
foro y su empeño en fortalecerlo. Tampoco se puede olvidar la relación prioritaria de España con
los países del Mogreb y, en general, con los países del Sur del Mediterráneo, cuya estabilidad y
prosperidad económica también necesitamos. En relación con ellos, España tiene que realizar un
esfuerzo de política de cooperación al desarrollo, como aportación a un nuevo orden mundial que
debe basarse en la justicia y en la solidaridad. Pero en el marco inestable del panorama
internacional pocos proyectos han sido capaces de resistir o de adaptarse a las nuevas
circunstancias como el de la Unión Europea, e incluso éste ha padecido convulsiones como las que
han signiﬁcado las diﬁcultades de ratiﬁcación del Tratado de la Unión o las tormentas monetarias
que han amenazado gravemente la continuidad del Sistema Monetario Europeo y han presionado
también, de forma muy importante, sobre nuestra moneda.
Pese a esas diﬁcultades, el proyecto de Unión Europea sigue siendo factor de estabilidad,
paciﬁcación y progreso para todo el continente, constituyendo, además, una aportación
inestimable a la estabilidad mundial y a la constitución de un nuevo orden multipolar de fuerte
componente regional. Sin embargo, hemos asistido en los últimos años a un intenso debate,
dentro y fuera de nuestro país, sobre las ventajas e inconvenientes de la Unidad Europea para el
continente en su conjunto, y para cada una de las naciones que lo integran. Este debate ha
evidenciado la tentación que sienten algunos sectores europeos de ensimismarse, de que cada
país se repliegue sobre sí mismo, de ceder a la tentación hipernacionalista. Hoy, más que ayer,
necesitamos, a mi juicio, menos separación y más integración; más Europa. Para lograrlo, la
construcción europea debe ser capaz de ganar legitimidad y respaldo, de generar crecimiento y
empleo y de lograr una capacidad de iniciativa internacional. El camino para ello es el que se
diseñó en el Tratado de la Unión Europea, que espero entrará en vigor en el otoño, una vez
superadas las reticencias para su ratiﬁcación en algunos países.
La tarea más urgente será la de asegurar que avanzamos por la senda que conduce a la Unión
Económica y Monetaria, a cuya primera cita España no debe faltar. Además, estoy ﬁrmemente
convencido como saben SS.SS, de que las políticas de convergencia necesarias para asegurar ese
encuentro con la Unión Económica y Monetaria son las mismas políticas que España necesita para
salir de su actual crisis económica. No se trata de sacriﬁcar nada a un afán europeísta abstracto
sino de fortalecer económica y socialmente a nuestro país practicando un europeismo concreto,
en el que, por lo demás y en buena parte gracias a nuestro esfuerzo, se han incorporado
mecanismos de cohesión económica y social.
La Unión Europea no es un proyecto concluido; deberemos aprovechar estos años para el
desarrollo político interno de la unión, que le permita situarse como núcleo estabilizador y
uniﬁcador de la nueva Europa, con la perspectiva de la ampliación a países como Suecia, Austria,
Noruega o Finlandia y de las políticas de apoyo a los países de la Europa Central y Oriental. De
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todos estos desarrollos, señorías, internos y externos, el Gobierno mantendrá puntualmente
informada a esta Cámara. En esta legislatura no sólo deberemos poner en práctica el Tratado de la
Unión Europea sino que también deberemos tal y como está previsto para 1996, trabajar en su
reforma. Asimismo hemos de ratiﬁcar el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y su
Protocolo de adaptación. Creo que nuestro Parlamento debe implicarse activamente en esas
tareas y espero, por ello, la colaboración de SS.SS. reforzando la defensa de los intereses de
España.
Los avances en el proyecto europeo incluyen una política exterior y de seguridad común. España
se propone seguir participando activamente en la adaptación y transformación de la Alianza
Atlántica, apoyar el desarrollo paulatino de la Unión Europea Occidental y seguir participando,
como ya he señalado, en operaciones de paz bajo mandato de Naciones Unidas. Si este proyecto
no contara con el apoyo de los ciudadanos, actores y destinatarios del mismo, resultaría vano.
Por ello me propongo fomentar el debate y reforzar la información sobre este proyecto histórico
de manera constante y en especial con ocasión de las elecciones al Parlamento Europeo de junio
de 1994. Entonces tendremos ocasión de contrastar la identiﬁcación de las fuerzas políticas y del
electorado con este proyecto de futuro. En los últimos años, España, señorías, ha recuperado el
lugar que le correspondía en Europa y en el mundo. Mantenernos en él, en un mundo en cambio,
no será automático; requiere voluntad, esfuerzo y perseverancia. Por mi parte no los escatimaré,
en el buen entendimiento de que ése es el interés de todos los españoles.
Y concluyo. Tras haberles señalado los grandes ejes y prioridades que conﬁgurarán la acción del
Gobierno, permítanme, señor presidente, señorías, que retome el sentido global de mis
consideraciones iniciales. Comparezco por cuarta vez a una sesión de esta naturaleza. En 1982
tratamos de interpretar el deseo de cambio de una sociedad que apostaba con conﬁanza por la
normalización y la estabilidad democrática, por la superación de una crisis económica profunda y
por el desarrollo de nuestro Estado Autonómico, además de por la inserción en el proyecto
europeo.
En 1986, al inicio de un período de crecimiento que ya se manifestaba con claridad, nos
propusimos profundizar en la modernización económica y social, sentar las bases de una sociedad
más cohesionada y más solidaria, asegurando para todos unas prestaciones de bienestar, de las
que muchos españoles habían carecido, y adaptar todas nuestras estructuras al marco
comunitario al que acabábamos de incorporarnos.
En 1989, afrontábamos un período de preparación para responder a las exigencias del Acta Única
y del mercado interior, así como de los retos especíﬁcos de 1992, en un debate que coincidió
cronológicamente con la caída de las dictaduras del centro y del este de Europa, origen de una
euforia para la que había muchas razones legítimas, pero que minusvaloraba las grandes
diﬁcultades y los muchos problemas que el nuevo escenario conllevaría.
En todas esas ocasiones obtuve el apoyo mayoritario de la Cámara para un proyecto de progreso.
Pido hoy ese apoyo para cubrir un nuevo tramo del período entonces iniciado, pero, y sobre todo,
para abrir con decisión una nueva etapa. Así lo exige el entorno, cada vez más abierto, en el que
nos movemos, los grandes cambios que se están produciendo, la novedad de las respuestas que
hemos de encontrar en un contexto de diﬁcultad y de incertidumbre. Así lo reclama la propia
transformación de nuestra sociedad, bien distinta hoy a la de hace apenas una década que ha
dejado atrás muchos de sus problemas, largo tiempo enquistados, pero que muestra una lógica
inquietud ante otras nuevas preocupaciones.
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En las elecciones del pasado 6 de junio la sociedad española ha expresado de una manera clara su
voluntad y su deseo de que se abra esta nueva etapa. Ha manifestado, además, mayoritariamente,
que la acción y las decisiones políticas giren en torno a la oferta socialista y se perﬁlen con las
fuerzas políticas que contribuyan a la estabilidad gubernamental y se articulen tratando de
encontrar el mayor apoyo y participación política y social.
He podido constatar ese mismo deseo de iniciar una nueva etapa en las conversaciones políticas
que he mantenido con representantes de grupos con presencia en esta Cámara, así como en las
llevadas a cabo con los interlocutores sociales: sindicatos y empresarios.
Las líneas de acción que les he presentado y el Gobierno que me propongo formar han de
responder a ese reto fundamental y descansan en una conﬁanza profunda en la capacidad de
nuestra sociedad para afrontarlo.
La sociedad española es hoy más libre, más plural, más heterogénea, más abierta y más
cohesionada, social y territorialmente, que antes. Sus generaciones más jóvenes son las más
formadas y hemos de ser capaces, por el bien de todos, de abrirles un espacio de oportunidad para
que pongan en práctica sus muchas posibilidades. En este sentido, no querría acabar mi
intervención sin mencionar la necesidad de abordar una acción decidida y preferente para
favorecer la incorporación activa de sectores sociales tradicionalmente relegados al quehacer de
la sociedad española. Se trata, señorías, de los jóvenes y de las mujeres. Se trata no sólo de
fomentar su incorporación al mercado de trabajo: se trata de su incorporación en plenitud a la
vida social y política, se trata de incorporar sus sensibilidades y sus preocupaciones. Todo ello
forma parte de las mías personales y tendrá, obviamente, un reﬂejo en la acción del Gobierno que
aspiro a presidir.
Toda nuestra sociedad, como conjunto, es cada vez más conscientes de que tenemos que afrontar
con valentía estos cambios que tenemos ante nosotros. La acción política de progreso consiste en
la capacidad para articular respuestas eﬁcaces, conjuntas y solidarias a través del diálogo, del
acuerdo y de la participación.
Para este tipo de acción, en esta nueva etapa, comprometo la plena disponibilidad de mi Gobierno
y del Grupo que represento. Para este tipo de acción, que nos permitirá ganar el futuro, recabo la
participación activa de todos y cada uno de nuestros ciudadanos y ciudadanas y solicito también el
voto favorable de la Cámara.
Muchas gracias.
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