<text year="1989" periodo="1996" partido="PSOE">
IV Legislatura
Discurso de investidura de Felipe González Márquez
Congreso de los Diputados, lunes 4 de diciembre de 1989
Señor presidente, señoras y señores diputados,
En cumplimiento del mandato constitucional, subo a la tribuna para solicitar el voto favorable de
la Cámara a la investidura.
La primera consideración que deseo hacer, a la vista de las resoluciones judiciales sobre el proceso
electoral, es que considero que la situación, desde el punto de vista político, debe estimarse como
de provisionalidad. No hay ninguna consideración jurídico-constitucional que permita alterar el
proceso de toma de decisiones de la Cámara, y por consiguiente, el procedimiento para llegar a la
investidura. Pero ninguna consideración, desde el punto de vista político, sobre las relaciones de
mayorías o de minorías, debe ocultar el hecho de esta situación de relativa provisionalidad.
Primera consideración, pues.
Segunda consideración, y en función o derivada de ésta, es que pediré a la Cámara, cuando se haya
aclarado deﬁnitivamente el resultado electoral, la conﬁanza como presidente del Gobierno.
En tercer lugar, debería añadir que en la situación actual ni puede ni debe interrumpirse la tarea
de gobierno. Por consiguiente, se justiﬁca plenamente la realización del acto que celebramos hoy
y la asunción de responsabilidades, si la mayoría de la Cámara apoya o aprueba la investidura.
En esta circunstancia, voy a limitar mi intervención a exponer las líneas generales del proyecto
que estimo necesario desarrollar en los próximos cuatro años; a analizar también el cuadro de
referencia, es decir, las condiciones internas y las condiciones externas en que va a desarrollarse
durante este período, y a tomar posición sobre algunas de las prioridades básicas para su
realización. Es obvio que el programa electoral del Partido, como el de todos los partidos, ha sido
ampliamente difundido durante la campaña electoral y sería absurdo que reiterara ante la Cámara
sus contenidos pormenorizadamente. Es obvio también, pero conviene recordarlo, que el
Gobierno que pueda formar respetará y aplicará estrictamente el contenido de ese programa que,
en deﬁnitiva, es el compromiso entre los electores que han depositado su conﬁanza en el Partido
Socialista y los responsables políticos del propio Partido Socialista. En este caso, entre los
electores y el candidato a la Presidencia del Gobierno.
En primer lugar, ¿qué proyecto estimo necesario para nuestro país en los próximos años? Querría
recordarles que la primera etapa de Gobierno socialista se caracterizó por la lucha contra una
grave crisis económica; por una política de saneamiento y de reconversión; por la superación de
algunas amenazas que pesaban todavía sobre el sistema democrático, tratando de conseguir
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estabilidad; por la puesta en marcha, en su conjunto, del Estado de las Autonomías, y por la
deﬁnición de nuestra posición en el mundo, a través de la culminación del período de negociación
con la Comunidad y la ﬁjación de nuestra participación en la Alianza.
En la etapa siguiente, iniciamos la recuperación económica, con una tasa de crecimiento que ha
permitido generar empleo a un ritmo importante y ha permitido también aumentar el esfuerzo en
política social e infraestructura. Asimismo, hemos comenzado en esa etapa, nuestra adaptación a
la Comunidad y asumido unánimemente en las Cámaras de Acta Única; Se ha normalizado, por
consiguiente, nuestra participación en el funcionamiento de las instituciones europeas y
occidentales.
El Estado de las autonomías se ha hecho una realidad en funcionamiento, aunque haya que seguir
avanzando.
¿Qué pretenderíamos hacer en la tercera etapa? en primer lugar, pretenderíamos mantener una
tasa de crecimiento con equilibrio, por encima de la media comunitaria, como un instrumento
-repito como un instrumento- necesario para que nuestra economía se adapte a los desafíos que
tiene planteados en 1992: Acta Única y culminación, en lo fundamental, del período de adhesión
previsto en el Tratado. En segundo lugar- pero no en el orden de las prioridades-, para conseguir
que siga incrementándose la tasa de empleo en nuestro país y, por consiguiente, reduciendo las
cifras de paro. En tercer lugar, para aumentar nuestra capacidad de hacer una política social que
reequilibre las desigualdades que existen en la sociedad española. En cuarto lugar, para mejorar
los servicios y aumentar el grado de bienestar y, en quinto lugar, para seguir desarrollando la
política de infraestructuras que permitan conseguir que ese crecimiento, sostenido y equilibrado,
se transforme en un verdadero desarrollo económico y social. Ese proyecto se complementará con
la mejora de nuestra seguridad interna y externa y con la potenciación de nuestra presencia en el
exterior en un momento en el que se están produciendo cambios extraordinariamente
importantes y profundos.
Pretendo que la actuación del Gobierno -como esta misma intervención- se oriente de manera
constructiva hacia la búsqueda de zonas de acuerdo ,que estoy seguro que existen entre nosotros,
en cuanto a los objetivos fundamentales planteados a la sociedad española en los próximos años.
Y lo hago porque soy consciente de que la tarea transciende las fronteras de una sola formación
política, más allá de que ésta reciba el apoyo mayoritario y tenga la obligación de asumir la función
de gobernar. Por consiguiente, sin renunciar a la responsabilidad que nos toque, estoy haciendo
un llamamiento a las fuerzas políticas (instituciones autonómicas y locales, interlocutores sociales
y económicos) para que aunemos esfuerzos, en la mayor medida de lo posible, frente a los desafíos
y las oportunidades que se ofrecen a España en el horizonte de esta legislatura.
Me han oído decir públicamente que si España consiguiera mantener el ritmo de crecimiento del
período 1985-1989, al ﬁnal de la década que comienza dentro de unos días estaría en condiciones
de multiplicar por dos su capacidad de creación de riqueza cada año. Como esto por sí mismo no
cualiﬁca el progreso de una sociedad, aunque sea, a mi juicio, una condición necesaria; si con este
crecimiento conseguimos seguir creando empleo, como se viene produciendo, y aumentando su
calidad, habremos superado el más angustioso problema del quehacer político y dado también una
respuesta de integración a jóvenes y a mujeres. Pero, además, sostener un ritmo de crecimiento
de esta naturaleza manteniendo unos presupuestos sanos, nos permitirá una capacidad de gasto
social, en el sentido más amplio del término, más de dos veces superior a la del comienzo del
período.
Lo mismo cabría decir del desarrollo de las infraestructuras y de la atención a problemas tan
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importantes como los de medio ambiente, investigación o los propios problemas hidrológicos.
Algunos pueden considerar el análisis como poco ambicioso; otros, tal vez, lo consideren utópico,
pero sólo hago un esfuerzo por trasladar, por proyectar, hacia los próximos años lo que ya viene
ocurriendo, naturalmente, haciendo las correcciones para mejorarlo que sean necesarias.
Pero si este mínimo ambicioso por compatibilizar las distintas posturas que pudieran darse para el
progreso económico y social de nuestro país, sirviera de base de acuerdo entre nosotros, nuestros
debates tendrían el sentido global de ofrecer fórmulas más acertadas según la óptica de cada cual
para mejorarlo o para acelerarlo poniendo énfasis, diferentes, naturalmente en las también
diferentes prioridades de cada cual; pero podríamos decir que hay un proyecto colectivo que,
respetando esas diferencias y las alternancias, tiene posibilidades ciertas de ser llevado a cabo.
Pero todo proyecto político se sitúa en un cuadro de referencia, en unas condiciones internas y
externas que conviene analizar y tomar posiciones frente a ellas para hacerlo avanzar. España
como país se inserta cada vez más en las instituciones comunitarias y participa en la construcción
europea que en el horizonte de los próximos cuatro años tiene proyectos con fecha ﬁja que nos
afectan directamente, como el Acta Única o el ﬁnal del período transitorio de nuestro Tratado de
Adhesión. Hay proyectos en discusión, como la Unión Económica y Monetaria, y hay grandes
cambios en la propia conﬁguración de Europa que abren interrogantes de un extraordinario
calado. Permítanme algunas reﬂexiones sobre ello.
Hoy parece claro, y el muro de Berlín, como símbolo lo conﬁrma, que estamos asistiendo a la
recomposición del orden político, económico y de seguridad vigente desde la Segunda Guerra
Mundial. La profundidad y la velocidad de los cambios en la Europa del Este son de tal magnitud
que repercutirán directamente -ya está ocurriendo- no sólo en el futuro inmediato de esos países,
sino en el de los países y las instituciones europeas y occidentales de las que formamos parte. La
política de paz y de seguridad, la construcción europea, la relación con otras áreas del mundo,
como el Mediterráneo o América Latina, la propia ordenación política y económica de las
relaciones con estos países están en juego en estos momentos, y lo estarán en la etapa que
comenzamos.
España tiene que actuar positivamente en favor de estos cambios, y al mismo tiempo tiene que
preservar sus intereses internos y externos.
Nuestra posición, señorías, seguramente es mucho mejor hoy para hacer este trabajo que lo que
hubiera sido desde una situación de aislamiento, en el supuesto de que los acontecimientos que
hoy vivimos se hubieran producido unos años atrás. Pero no hay que desconocer los riesgos para
nuestro propio desarrollo interno y para algunos de los parámetros importantes de nuestra
política exterior, sobre todo para poder hacerles frente. Por tanto, junto a la gran satisfacción que
puede producir en todos nosotros, espero, la dinámica de los cambios hacia la democratización y
la transformación económico-social de los países llamados tradicionalmente como del Este de
Europa, junto a esa alegría o satisfacción también hay que analizar las consecuencias para operar
políticamente, tanto ayudando a que siga adelante el proceso cuanto defendiendo intereses
internos y externos.
Todo el mundo reconoce que los próximos años constituyen una etapa crucial para la construcción
comunitaria. El calendario de sus propios proyectos como Comunidad, así como los
acontecimientos de estos países que acabo de citar y sus repercusiones en los países
comunitarios, lo indican así. En el plazo de esta legislatura, el Acta Única y el mercado interior
estarán ya plenamente vigentes. Toda nuestra política económico-social e institucional habrá de
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responder a esta exigencia. Es evidente que este desafío no afecta sólo a la acción del Gobierno,
sino al propio comportamiento de los distintos sectores productivos, que se verán condicionados
por una competencia sin fronteras en un espacio común.
Las oportunidades para España de aprovechar esta situación para avanzar en el proyecto de
desarrollo socio-económico que antes señalaba son claras, pero también lo son los riesgos de una
falta de preparación suﬁciente, de una pérdida de competitividad, y de un distanciamiento. Los
acontecimientos en los países del Este están repercutiendo ya en el proceso comunitario. Hace
pocos días se dedicó una reunión informal del Consejo Europeo a este tema, y esta misma semana,
dentro de tres días, conoceremos las actitudes, y deﬁniremos las nuestras, de los distintos países
en temas claves para el proceso de unidad europea, como el propio comienzo de una conferencia
intergubernamental para redactar un nuevo Tratado de Unión Económica y Monetaria.
Las relaciones comunitarias con el exterior, señorías, prácticamente inexistentes en lo que se
reﬁere al conjunto de países del Este (con algunas excepciones conocidas), están cambiando
rápidamente en esa dirección y planteando, sin duda, problemas para otras áreas de atención
tradicional, como la del Mediterráneo, o incipiente, como la de América Latina.
A nuestro juicio, España debería aportar una posición que podríamos deﬁnir rápidamente en los
siguientes puntos.
En primer lugar, el apoyo a la realización del Acta Única en los plazos previstos en el propio
Tratado. El mercado interior, el desarrollo de la Carta Social y la continuación y profundización de
la cohesión económico-social en la Comunidad, deben mantener su ritmo, un ritmo ya importante,
para que, a primeros de enero de 1993, esté plenamente vigente el espacio común que queremos
construir a través del Acta Única.
En segundo lugar, a mi juicio, nosotros deberíamos apoyar una mayor celeridad en la construcción
de la Unión Económica y Monetaria y, por consiguiente, ﬁjar nuestra posición como una posición
positiva a la realización ya de la conferencia intergubernamental.
En tercer lugar, deberíamos orientar nuestra posición comunitaria a estimular la cooperación
política, nacida del Acta Única, y su coherencia con las relaciones externas de la Comunidad, hasta
ahora, funcionan como dos mecanismos separados, en tanto que la cooperación política no tiene el
mordiente de canalizar las relaciones económico- comerciales, las relaciones exteriores se
centran, fundamentalmente, en esas relaciones económico-comerciales.
Pero la situación cambiante en el conjunto de Europa también plantea problemas de una
extraordinaria importancia en el campo de la seguridad. Creo que todo el mundo está convencido
de que vivimos la mejor oportunidad, desde hace cuarenta años, para garantizar, con una política
de desarme ﬁrme, una paz mediante el equilibrio en el nivel más bajo posible.
La posición de España, a mi juicio, en relación con esa nueva política de seguridad, debería ser la
de proponer una modiﬁcación, un cambio en la propia política de las alianzas, y en particular de la
Alianza a la que pertenecemos, para que el peso de las decisiones políticas sea un peso creciente y
contribuya a ser un marco de estabilidad en las relaciones Este-Oeste que facilite la dinámica de
los cambios hacia la democratización y hacia la superación de los problemas económicos de los
países del Este. Comparto la idea de que algunos problemas de fronteras, y en particular los
problemas que afectan a Alemania, deben ser resueltos en el proceso de la construcción unitaria
europea.
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Por tanto, hay una nueva dimensión en las relaciones Este-Oeste a la que debe responder una
concepción nueva de la política de alianzas que, sin duda alguna, estimarán como obsoletas,
probablemente sin la conciencia clara de que no habría la posibilidad siquiera de una política de
desarme convencional, como la que se propone en Viena, si no existiera un marco de referencia,
un cuadro que permitiera llegar a acuerdos y después que permitiera que los acuerdos fueran
cumplidos en un plazo razonable; Nunca serán inferiores a seis o siete años los acuerdos previstos
en este momento. Pero también es cierto que los acuerdos propuestos sobre desarme se están
convirtiendo en estos momentos, afortunadamente, en un mínimo y no en un máximo de
aspiraciones.
Nosotros estamos dispuestos a fomentar la cooperación con los países del Este, a estar presentes
en los procesos de cambio, desde la conciencia clara de que se trata de una profunda
transformación de sistemas totalitarios en sistemas democráticos, sin entrar en disquisiciones
sobre qué supone eso respecto de las ideologías que han protagonizado los sistemas afectados
por esta dinámica de cambios, considerando que se trata de un proceso de una gran trascendencia
histórica para Europa y de una gran trascendencia histórica para el mundo, y partiendo
fundamentalmente de la base de que estamos asistiendo al cambio de unos sistemas políticos y
socioeconómicos y, por consiguiente, a una transformación que merece la pena ser analizada y, a
nuestro juicio, apoyada.
Es evidente que, al mismo tiempo, esos cambios están focalizando la atención de los países
comunitarios hacia el área centroeuropea. A nuestro juicio, ese interés que compartimos y en el
que deseamos participar no puede desviar la atención ni los compromisos de la Comunidad hacia
áreas de atención preferente para la política exterior de España, pero creo que también para la
política de los países que componen la Comunidad como el Mediterráneo o como América Latina.
Es cierto que el esfuerzo realizado con algunos de los países del Este, como Hungría y Polonia, en
los últimos años o en el último año, es ya mayor que todo el acuerdo de ﬁnanciación para el
Mediterráneo. Por tanto, el problema está presente y la deﬁnición de las actitudes de cada uno de
los países seguramente servirá para condicionar, en el sentido positivo, el desarrollo futuro de
este proceso.
Como diré más adelante, esta nueva situación de distensión, esta nueva situación de cooperación
y de paz, de diálogo político, de superación del enfrentamiento entre sistemas antagónicos, dan
también oportunidades importantes desde el punto de vista de nuestra política de defensa en el
plano interior. Afortunadamente, España está presente en todos los foros de discusión y, por
consiguiente, puede hacer oír su voz y cooperar, en un esfuerzo con los demás países con los que
se integra, para garantizar que ese proceso sea un proceso ordenado; un proceso, en deﬁnitiva,
hacia la democratización y la libertad a la que aspiran los países del Centro y del Este europeo, sin
que produzca desequilibrios que pongan en riesgo -como reconocen los máximos responsables de
esos procesos- la propia transformación de los países. Tenemos también, en el curso de la época
que se inicia, condiciones internas para desarrollar un proyecto político, económico y social.
En la actual situación de España la gestión de cualquier Gobierno está determinada por la
necesidad de coordinar sus políticas con las Comunidades Autónomas y con los Ayuntamientos o
Cabildos. El cuadro de reparto de competencias en materias tan importantes como vivienda,
sanidad, educación, medio ambiente, consumo, etc, exige estrechar la cooperación para aumentar
la eﬁcacia a la hora de ejercer las que cada Administración Pública ostenta de manera compartida
o de manera exclusiva. Esto es aún más cierto cuando se trata de asuntos que afectan a las
competencias de las Comunidades Autónomas y, a su vez, son atribuidos a las Comunidad
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Europea.
En todo caso, hoy las Comunidades Autónomas son responsables de servicios públicos
importantes y de tareas muy sensibles para los ciudadanos. En este momento controlan un
volumen de gastos superior a los cuatro billones de pesetas. Para los pasos que haya que dar a ﬁn
de mejorar el funcionamiento del conjunto, deseo reiterar, en el frontispicio de esta Legislatura,
nuestra oferta a las fuerzas políticas representativas para alcanzar acuerdos que permitan seguir
avanzando en un marco de estabilidad y centrados en cuestiones tales como el ámbito
competencial de las Comunidades, del artículo 143; el papel del Senado como Cámara de
representación territorial; o la necesaria negociación, por razones de calendario, sobre temas de
ﬁnanciación y de cupo vasco. Esta exigencia de coordinación y de cooperación entre las
Administraciones públicas y de diálogo y acuerdo entre las fuerzas políticas no deseo plantearla
como algo que disminuya la responsabilidad del Gobierno, que debemos asumir en su plenitud,
sino como la vía más adecuada para que nuestra actuación sea más eﬁcaz en la realización de un
proyecto de progreso para nuestro país.
Dentro del cuadro de condiciones internas de nuestro país, la fecha del 1992 tiene referencias
muy precisas sobre las que me pronunciará muy rápidamente. Acontecimientos que sin duda
afectarán a la imagen de España, como la Exposición Universal de Sevilla, los Juegos Olímpicos o la
capitalidad cultural europea en Barcelona y en Madrid respectivamente, tienen además una
incidencia importante en los proyectos de desarrollo de infraestructura. Querría decir que por
razones de calendario, además de por su importancia en sí misma, esto constituye una ineludible
prioridad en la acción del Gobierno y de las instituciones. Nosotros estamos dispuestos a asumir
en su totalidad las que nos corresponden y a ofrecer, más allá de las diferencias que puedan existir,
enfoques de planteamientos y, desde luego, de fuerzas políticas responsables en cada una de las
instituciones, toda la cooperación necesaria para que sean un éxito; éxito de eﬁcacia y de
realización, convencidos también de la importancia que tienen en la mejora de las infraestructuras
que favorecerá al sistema de comunicaciones en el conjunto de nuestro país.
He comenzado hablando de los rasgos fundamentales de un proyecto de desarrollo económico y
social para España en los próximos años y he hablado del crecimiento sostenido y equilibrado
como una condición, como un instrumento necesario para la realización de esos objetivos
económicos y sociales, y también para acercarnos al horizonte del 1992 en buenas condiciones.
Ese crecimiento debe ser superior al de la media comunitaria si queremos continuar en la política
de aproximación a esa media comunitaria. Debe ser sostenido a lo largo de los años y, para ello,
equilibrado. Se trata, por tanto, de eliminar las amenazas que penden sobre nuestro crecimiento
en estos momentos y de mantener una actitud de vigilancia y de rigor en el futuro.
Para empezar hemos de reconocer que la tasa de crecimiento de los últimos años, bastante
superior a la media europea, está siendo amenazada por dos desequilibrios básicos que nos
afectan desde hace meses: la inﬂación y el déﬁcit comercial. Como no soy especialista en la
materia y lo que me interesa, es el efecto, que la economía española genere empleo, gane
competitividad y cree riqueza para acercarnos al grado de justicia social de los países europeos
más avanzados que nosotros, debo utilizar en mi razonamiento la aportación de los técnicos en la
materia, y si me lo permiten, la observación de la realidad de aquellos países en los que queremos
integrarnos. Ambos fenómenos, el repunte de la inﬂación y el desequilibrio comercial, parecen
tener el mismo origen: la demanda interior es bastante superior al crecimiento de la producción.
Ya terminamos el año 1987 con una tasa de inﬂación inferior al cinco por ciento, pero, desde
pocos meses después, el crecimiento de la inﬂación ha ido situándonos hasta una tasa del siete por
ciento, en la primavera de 1989, que se mantiene en este momento en ese entorno. Junto a ello, el
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incremento del déﬁcit comercial empieza a afectar seriamente a nuestra balanza de pagos por
cuenta corriente, y sólo está compensado este fenómeno por el impacto de las fuertes entradas de
capital y el consiguiente aumento de nuestras reservas. Esta situación de inﬂación ya nos obligó a
modiﬁcar el presupuesto de 1989 para compensar las pérdidas de poder adquisitivo de las rentas
dependientes de los Presupuestos Generales. Y este año, cuando conozcamos la tasa ﬁnal de
inﬂación, deberíamos, en justicia, hacer lo mismo en la aprobación de los presupuestos de la
Cámara.
El Gobierno ya adoptó un paquete de medidas monetarias y ﬁscales orientadas a disminuir el
consumo y a controlar la inﬂación como desequilibrio que consideramos más urgente corregir. Ha
sido motivo de polémica durante la campaña y después de la misma. La polémica se centraba en si
estas medidas eran o no suﬁcientes y si el Gobierno pensaba, pasadas las elecciones y en el
supuesto de continuar, adoptar otras de mayor dureza. Me gustaría repetir ante la Cámara lo que
he dicho en el mes de octubre: las medidas adoptadas para enfriar razonablemente el consumo
parecen suﬁcientes, está empezando a producir resultados y es necesario tener un poco de
tranquilidad para que estos puedan evaluarse serenamente, sin producir nuevas sacudidas. Pero
añadió entonces, y reitero ahora, que no ha sido nuestra intención, como responsables políticos,
someter a coyunturas electorales las decisiones que acertada o equivocadamente, estimamos que
deben ser adoptadas.
Esto es también válido en el momento de la investidura. Si creyera honradamente que hay que
modiﬁcar o aumentar las medidas ya adoptadas, así lo manifestaría a la Cámara. Es cierto que
debemos mantener la vigilancia en los próximos meses, y durante el debate presupuestario
tendremos la ocasión de ﬁjar nuestra posición como Gobierno que, tal como la veo en estos
momentos, tenderá a conseguir que el gasto público no sobrepase el crecimiento real de la
economía y podamos seguir reduciendo el déﬁcit público. De esta forma, estaremos en
condiciones de contribuir a la atención que necesitamos de las prioridades programáticas y, al
mismo tiempo, de contribuir también desde el sector público al control de la inﬂación.
Parece razonable en este terreno pensar que una política de acuerdos entre y con los
interlocutores sociales, tendente a mantener un crecimiento equilibrado de la economía española,
sería un factor muy importante en la fase en que entramos. La evolución de los salarios reales,
ligada a incrementos en la productividad, contribuirá sin duda a evitar la espiral de precios y
salarios tan perniciosa para el control de la inﬂación. Sería importante hacer un esfuerzo para no
caer en la tentación de retroceder en años, viéndonos obligados a acuerdos forzados por una
situación de fuerte desequilibrio o de necesidades de ajuste como los que conocíamos al principio
de la década.
Desde el Gobierno se seguirán estimulando las técnicas de innovación y de renovación de nuestra
industria para que gane en competitividad y apoyando las estrategias que persigan la creación de
grupos empresariales capaces de actuar en el mercado internacional. Asimismo, trataremos de
fomentar las inversiones en los mercados exteriores y el aprovechamiento de los retornos
industriales y tecnológicos que se derivan de la participación en nuestros proyectos europeos.
Para mejorar la distribución de los costes de nuestras empresas hay que insistir en el ahorro
energético y reducir los costes ﬁnancieros mediante una mayor competencia en el sector.
La política ﬁscal nos ha permitido en los últimos años un aumento considerable de los ingresos,
fundamentalmente como consecuencia de la lucha contra el fraude y, a partir de ahí, un control y
una disminución de nuestro déﬁcit público. Tenemos pendiente, señorías, una reforma del
Impuesto sobre la Renta que desearíamos hacer con el mayor apoyo parlamentario posible.
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Pretendemos mantener la progresividad del Impuesto, hacer un tratamiento favorable para las
rentas más bajas, y estimular el ahorro que, como saben SS. SS ha descendido al mismo tiempo o
de forma paralela al aumento del consumo. Pero la ﬁnalidad de toda política económica sigue
siendo la creación de empleo. En los últimos años nuestra economía ha hecho posible con su tasa
de crecimiento invertir la tendencia vivida durante una década y crear empleo a un ritmo
importante. Más de un millón y medio de puestos de trabajo netos es el resultado. Esto, con ser
considerable, no es suﬁciente para las necesidades de un país que había acumulado una enorme
bolsa de paro y en el que, además, se produce un fuerte ritmo de incorporación de jóvenes y de
mujeres a las ﬁlas de los nuevos demandantes de empleo. Por tanto, supuestas las condiciones de
crecimiento económico imprescindibles para aumentar el empleo, podemos y debemos actuar
para complementar en número y en estabilidad los puestos de trabajo. Debemos hacerlo
potenciando la formación profesional, en todos sus niveles, para adecuar oferta y demanda y
ofreciendo a los interlocutores sociales un acuerdo para el desarrollo de esta formación
profesional. Pero también reformando los servicios públicos de empleo y apoyando la
contratación indeﬁnida y la conversión de contratos temporales en empleos duraderos. Debemos
seguir fomentando la economía social, de cooperativas, de iniciativas locales de empleo o de
sociedades anónimas laborales, y estamos dispuestos a realizar un plan de prospección de
necesidades de mano de obra y de caliﬁcación de los demandantes de trabajo. Ya saben, señorías,
que en nuestro programa se contemplan también medidas de mejora en la protección del
desempleo, como aquellas que se reﬁeren a los desempleados mayores de cuarenta y cinco años,
pero pretendemos continuar guiados por la prioridad del fomento del empleo con preferencia a
las políticas de subsidio.
Como decía al principio de la intervención, el crecimiento económico, cuando se consigue, permite
mejorar la vida de los ciudadanos, pero este efecto ni es automático, ni es en sí mismo
generalizable. El equilibrio en el crecimiento debe entenderse también en la dimensión solidaria
que permite proteger a los sectores más débiles, que generalmente tienen menor capacidad de
presión.
Estamos decididos a combatir la tendencia a la dualidad social. En unos casos, como el de los
jóvenes, facilitando medios, empleo, educación o formación profesional, para que se integren en el
sistema. En otros, como el de los mayores, con una política justa de pensiones.
Por esto por citar un ámbito importante de la política social, presentaremos, para su aprobación,
la Ley de Pensiones no Contributivas, que ya entró en esta Cámara, que universalizará el derecho
a una pensión. Equipararemos, como estábamos comprometidos a hacer, en 1990 la pensión
mínima familiar al salario mínimo e incrementaremos proporcionalmente las demás pensiones
mínimas. Estableceremos catorce pagas anuales para todos los pensionistas, y generalizaremos a
la totalidad del sistema de pensiones la garantía de revalorización automática.
No es posible, señorías, examinar todas las medidas de protección social previstas en el programa
y referidas a problemas infantiles o de integración de colectivos como los gitanos. Sí quiero
advertir, una vez más, que la mayor parte de estas medidas requerirán una coordinación, a la que
he hecho en varias ocasiones referencia, con las Comunidades Autónomas y las corporaciones
locales que tienen ámbitos competenciales respecto de ellas.
Decía al principio también que el funcionamiento de los servicios condiciona el bienestar general y
hay servicios públicos fundamentales y políticas especíﬁcas que producen una fuerte sensibilidad
en los ciudadanos, como ocurre con la Sanidad, con la Educación o con la Vivienda.
Un elemento común a estas materias es precisamente la intervención de todas las
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Administraciones Públicas con diferentes repartos competenciales, pero siempre afectando la
tarea del Gobierno de la nación en uno u otro grado, lo que exige, por razones de eﬁcacia,reitero,
una cooperación más estrecha entre ellas.
En Sanidad y en Educación hemos pretendido en estos años extender el servicio al mayor número
de ciudadanos. Así hemos llegado a la universalización de la asistencia sanitaria pública,
incorporando a más de seis millones de personas que antes no disponían de ella. En educación,
uno de cada cuatro puestos escolares de hoy ha sido creado en los últimos siete años. Lo mismo
podríamos decir de becas o de población universitaria. Pero, tenemos por delante la tarea
prioritaria de ir superando las deﬁciencias que aún se producen en el funcionamiento de estos
servicios, ya sea por problemas de origen o por los que han surgido a causa del fuerte aumento del
número de personas que lo utilizan o de nuestros propios errores.
En Sanidad, las medidas programáticas se centran en potenciar la atención primaria y mejorar el
funcionamiento de los hospitales, así como en mejorar la formación de los profesionales. En
educación, proponemos la reforma de los niveles no universitarios, reforma que incluya la
escolarización obligatoria y gratuita hasta los dieciséis años, la potenciación de la formación
profesional la ampliación de las oportunidades educativas. Es posible llegar a escolarizar al 80 por
100 de los jóvenes entre 16 y 18 años y lograr la escolarización voluntaria de tres a seis años.
El proyecto educativo contempla una mayor adecuación entre la educación y las demandas del
sistema productivo, lo cual en la enseñanza superior, supone avanzar, respetando la autonomía
universitaria, en la colaboración entre universidades, empresas y organismos de investigación. El
esfuerzo en investigación y desarrollo que se ha emprendido seguirá incrementándose durante la
presente Legislatura para mejorar nuestro nivel cientíﬁco y tecnológico.
Antes hablé de la vivienda y querría hacer una toma de posición al respecto. El problema es
especialmente grave en las grandes ciudades, pero, en general, es un problema importante para
todos los ciudadanos: la rápida subida de precios y movimientos especulativos han creado serias
diﬁcultades de acceso a la vivienda en propiedad y en alquiler. Hay, por tanto, que aumentar la
oferta y combatir la especulación. El gobierno estará dispuesto, si obtiene la mayoría de la
Cámara, a colaborar, mediante las reformas legales necesarias en la Ley del Suelo y en la Ley de
Arrendamientos Urbanos y con los estímulos ﬁnancieros y ﬁscales, para facilitar ese acceso a la
vivienda en propiedad y para fomentar las de alquiler. Pero tenemos que partir de la base de que
estos instrumentos sólo serán eﬁcaces mediante la cooperación con las otras Administraciones de
las que dependen promoción, caliﬁcación del suelo, urbanismo, etc; y de las que depende, en ﬁn,
incluso la utilización de los instrumentos legales que se pongan a su disposición.
Los problemas del medio ambiente y del consumo han ido ganando importancia en todos los
programas políticos en los países desarrollados como consecuencia de una preocupación
creciente por estas cuestiones. Además de las medidas concretas que hemos incluido en el
programa, creo que lo más importante es que todos los ámbitos del Gobierno y también de los
demás responsables públicos deban tener en cuenta el impacto de sus actuaciones sobre el medio
ambiente y sobre el consumo.
Las políticas medioambientales atraviesan las políticas industriales, agrícolas, educativas, de
estructuras comerciales y alimentarias, las políticas de producción industrial, la propia política
cultural y los servicios administrativos. Por consiguiente, son preocupaciones que deben afectar a
todos los departamentos de un Gobierno y al conjunto de las administraciones.
En los últimos años y respecto de este bloque de temas relacionados con el bienestar, permítanme
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una reﬂexión breve de carácter adicional. Yo creo que podemos convenir todos en que la mejora
del nivel de vida y de la calidad de vida en amplias zonas que consideramos como zonas rurales en
el país, durante los últimos años, ha sido el efecto del crecimiento económico. Sin embargo, el
aumento del nivel de vida, o de la renta o de los bienes disponibles en las grandes ciudades, no ha
producido un equiparable incremento de la calidad de vida de los ciudadanos que viven en esas
grandes concentraciones urbanas. O, dicho en otros términos, los propios problemas del
crecimiento de la demanda, de las nuevas necesidades, de los nuevos desarrollos, están creando
problemas en las estructuras, en los servicios de las grandes ciudades de difícil solución.
En mi opinión, las respuestas no son ni simples ni tampoco admiten formulaciones mágicas. Sin
embargo, desde mi responsabilidad quiero decirles que estamos dispuestos a hacer frente a los
problemas de esas grandes concentraciones urbanas.Desearíamos hacerlo de acuerdo con las
instituciones, las fuerzas políticas, las organizaciones sociales y los propios ciudadanos, puesto
que de todos depende que los problemas de la gran ciudad (problemas de tráﬁco, de
infraestructura o de transportes) vayan encontrando una solución que permita una vida mejor, no
sólo desde el punto de vista económico, sino en los distintos aspectos de la calidad de vida.
Para canalizar el desarrollo socio-económico todos compartimos la necesidad de completar el
equipamiento de nuestro país en infraestructuras. El ritmo de crecimiento deseable para nuestra
economía puede verse estrangulado por una insuﬁciente dotación de infraestructuras, de
carreteras, ferrocarriles, de comunicaciones, de obras hidráulicas, etc. Tenemos que recuperar
retrasos históricos respecto de otros países europeos, y ésta no es una tarea fácil. Teniendo en
cuenta las propias limitaciones presupuestarias, imprescindibles para mantener otros equilibrios,
como el del déﬁcit, o como los gastos sociales o como el de la mejora de los servicios, es posible, es
deseable, seguir avanzando en el desarrollo de las infraestructuras.
Está muy avanzado, señorías, el segundo Plan de Carreteras, cuyo horizonte es el ﬁnal de la
próxima década. Con él se pretende completar la red de autovías, conectar, a través de la red de
alta capacidad, todas las capitales de provincia y corregir el esquema radial facilitando la
comunicación entre Comunidades Autónomas entre sí y de éstas con Europa, lo cual tiene una
especialísima trascendencia para algunas Comunidades históricamente afectadas por problemas
de comunicaciones, como son los casos de Asturias, de Galicia o de otras. Seguiremos adelante
con el Plan de Transporte Ferroviario y pondremos en marcha el tren de alta velocidad y el ancho
de vía europeo. Es obvio que añada que ajustaremos los ritmos a las posibilidades
presupuestarias. De ahí que sea tan importante un buen funcionamiento del instrumento clave al
que he hecho referencia: un crecimiento sostenido y equilibrado.
En el sistema de comunicaciones, el crecimiento de la demanda por encima de toda previsión, así
como el rápido cambio de las tecnologías, ha creado problemas, problemas sobre los que se está
haciendo un doble esfuerzo de inversión y de adaptación tecnológica que estamos dispuestos a
mantener hasta conseguir una buena, satisfactoria, calidad del servicio. Junto a esto, en el período
en el que entramos, vamos a aumentar la capacidad y seguridad de nuestros puertos y
aeropuertos y a continuar las importantes obras hidráulicas para completar el programa de
infraestructuras.
He hecho una referencia al comienzo de mi intervención a la seguridad externa y he hecho una
toma de posición respecto de la situación de distensión y las grandes oportunidades para la paz
que se ofrecen en la situación internacional actual. Permítanme que complete esa reﬂexión con
una toma de posición sobre nuestra seguridad interna y con nuestra propia política de defensa. Sin
duda, un clima de distensión y de acuerdos en materia de desarme nos van a permitir una
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reducción de efectivos en España. La propia previsión de reducción de la prestación del servicio
militar a nueve meses en el plazo de la Legislatura supondrá esa reducción de efectivos. Me
gustaría reiterar que la reducción de efectivos debe ir acompañada de una mejora de la
operatividad y, por consiguiente, de un esfuerzo de modernización de las Fuerzas Armadas. No
comparto la idea de los que confunden posiciones progresistas con despreocupación sobre lo que
debe ser una eﬁcaz política de defensa como garantía de libertad frente a cualquier tipo de
amenaza exterior.
Pero, teniendo en cuenta ese proyecto de desarrollo socioeconómico, querría completar, como
decía, la reﬂexión con otra sobre la seguridad interior. Me propongo como Gobierno priorizar la
lucha contra la inseguridad ciudadana en todos sus frentes. Por consiguiente, estoy dispuesto,
señorías, a mejorar los medios personales y materiales de las Fuerzas de Seguridad y a aumentar
la presencia de la policía en la calle, sea cual sea el esfuerzo de transformación que haya que
realizar. Pero, para mejorar nuestra propia seguridad interna, habrá que afrontar algunos
problemas: problemas desde el punto de vista legal, como la reforma del Código Penal, reforma
para la realización de un nuevo Código Penal. Se han producido algunas reformas del Código Penal
y existe una conciencia generalizada de la necesidad de disponer de un nuevo Código Penal en su
conjunto. Es evidente que la elaboración de un nuevo Código Penal exigirá de todos un esfuerzo
de consenso, de respaldo para que tenga el apoyo social mayoritario, ampliamente mayoritario,
que sea el correspondiente a ese consenso parlamentario.
Pero el problema más importante para la seguridad interna, la seguridad ciudadana de cada día, es
el impacto directo que en la misma tiene el tráﬁco de drogas, la drogadicción en su conjunto. No es
un problema que pueda analizarse sin ver sus perspectivas internacionales. Para abordarlo con
eﬁcacia, ya sea desde el punto de vista sanitario, desde su tratamiento jurídico o desde la acción
policial, no es posible conseguir mecanismos de actuación correctos si no hay una política de
cooperación y de coordinación internacionales, además de los esfuerzos internos. Desde el punto
de vista interno, impulsaremos la realización de campañas de prevengan y reduzcan el consumo
de drogas y ampliaremos los medios para la rehabilitación de los toxicómanos. Al mismo tiempo,
incrementaremos la lucha contra el tráﬁco en todas sus formas, dirigiendo la represión policial no
sólo a los traﬁcantes, sino también a las operaciones económicas que se derivan del propio tráﬁco
y a los responsables de estas operaciones.
Hay un tipo de delincuencia especialmente organizada, realizada por grupos de carácter maﬁoso
que atentan contra la sociedad desde actividades como el tráﬁco de drogas o como el terrorismo,
y que merecen un trato singularmente estricto. Propondremos a la Cámara, respetando el
consenso conseguido por el bloque democrático en la lucha por la erradicación del terrorismo, las
reformas legales necesarias para que las sentencias relacionadas con estos delitos sean cumplidas
en su integridad.
Al abordar el problema del terrorismo, señorías, quiero repetir algo que SS. SS ya me han oído
otras veces. Sin duda el terrorismo sigue siendo una amenaza grave para la libertad y para la
seguridad de los ciudadanos que lo sufren. Pero hace ya tiempo que dejó de ser una amenaza para
la subsistencia de la democracia. Políticamente el terrorismo está derrotado porque ha perdido
toda la posibilidad de acabar con el Estado democrático y toda posibilidad de implantar la
dictadura de los asesinos. Ahora hay que derrotarle también en el terreno operativo, quitarles la
posibilidad de seguir asesinando.
Si podía existir alguna duda sobre la deﬁnitiva inviabilidad políticas de las pretensiones
terroristas, el acuerdo entre las fuerzas políticas democráticas en este Parlamento y en el
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Parlamento vasco la han despejado por completo. Este acuerdo se ha convertido en una pieza
clave de la estrategia antiterrorista, y como tal, nos proponemos mantenerlo y defenderlo en
todos sus aspectos. Cada paso que se dé en su profundización, como el que acabo de proponer,
siempre tiene que hacerse sobre la base del mantenimiento de este consenso que ha sido
instrumento fundamental para la lucha por el aislamiento y la erradicación del terrorismo. Esto
debe ir acompañado de una acción policial cada vez más eﬁcaz en la persecución de los terroristas
y de la imprescindible cooperación internacional, tanto en el plan bilateral como en el multilateral,
que seguiremos impulsando con fuerza en todos los foros en que estemos presentes.
Los atentados terroristas producen siempre una gran conmoción, como la que hemos vivido en
esta Cámara hace pocos días. Pero conviene no perder la perspectiva ni la serenidad de análisis.
Ha habido centenares de víctimas de atentados por parte de ETA, la organización terrorista más
peligrosa de las que han actuado en España en los últimos años. Conviene no perder la serenidad y
la perspectiva, porque, en algunos casos, responsables políticos hacen una valoración, a mi juicio
equivocada, sobre situaciones como las que hoy mismo estamos viviendo en la Cámara. Al mismo
tiempo que se priva de libertad a un ciudadano, como el señor Villoslada, sin la más mínima
expresión de condena, sin la más mínima expresión de distanciamiento respecto a una acción de
esa naturaleza, se pretende que se pueda uno creer que se están dando pasos de supuesta buena
fe en la acptación de las reglas del juego democrático, cuando la primera de las reglas del juego
democrático debería ser, justamente, la de aceptar que la vía de la violencia no es de ninguna
manera una vía que quepa dentro del funcionamiento de las instituciones. No cabe interpretar de
otra manera las actitudes más que tal como se maniﬁestan, y se maniﬁestan en hechos
importantes, como la toma de posición frente al asesinato o frente al secuestro. Esto es lo que de
verdad da la verdadera dimensión de las intenciones de cada responsable político o de cada grupo
político.
He hecho antes referencias a la política exterior, señorías, y volvería a hacer un brevísimo
resumen. El cuadro de nuestra relación exterior está deﬁnido en la Comunidad Europea, en las
instituciones occidentales y, más allá de la Comunidad Europea y de las instituciones occidentales,
en relación con las nuevas políticas del Este, en relación con América Latina como prioridad y en
relación con los países mediterráneos.
Después de la toma de posición a la que antes hice referencia al comienzo de la intervención, debo
añadir que la política exterior española sin duda se va a ver afectada positivamente por la
dinámica de cambios en el Este y también se va a ver afectada en la necesidad de mantener un
esfuerzo de equilibrio para que las responsabilidades del conjunto de los países de la Comunidad
no pierdan de vista la situación de los países mediterráneos o la situación de América Latina. Es
verdad que en relación con estas áreas de nuestra política exterior ya hay una resolución, que
espero que se reitere y se profundice dentro de varios días por parte de la Comunidad. Aún así,
uno no puede negar el hecho de que esa focalización de la atención en zonas como las del Este
europeo plantean problemas para nuestra política exterior, también para nuestro desarrollo
socioeconómico, pero yo creo que sería falsa la idea de pensar que esos problemas tendrían una
dimensión menos grave si no estuviéramos participando nosotros en la propia construcción
comunitaria y en la construcción de la política respecto de los países del Este. Nuestro interés por
reforzar las políticas de cooperación, por qué haya tratados preferenciales con los países del Este
es un interés paralelo al de avanzar en el proceso de construcción unitaria de la Comunidad. Por
tanto, lo afrontamos con realismo, sin ningún temor a los riesgos que se abren y con la enorme
esperanza con que todo demócrata que haya vivido durante años pensando en que el sistema
democrático, el sistema de elección de su propio destino es el mejor sistema para los pueblos,
tiene que ver ese proceso de cambios en el Este.
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En deﬁnitiva, señorías, para no alargar más la intervención, estamos ante la posibilidad de
desarrollar un proyecto económico, social, de desarrollo integral para nuestro país. El cambio
cualitativo entre un crecimiento sostenido y una política que pueda ser caliﬁcada de política de
desarrollo para la sociedad es posible para España. Y es posible en esta ocasión, probablemente
-como algunos de SS. SS han dicho en intervenciones anteriores-, en mayor medida o con mayor
magnitud que en cualquier otra ocasión de nuestra historia reciente.
No hay un sólo proyecto que no tenga riesgos. Este que enfrentamos para los próximos años los
tiene. Tiene también su carga de expectativa, de esperanza y de oportunidad. Es un proyecto que
transciende la frontera del esfuerzo de un partido político o de un gobierno, sea cual sea el
gobierno y sea cual sea la mayoría que lo respalda. Y es así por razones de estructura de poder
dentro de nuestro país, de reparto del poder entre las distintas administraciones, y es así también
por la propia composición social de nuestro país y por razones democráticas.
La magnitud del esfuerzo debe concitar el apoyo de todos respetando la discrepancia, y ese es el
apoyo que pido para el proyecto a realizar en los próximos años, apoyo para el proyecto que debo
transformar en una petición de voto para la investidura, aunque desde ahora advierto que
consideraré que la relación de causa efecto entre uno y otro es perfectamente separable y, por
consiguiente, que las áreas de consenso o de acuerdo son posibles a pesar de que se tengan las
razones que sus SS.SS expongan para no apoyar la investidura.
Gracias.
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