<text year="1982" periodo="1996" partido="PSOE">
II Legislatura
Discurso de investidura de Felipe González Márquez
Congreso de los Diputados, martes 30 de noviembre de 1982
Señor presidente, señoras y señores diputados:
Al disponerme a solicitar la investidura de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99 de la
Constitución, quiero, ante todo, transmitir a la Cámara y a los ciudadanos que representamos la
convicción de que este acto no es un simple trámite; al contrario, estamos viviendo una jornada
histórica y decisiva para nuestro futuro. Histórica, porque hoy comienza el cambio; decisiva,
porque, desde los primeros pasos por el nuevo camino, empezamos ya a ir conﬁgurando su
trazado.
Lo proclamo con la satisfacción de haber sido uno más de los que han luchado por este día; pero
también con la humildad debida porque ha sido el pueblo español, libre y pacíﬁcamente, quien ha
instaurado el cambio, y nosotros no somos más que los encargados de desempeñar la honrosa
tarea de impulsarlo.
Para constatar lo que aﬁrmo basta contemplar esta Cámara, y comparar su composición con la de
hace pocas semanas. Nuestro pueblo ha querido otras Cámaras, otras leyes, otros modos, otros
contenidos de Gobierno y lo ha querido con tal sabiduría y con tan clara conciencia cívica que
nuestro primer deber, el deber de todos nosotros, consiste en interpretar con acierto, esa
voluntad popular. El pueblo ha votado el cambio y nuestra obligación es realizarlo; un cambio
hacia delante, un cambio sintonizado con el futuro, un cambio hacia una España que progrese en
paz y libertad.
Para conseguirlo, los ciudadanos han elegido el 28 de octubre unas Cámaras con una mayoría
fuerte - es decir, con un Gobierno sólido - y con otras fuerzas políticas vigorosas. Yo me felicito de
esos aciertos, porque creo en la eﬁcacia del diálogo y la participación, lo que supone
necesariamente interlocutores capaces; porque es más fácil la generosidad y la lealtad desde
posiciones de fortaleza que desde la debilidad que necesita recurrir con frecuencia a las armas
oblicuas de la astucia.
Por eso espero que nuestras naturales discrepancias se maniﬁesten siempre en esta Cámara con
claridad y comprensión, que por mi parte ofrezco desde ahora sin ninguna reserva. Todos tenemos
que pensar en el presente y en el futuro de España, aunque sea de distinta manera; hacer
compatibles esas diversas maneras y conjugarlas al servicio de interés común es lo que nos exigen
los ciudadanos con su rotunda votación.
Por obra de ese mandato, y no sólo por un trámite establecido, es por lo que solicito de la Cámara
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mi investidura como presidente del Gobierno.
¿Y para qué? Naturalmente, para gobernar. Esto es obvio, pero importa aﬁrmarlo sin acritud, con
la conciencia clara de que en el pasado muchos ciudadanos han tenido con frecuencia la sensación
de no estar gobernados. Porque gobernar no signiﬁca solamente estar atento a las curvas del
camino; gobernar es guiarse al mismo tiempo por el perﬁl del horizonte, tener bien claro un rumbo
a largo plazo, una perspectiva que otorgue pleno sentido a los afanes cotidianos. Gobernar es
aferrarse con ilusión y esperanza a ese rumbo, a sabiendas de las diﬁcultades iniciales, a sabiendas
de que aunque no se alcance plenamente el horizonte debe bastarnos la humilde seguridad de que
cada paso correcto nos acerca a la meta de una España mejor para todos.
Nuestro horizonte como socialistas, con la responsabilidad de gobernar para todos los españoles,
es profundizar constantemente en las libertades de las personas y de los pueblos de España.
Ahora bien, como las polémicas recientes y el oscurantismo interesado de tiempos pasados
pueden confundir a muchos, debo reaﬁrmar que este horizonte pertenece a la vez al futuro y al
pasado, y es la reencarnación actual de valores de siempre, porque el proyecto viene a revitalizar
la solidaridad humana debilitada por el individualismo, por el egoísmo corporativo y por la
agresividad competitiva de grupos sociales muy concretos. Nuestro sentido del cambio se
proyecta hacia el futuro y se apoya en los valores más permanentes del hombre, rechazando la
concepción atomizada de la sociedad.
Nos proponemos gobernar sobre la base de tres principios que quiero proclamar
categóricamente:
La paz social, es decir, la seguridad ciudadana como garantía de desarrollo de las
libertades, que es un concepto más noble y amplio que el de orden público, reducido a la
tranquilidad en las calles. Paz y seguridad en todos los ámbitos: en el trabajo, en el ocio,
en la creación, en la interdependencia de nuestra vida en común, en las relaciones
internacionales.
La unidad nacional, que se fortalece con la diversidad de nuestros pueblos, con las
preferencias de los grupos, con las singularidades propias de este rico y variado mundo
que llamamos España. No sólo no excluye esas diferencias, sino que, al contrario, la
unidad se vigoriza gracias a la autenticidad con que son vividas por sus portadores
humanos. Unidad, por tanto, en el sentido creador de estimularnos y potenciarnos unos a
otros, precisamente porque somos diferentes, nunca en la interpretación negativa de
antagonismos o luchas destructoras.
El progreso, como un instrumento al servicio de la justicia, como un concepto que va más
allá del mero desarrollo económico, que incluye el incremento de la riqueza nacional,
pero que atiende a las necesidades vitales de los seres humanos, a su profundo afán de
comprensión, de dignidad, de igualdad. Por ello nos obliga a luchar contra las diferencias
que privilegian a ciertos grupos y marginan lacerantemente a otros.
Estas bases nos permitirán reforzar la presencia de España en el mundo, no con la vana pretensión
de un protagonismo internacional exagerado, porque tenemos sentido de la medida al situar a
nuestro país en la escala de las potencias mundiales. Pero tenemos también conciencia de
nuestras aportaciones en el pasado y de nuestra capacidad de presente y de futuro, y esperamos
que unas y otras nos permitan alcanzar en la vida internacional el nivel de nuestra auténtica
dignidad. Se puede ser digno con poco, como se puede ser indigno con mucho, y de esto último no
quiero mencionar ejemplos de quienes aprovechan su fuerza para someter o explotar.
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Paz, unidad y progreso; ese es el perﬁl del horizonte, de nuestro rumbo permanente.
Debo ahora referirme a las curvas del camino, a la situación inmediata y a nuestros propósitos.
Aludiré sólo a sus principales rasgos, porque recientes como son las elecciones generales y dada la
difusión de nuestro programa, ampliamente respaldado, parece innecesario fatigar a la Cámara
repitiendo detalles de todos conocidos y que pueden ser objeto de ulterior debate.
Pero quiero participar que es nuestra intención informar a los españoles en las próximas semanas
y meses sobre la situación que hemos recibido, y en particular en la presentación de los
presupuestos. Asimismo les iremos dando cuenta en el futuro de cuanto les atañe sincera y
claramente, para que la esperanza se base en la verdad y no en datos deformados o insuﬁcientes,
ni en promesas quiméricas.
Cuatro son las áreas de problemas en las que agrupo los aspectos detallados en nuestro programa
electoral, que es, naturalmente, la base del programa de Gobierno, porque sólo cumpliendo aquél
responderemos ﬁelmente al voto mayoritario expresado por los españoles. Enumeraré así esas
cuatro áreas, para que pueda seguirse más fácilmente mi exposición:
Primera, la lucha contra la crisis económica y el paro.
Segunda, el avance hacia una sociedad más libre y más igualitaria.
Tercera, la reforma progresiva de la Administración del Estado, en cumplimiento del artículo 103
de la Constitución y del contenido del Título VIII que exige una nueva distribución del poder en el
ámbito de las comunidades autónomas y de los entes locales.
Cuarta, la proyección hacia el exterior, digna y eﬁcazmente de la realidad de España.
Estas cuatro áreas como saben Sus señorías, están estrechamente ligadas entre sí y sólo a efectos
de exposición podemos separarlas. Así, la reforma de la Administración tiene un claro sentido
instrumental al servicio, tanto de los objetivos sociales que nos proponemos cuanto de la
construcción del Estado de las Autonomías; y el avance en las primeras áreas mencionadas
fortalece nuestra posición en el exterior, sirviéndose al mismo tiempo de una política
internacional eﬁcaz.
Antes de entrar en los problemas de la crisis económica permítanme que recuerde, con todos los
presentes, la grave situación por la que atraviesan amplias zonas de España, golpeadas por la
catástrofe de las inundaciones, a las que debemos prestar una atención justa y urgente.
No deseo que se interprete la referencia inicial a los temas económicos como una creencia en su
primacía, porque lo que nos preocupa ante todo es el hombre, entendiendo los bienes materiales
como instrumentos a su servicio y no como objetivos ﬁnales. Nos importa aﬁanzar una sociedad
de ciudadanos libres, mejorando su bienestar y haciendo posible una generación de españoles
regidos por la ética y por la solidaridad y no por un sistema de controles rigurosos. Sin embargo, a
los hombres los limitan y preocupan hoy, muy inmediatamente, los problemas económicos, porque
el marco histórico en que vivimos está dominado por una crisis de marcada intensidad y extensión.
Esa crisis general, junto con nuestra deﬁciente estructura económica legada del pasado, nos
enfrenta hoy con cuatro desequilibrios fundamentales: el paro, que alcanza a dos millones de
personas, que constituye el 16 por ciento de la población activa, nivel que se sitúa siete puntos por
encima de la media registrada en la OCDE; la inﬂación, con un suelo de 14 ó 15 por cien, que no se
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ha conseguido rebajar en los tres últimos años, mientras que caía en los países desarrollados y se
ampliaba sucesivamente nuestra diferencia con ellos en dos, cuatro y seis puntos; el déﬁcit de la
balanza de pagos, que, aunque algo reducido en la balanza corriente, se refuerza con una mala
evolución de la balanza de capitales y determina la pérdida de reservas, y el déﬁcit de las
administraciones públicas, del orden de un billón de pesetas en 1.982, es decir, equivalente a un
cinco por ciento del Producto Interior Bruto, y que viene representando hasta ahora un rápido
ritmo de crecimiento que amenaza con ponerlo fuera de control.
Ante estos cuatro retos del presente se impone una primera realidad: la de que el margen de
maniobra para la política económica es reducido en el plazo inmediato y sólo se amplía hacia el
futuro. Por consiguiente, con la decisión de utilizar al máximo ese margen en la dirección que
marca nuestro programa, la conﬁanza en las soluciones posibles se apoya fundamentalmente en
tareas y reformas que emprenderemos desde ahora, pero cuyos frutos sólo se recogerán a más
largo plazo. Esta es la realidad, puesto que la crisis económica internacional, que contrasta con la
expansión de los años 60, no desaparecerá del horizonte tan pronto como habían venido
anunciando algunas voces que ignoraban la profundidad de los desequilibrios que nos han
atenazado.
Entre los desequilibrios mencionados, sin duda el más doloroso, desde un punto de vista humano,
es el del paro. No intentemos disfrazar su crudeza con el término menos agresivo de "desempleo".
Nuestro deber es vivir el paro como el drama de cada hombre o cada mujer que desea trabajar sin
conseguirlo; vivirlo como una serie interminable de días de frustración y de desesperanza, porque
no se trata sólo de un problema económico que se pudiera aliviar sustancialmente con un
subsidio; el paro ataca a las raíces más profundas del ser humano, socava la energía moral y la
conﬁanza, debilita el espíritu de participación ciudadana, lleva a cuestionar la solidaridad social.
No podemos resignarnos a que el joven aprendiz o el universitario repitan lo que está en trance de
convertirse en una frase hecha: "estamos estudiando para el paro". Porque eso les lleva a la
desilusión, al rechazo del sistema y a la rebeldía; como tampoco podemos aceptar que hombres
maduros y responsables sientan herida su dignidad por el despido, como si no fueran capaces de
trabajar para atender las necesidades de los suyos, como si no tuvieran nada que ofrecer para
contribuir con su esfuerzo al progreso de todos.
El paro es un castigo moral inmerecido, además del castigo material que impone la penuria a
quienes lo sufren. Y el hecho de que sea una plaga prácticamente mundial, agravada en España en
comparación con los países desarrollados, no nos dispensa de combatirlo tenazmente.
En esa lucha prioritaria emplearemos todos nuestros instrumentos disponibles, todos los
esfuerzos, desde la inversión creadora de empleo hasta la modiﬁcación y reducción de los
horarios; desde los reajustes de técnicas y de sectores hasta apoyos públicos a contratos para los
sectores que encuentran más diﬁcultad para acceder a un empleo; desde la ayuda a la
readaptación de los trabajadores a nuevas tareas, hasta la aplicación de estos medios en el campo
de la empresa privada como en el sector público, en la agricultura como en la industria, en la
construcción como en los servicios, en el terreno de la educación para nuevas profesiones como
en el de la exportación a mercados extranjeros.
No perderemos la menor oportunidad para crear trabajo. Cuando sea inevitable sectorial o
temporalmente el paro, pondremos en juego la solidaridad de todos para no colocar en una
situación de desamparo y de miseria insostenible a quienes se vean reducidos a él, de la misma
manera que combatiremos el fraude laboral con todas sus formas de picaresca que degradan a
quienes se ven implicados en ellas, ya sean trabajadores o empresarios. Esa picaresca, como el
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fraude ﬁscal, la evasión de capitales y otras formas de delitos relacionados con la actividad
económica, serán perseguidos con el rigor a que obliga la ley y con la dureza que merecen las
actitudes punibles de egoísmo insolidario.
Las acciones que se requieren no pueden ser obra solamente del Gobierno, sino que exigen un
cambio en la actitud de toda la colectividad. Nadie piense tampoco que el paro va a reducirse
entregando la tarea de solucionarlo solamente a los mecanismos automáticos del mercado. Estos
automatismos nos llevarían más bien a un enorme aumento de la desigualdad social, a la
descomposición social de un egoísta "sálvese quien pueda".
Por eso he querido subrayar la gravedad del drama humano que constituye el paro y por eso
convoco a todos que sientan este problema a la imaginación y al esfuerzo en torno a una decidida
política cuyo objetivo se cifra - como consta en nuestro programa - en la creación de ochocientos
mil empleos netos en cuatro años. No ignoro que este objetivo de empleo ha sido tachado de
ambicioso por nuestros críticos, pero debe recordarse que el Acuerdo Nacional de Empleo para
1.982 se propuso la creación de 350.000 empleos en un año, que compensasen una destrucción
equivalente, y fue considerado como un método realista de afrontar el problema del paro.
Consideramos, pues, posible invertir la tendencia anterior, frenando primero el crecimiento de la
tasa de paro y reduciéndola luego, en años sucesivos, hasta niveles próximos a los de los países
desarrollados de la OCDE.
El segundo desequilibrio grave que nos afecta es el de la inﬂación, que algunos preﬁeren
considerar en primer lugar. Por nuestra parte, sabemos que este problema y el del paro se
entrelazan, dentro de la independencia general de las disfunciones económicas. Conocemos
también las dañosas repercusiones de la inﬂación sobre los propósitos de ahorro, las iniciativas de
inversión, sobre la balanza de pagos o sobre el valor de la moneda. Ahora bien, desde nuestra
perspectiva, la inﬂación es, para expresarlo con palabras sencillas, el problema de quienes ven
decaer el poder adquisitivo de sus recursos monetarios, mientras que el drama del paro empieza
por no poder siquiera obtener esos recursos.
Dicho esto, es claro que la inﬂación reclama una política tan decidida y enérgica como la lucha
contra el paro, combatiéndola con el empleo de una política monetaria rigurosa, así como con
todos los restantes instrumentos disponibles, y, entre ellos, muy principalmente, mediante
acuerdos responsables entre las fuerzas sociales que han demostrado ser indispensables. Nuestro
objetivo para el año próximo es reducir en tres puntos la tasa de inﬂación respecto a la de 1.982, y
con ese ﬁn actuaremos también decididamente para frenar el crecimiento del déﬁcit público,
hacer una política monetaria ajustada y propiciar los acuerdos sociales necesarios, según se
especiﬁca en nuestro programa.
Nos proponemos un objetivo del crecimiento del producto interior bruto del orden del 2'5 por
ciento para 1.983, sin sobrepasar una inﬂación en el entorno del 12 por ciento.
La expansión de las disponibilidades líquidas se ajustará en el año próximo a una cifra alrededor
del 13 por ciento, para permitir, la consecución de los objetivos anteriores. Ello supondrá un
notable esfuerzo para la economía española, en un contexto internacional desfavorable, pues las
previsiones para 1.983, recientemente realizadas por la OCDE para los países de nuestra área,
prevén un crecimiento cero y un aumento del paro en el próximo año, y sólo en años posteriores
podremos aprovechar impulsos internacionales positivos, gracias a la probable estabilidad de los
precios del petróleo, a la consecución de éxitos en la lucha contra la inﬂación y una política
ﬁnanciera de las grandes potencias menos egoísta y más responsable que la que actualmente
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contemplamos.
Ahora bien, como en el caso del paro, también en la lucha contra la inﬂación es indispensable la
participación de todos los ciudadanos, en el sentido de aceptar la necesidad de un mayor esfuerzo
de ahorro y de inversiones y de refrenar toda tentación hacia una carrera irresponsable de
expansión del consumo, que no estaría adaptada a las presentes circunstancias de la economía
española ni de la mundial.
Por su parte, la balanza de pagos, como resultante de la actividad nacional y de sus intercambios
con el exterior, constituye, sin duda, el frente de acción más condicionado por el marco
circundante. De un lado, porque su déﬁcit depende en buena parte de desarrollos exteriores de
los mercados mundiales que escapan a nuestro control; de otro, porque la corrección a fondo de
sus problemas subyacentes depende de evoluciones internas que requieren un plazo más largo.
Sería excesivo detallar aquí estos factores y, por otra parte, la corrección de otros desequilibrios -
mayor ahorro interno, éxito contra la inﬂación, aumento de la competitividad por reducción de
costes, expansión monetaria ajustada, etcétera. - incidirá favorablemente reduciendo el déﬁcit
exterior.
Otro desequilibrio fundamental es el del déﬁcit del sector público, cuyo crecimiento aspiramos
primero a frenar y, en años sucesivos, a reducir, al tiempo que reestructuramos el gasto público;
queremos inclinarlo más en el sentido de la inversión y de las transferencias constructivas.
Afortunadamente, disponemos de más palancas de control en nuestras manos para abordar este
problema que en el caso anterior, sobre todo si una actitud general de austeridad, de trabajo y de
rendimiento reduce la inaceptable costumbre de paliar por la vía de las subvenciones u otras
ayudas públicas los problemas que no se han sabido o no se ha tenido voluntad política de atacar
en sus causas profundas. En cualquier caso, la actitud de ampliar el déﬁcit público con negligencia,
ﬁnanciándolo de manera inﬂacionista, lejos de ser una panacea que resuelve los problemas, es una
grave irresponsabilidad, que golpea a los sectores más débiles, y, por consiguente, se debe preferir
de modo más riguroso y correcto la ﬁnanciación a través de ingresos públicos claramente
planeados, de los gastos considerados socialmente necesarios o convenientes.
Por otro lado, los desajustes y disfunciones acumulados en el sector público ofrecen, sin duda, un
campo muy amplio para actuar con rigor, con el ﬁn de conseguir el máximo rendimiento de los
caudales que aporta al Estado el pueblo entero. Queremos acometer inmediatamente las
reformas institucionales necesarias para mejorar el rendimiento de la Administración en todos sus
aspectos y para conseguir que el control del gasto no sea meramente formal, sino capaz de
comprobar que se aprovechan eﬁcazmente los recursos puestos a disposición del Estado.
Sobre este objetivo - el de potenciar la eﬁcacia administrativa como instrumento al servicio del
pueblo - volveré antes de concluir, porque es ahí donde podemos y debemos ejercer la mayor
presión reformadora, con el ﬁn de que el sector público sirva de ejemplo en cuanto a austeridad,
correcta actuación y eﬁcacia. Presión que tiene la obligación paralela de ejercerse contra el fraude
ﬁscal, que es una de las expresiones más dañinas y lamentables de la insolidaridad de unos
españoles respecto a otros y de la irresponsabilidad de quienes se niegan a asumir la parte que les
toca en el sacriﬁcio colectivo.
Para exponer con profundidad nuestras ideas sobre todo ello, nos brindará la ocasión oportuna el
debate sobre los Presupuestos Generales del Estado para 1.983. Cabe anticipar que la
perspectiva con que contemplamos el gasto público hará de este cambio una de las armas más
eﬁcaces para combatir la injusticia, al tiempo que promoverá el progreso económico. No debe
interpretarse esta última aﬁrmación como una orientación intervencionista que menosprecie la
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iniciativa privada o exagere la conﬁanza en las potencialidades del sector público. Concebimos el
sector público mucho más que como un estímulo para el conjunto que como un elemento
suplantador de las iniciativas sociales, además de cómo un procedimiento de asignación de
recursos de la máxima importancia porsus funciones redistribuidoras, indispensables para
corregir las desigualdades que subsisten en nuestro país. Desigualdades contra las que vamos a
seguir luchando los socialistas donde quiera que se presenten, ya sea en los ámbitos de la
educación, de la cultura, en el ejercicio del trabajo o en las lacerantes situaciones de sectores
marginados y menospreciados. A este respecto el sector público, además de una palanca básica
para estimular y apoyar iniciativas prioritarias, tiene la posibilidad de ofrecer una gama de
servicios sociales que son hoy irrenunciables en todos los países avanzados.
Ello no contradice el que en un sistema económico como el español sea el sector privado el que en
medida decisiva determine el volumen de los bienes y servicios producidos, de la inversión y del
empleo, y así lo hemos declarado expresadamente en nuestro programa electoral. Por ello,
nuestra política económica estimulará tanto como pueda todas las iniciativas creadoras, con
facilidades adicionales para aquellas empresas de dimensión modesta que por ello encuentran
más diﬁcultades para ser atendidas por los intermediarios ﬁnancieros o para exportar hacia los
mercados exteriores.
Podría parecer indicado ahora, concluidas las anteriores deﬁniciones sobre el enfoque con que
vamos a abordar los problemas básicos, descender a particularidades sectoriales muy variadas,
desde los problemas concretos de un cierto número de empresas en crisis hasta la profunda
reconversión exigida por los sectores industriales golpeados por esta misma crisis, o desde las
diﬁcultades con que se encuentra el sector de la pesca, hasta los males tradicionales de una
agricultura que, junto a problemas meramente técnicos, plantea problemas sociales para hacer
frente a bolsas de paro dramáticas y clama por una política capaz de hacer habitables con dignidad
extensas áreas rurales de nuestro país. Habría que enumerar el esfuerzo para intensiﬁcar el
ahorro de energía practicando una política realista de precios y preparando nuestras industrias
para competir con potentes empresas de los países de nuestro entorno; la consecución de un
sistema ﬁnanciero más eﬁcaz y capaz de atender ﬂexiblemente a las necesidades de crédito a
medio y largo plazo de nuestra economía; habría que hablar de cómo se dota al país de una
infraestructura suﬁciente en viviendas, obras públicas, transportes y comunicaciones; pero éstos
y otros muchos aspectos parciales no añadirían nada a lo ya conocido de nuestro programa y
alargarían mi exposición excesivamente, por lo que es preferible dejarlos para el debate posterior,
en el que sin duda se pueden plantear las cuestiones concretas que interesaran a esta Cámara.
Por eso me limitaré a precisar que nuestro proyecto político inmediato se inserta en una
perspectiva temporal más dilatada en el tratamiento de los problemas fundamentales. Porque
debe estar claro para todos que ni la salida deﬁnitiva de la crisis, ni una mejora sustancial en la
eﬁcacia de nuestro aparato productivo o en el cambio de los comportamientos económicos
pueden obtenerse con rapidez, sino que exigen, por el contrario, una continuada persistencia en el
progreso de los objetivos deﬁnidos.
La articulación de las medidas económicas, a lo largo del tiempo y entre sí, tiene una importancia
grande para reforzar su eﬁcacia gracias a una cronología calculada y para conseguir una evolución
armónica que reduzca al mínimo las perturbaciones inherentes de toda reforma. Con el
establecimiento de un proceso de planiﬁcación acordado, no impuesto, que hemos previsto en el
programa presentado ante el país, se ﬁjará la evolución posible y deseable de los grandes objetivos
macroeconómicos, que muestren la manera de superar nuestros problemas actuales. De ese modo
se reducirán incertidumbres empresariales, se facilitará la toma de decisiones públicas y privadas
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y se aumentará la coherencia entre ellas. Esa planiﬁcación debe permitir ensamblar el conjunto de
la política económica del Gobierno, aumentando la garantía de conseguir los resultados
pretendidos.
Nos encontramos, en suma, con un panorama económico ciertamente difícil. Pero también es
cierto que afrontaremos los problemas con el respaldo de la mayoría política de que disponemos y
que quizá no tiene parangón histórico en nuestro país por su signiﬁcado y por su amplitud.
No hay caminos fáciles hacia la solución de nuestros problemas. No hay sino el esfuerzo, el
trabajo, la necesidad de actitudes responsables, de tenacidad. Pero las soluciones existen y
pueden alcanzarse por la acción conjunta de la mayoría del pueblo, en apoyo de una política
económica razonablemente concebida y bien instrumentada, de una política que sea capaz de
acelerar nuestro avance hacia una modernidad, con la doble vertiente de la justicia social y del
bienestar material, que nos ha venido siendo negada en nuestra historia reciente.
Por lo que respecta al vasto campo de la política social - segundo de los problemas mencionados -,
no necesito indicar, después de las palabras introductorias, que es en él donde buscamos
principalmente los resultados derivados de las acciones en las otras áreas. Nuestra preocupación
es el pueblo, y nuestro objetivo es conseguir que el crecimiento económico sea de todos y para
todos, porque de lo contrario sería injusto apelar a la solidaridad, que constantemente estamos
demandando como condición necesaria para el resurgimiento.
Por eso de la mejora de la gestión de la Seguridad Social, en general, y de los distintos tipos de
prestaciones haremos objeto de una consideración especial, según lo previsto por nuestro
Programa Electoral. Muy concretamente, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones
será garantizado mediante una Ley de Revalorización Automática de las mismas. Se crearán
también mecanismos institucionales y no solamente económicos para el establecimiento de un
marco democrático de relaciones laborales y se tenderá al mantenimiento del poder adquisitivo
de las rentas salariales.
Se contribuirá así a reducir las tensiones de toda negociación, y el trabajador y la empresa podrán
plantear sus problemas y adoptar sus previsiones más racionalmente.
Antes de pasar a otros aspectos de este sector quiero insistir en la consideración de tres grupos
humanos merecedores de un trato especial: los jóvenes, que serán apoyados mediante programas
de empleo juvenil, contratos de relevo y otras medidas; la llamada "tercera edad", sobre la que
proyectaremos una cartilla sanitaria especial de servicios geriátricos adecuados, entre otras
ventajas, y la mujer, cuya persistente discriminación debe ser cada vez más corregida por razones
de justicia.
Como he dicho en diversas ocasiones, la dignidad de una nación se mide por el trato que otorga a
los sectores sociales marginados, como los minusválidos, los presos, las personas sin ingresos de
ningún tipo, los grupos étnicos separados secularmente, como los gitanos, etcétera. Pese a la
diﬁcultad de la situación económica que acabo de describir, iremos sentando las bases para
integrarlos en la sociedad.
La política sanitaria estará basada en la promoción de la salud, la prevención individual y colectiva,
la atención primaria, la asistencia eﬁciente y la reinserción social del enfermo.
De todos modos, los aspectos sanitarios atienden a una situación de enfermedad que con
frecuencia sufre previamente la incidencia del género de vida. La vivienda, el medio ambiente, la
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educación o el lugar de residencia, entre otros muchos factores, repercuten sobre la salud,
además de ﬁgurar entre las necesidades básicas cuya atención es indispensable.
En lo que respecta a la vivienda, la política prevista supone la creación de una infraestructura
suﬁciente, capaz de generar las condiciones necesarias para la actividad constructora, junto con
una serie de mejoras, sobre todo en las ﬁnanciaciones de compra, así como la promoción pública
para el alquiler. Sin embargo, en este campo como en otros, quisiéramos llevar al terreno de los
hechos la aplicación de nuevas ideas y la reducción de costes mediante planeamientos y diseños
adecuados, que muchas veces son ya conocidos por los técnicos, pero cuya aplicación se ve
retrasada por los intereses especulativos, desde las condiciones jurídicas de la propiedad del suelo
hasta las defectuosas regulaciones urbanísticas. Introducir las modiﬁcaciones precisas para
eliminar trabas a la política de la vivienda será un aspecto importante de la reforma
administrativa.
El medio ambiente es un componente vital de la existencia humana y su degradación
irresponsable no sólo se traduce en perturbaciones sanitarias o psíquicas, sino que, al ser afectado
por agresiones destructoras, reduce la calidad de la vida.
La creciente protesta de los ecologistas, perceptible en todas partes, especialmente en los países
industrializados, responde a esa sensibilidad humana hacia su entorno, y evidencia la necesidad de
adoptar medidas como las que hemos visto en nuestro programa.
De todas maneras, el enfoque y la solución de los problemas del bienestar tienen que empezar en
cada uno de nosotros mediante el enriquecimiento de las posibilidades individuales por la vía de la
educación y de la cultura. Más que en las compensaciones económicas, e incluso en los servicios
sociales colectivos, es en este campo de la formación donde se encuentra la clave del progreso
social.
La educación aumenta la igualdad de oportunidades al fomentar las capacidades individuales, y,
por tanto, el desempeño de tareas más idóneas. Además, el ejercicio de la libertad ciudadana sólo
se alcanza plenamente con una educación que nos instruya sobre nuestros derechos y sobre los
medios de reclamarlos al mismo tiempo que nos inspire el respeto hacia los derechos de los
demás. Por otra parte, la riqueza cultural aumenta el gozo que pueda suministrar el disfrute de
servicios públicos de este tipo o incluso del ambiente mismo. Y sobre todo, sin propósito de agotar
el tema, recordaré tan sólo que el progreso social es obra de los hombres, que son los hombres los
que hacen la historia.
Todo ello explica el hecho de que la educación y la cultura sean piezas clave de nuestra futura
tarea de Gobierno, a ﬁn de conseguir la "democracia avanzada" propugnada en nuestra
Constitución. Para ello el texto constituyente establece derechos tales como la libertad de
expresión, la superación de las discriminaciones socioeconómicas o la igualdad de oportunidades
ante la cultura, como instrumentos decisivos para el pleno desarrollo de la personalidad.
Dicho más brevemente, la transformación de España y su progreso exigen una extraordinaria
acción educativa y cultural, porque el retraso en ese campo sigue siendo enormemente
considerable. Desarrollar el sistema educativo español para cubrir esas diferencias es, no sólo un
mandato constitucional, sino una obligación de todos.
Importa notar que las deﬁciencias no son sólo cuantitativas, sino cualitativas. La aﬁción en el
pasado a estadísticas que medían el progreso en este campo por la multiplicación de centros, de
puestos escolares o indicadores análogos, ha de complementarse con un examen más atento de la
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realidad, considerando también los métodos educativos, los programas, la participación de los
padres y los profesores y, sobre todo, el contenido mismo y las orientaciones de la educación.
Por otro lado, no se trata sólo de incrementar y mejorar en general, sino también de contribuir una
vez más a la equidad y a la justicia. Persisten en España profundas diferencias entre clases y
sectores en cuanto a los niveles educativos avanzados y, lo que es más penoso, esas diferencias se
transmiten de padres a hijos. Estudios realizados entre nosotros permiten aﬁrmar que los hijos de
cuadros superiores han tenido veintiocho veces más oportunidades de llegar a la Universidad que
los hijos de los trabajadores modestos. Nuestra política educativa tenderá, como en todos los
países democráticos, a nivelar las oportunidades.
Dentro de la educación es imperativo sacar la Universidad de la crisis y de la postración en que se
encuentra actualmente, rehabilitándola ante sí misma y ante la sociedad, porque de ella emana el
vigor y la autenticidad educativa hacia los escalones precedentes de la enseñanza. La gran
mayoría de la comunidad universitaria desea realizar ese esfuerzo de moralización y reclama hace
tiempo un marco institucional que se lo permita hacer. Con ese ﬁn, el Gobierno presentará un
nuevo proyecto de Ley de Autonomía Universitaria en un plazo prudente, para dar a la
Universidad una real autonomía de gestión, función y gobierno.
Por otro lado, se corregirán las discriminaciones geográﬁcas y culturales, contrarias al acceso a la
Universidad, mediante becas y programas especiales, así como por medio de fórmulas nuevas en
la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Relacionada con la Universidad se encuentra una dirección tan decisiva para el progreso como la
política cientíﬁca y de investigación. No es posible seguir manteniendo por más tiempo un
estancamiento cientíﬁco y técnico que frena el progreso económico y el desarrollo humano. Es
preciso insertar la investigación en la sociedad española, impulsando una ciencia al servicio del
hombre y de la calidad de la vida, para caminar hacia un modelo de desarrollo diferente.
Para ello, se incrementará sustancialmente el presupuesto para la investigación, concentrándolo
en inversiones estratégicas. No basta, sin embargo, el mero aumento del gasto, sino que es preciso
encauzarlo mediante una seria reforma institucional, asegurando una coordinación que evite
duplicar esfuerzos, elaborando un presupuesto único y suprimiendo las trabas burocráticas contra
la capacidad creadora.
Me he extendido en los aspectos educativos porque en ellos está la clave a largo plazo del futuro
de España. La educación constituye, como ninguna otra actividad, la garantía del progreso de los
hombres mismos, que es el objetivo central de nuestros afanes al que se someten todas las demás
líneas de acción política. Pero la educación no es en sí misma más que una parte de la cultura, a
cuyo servicio, conservación y perfeccionamiento se encuentra. La cultura encarna nuestra
concepción del mundo, nuestra escala de valores y nuestro sentido de la vida, y si bien en los
terrenos de la investigación y de la ciencia hemos de lamentar haber retrocedido respecto a
nuestro puesto relativo del pasado, en cambio nuestra cultura ha logrado mantener, pese a
negligencias y tergiversaciones, unos valores humanos tan altos como los que pueden ofrecer
otros ámbitos culturales en el mundo. Esto es verdad especialmente en las manifestaciones más
profundas de la vida popular, que el arte o la literatura han sabido recoger y que hemos de
preservar como las raíces mismas de nuestra personalidad y como la fuente de donde brotan los
impulsos más nobles y energéticos para la creación artística y literaria. En esa misma dirección, el
proceso autonómico ayudará a sostener y fomentar las diversidades culturales que enriquecen
con su variedad nuestro escenario vital.
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Desde ese punto de vista es importante reaccionar positivamente contra los efectos
colonizadores derivados del proceso tecnológico de los medios de difusión cultural. El adelanto
logrado por otros países tiende a imponer sus costumbres, sus vocabularios y sus valoraciones
entre los pueblos donde se ha debilitado la producción propia. Eso se hace más evidente aún
cuando los medios técnicos salvan fácilmente las fronteras por su propia naturaleza, y el caso de la
radio y de la televisión lo pone de maniﬁesto con elocuencia.
Es innecesario añadir que los demás medios serán objeto de la misma atención, como el cine o el
teatro, la difusión impresa, las manifestaciones plásticas, la actividad musical y, engeneral, todas
las formas en que se plasma la personalidad de un pueblo y en que puede cada uno experimentar
el goce artístico.
Al mismo tiempo, el deporte y la educación física complementarán debidamente esa realización
personal, lograda mediante el acceso de todos a la cultura, porque al facilitar ese acceso estamos
multiplicando las fuentes de satisfacción personal, al mismo tiempo que estamos creando
ciudadanos responsables y más capaces de participar en la construcción de un futuro
esperanzador.
En el amplio espectro que abarca el análisis de los problemas de la sociedad, ocupa un lugar, que
he destacado desde el comienzo de mi intervención: la seguridad como garantía de la libertad. El
Gobierno cumplirá y hará cumplir la ley. No permitiremos ninguna actuación al margen de la
Constitución y los que piensen que pueden violentarla encontrarán una respuesta rigurosa por
nuestra parte.
Estamos convencidos de que nuestra Constitución permite a todos los ciudadanos pacíﬁcos
ejercer sus derechos individuales o colectivos, expresar sus ideas con libertad. No hay, pues,
explicación alguna para las actitudes violentas.
Desde el llamamiento a todos, Grupos Parlamentarios y ciudadanos, para que contribuyan a
mejorar la seguridad ciudadana y la convivencia en paz, queremos asegurarles que ni el terror, ni
el chantaje, ni los intentos involucionistas, desviarán la decisión del Gobierno de cumplir la
Constitución. El 28 de octubre ha supuesto la más importante derrota moral para los que desean
suplantar por la fuerza la voluntad de los ciudadanos.
Ese objetivo nos llevará a dedicarnos muy especialmente a la mejora profesional de los Cuerpos
de Seguridad para incrementar su eﬁcacia y ampliar su vinculación a las aspiraciones y
expectativas de todo nuestro pueblo. Con estos medios humanos, que han demostrado ya su
espíritu de sacriﬁcio y su afán de superación, lucharemos contra la violencia para asentar de modo
inconmovible la paz y la tranquilidad. Somos muy conscientes de que con ese clima sería más fácil
resolver los demás problemas de la vida nacional.
Por eso, apelaremos con vigor a la necesaria cooperación internacional en la tarea de erradicar el
terrorismo.
La seguridad ciudadana y la libertad requieren no sólo disponer de unas fuerzas adecuadas contra
la violencia desestabilizadora, sino, además, disponer de una organización de la justicia a la altura
de su misión, una organización que, una vez más, coloca a los miembros de esa Administración
que, en su inmensa mayoría, son capaces de desempeñar sus funciones con celo y competencia en
una situación de frustración por la estructura en que están insertos, así como por la falta de
medios, que son las causas fundamentales de las deﬁciencias actuales. Nos proponemos introducir
las reformas procesales y de todo tipo para agilizar la maquinaria judicial, evitando innecesarias e
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injustas acumulaciones en las cárceles, mejorando la situación de los internos y garantizando a los
ciudadanos una satisfactoria Administración de justicia, que implique la gratuidad de las tasas
judiciales como un elemento más de igualdad social.
En esta línea, y para concluir con este tema, se inserta nuestra decisión de establecer cuanto antes
la ﬁgura constitucional de Defensor del Pueblo, cuya actuación se ha retrasado hasta ahora y que
para nosotros es el complemento indispensable de la justicia al poner al alcance del ciudadano
unos cauces más inmediatos para hacer oír sus agravios y para elevarlos a los centros de gestión
donde puedan estudiarse y darles solución.
Pero no es sólo la justicia, sino toda la Administración la que requiere serias reformas, y con ello
quiero abordar la tercera de las áreas planteadas. Reformas para librar a la Administración de
trabas heredadas, de procedimientos anticuados y de corruptelas poco tolerables, a ﬁn de que se
convierta en un eﬁcaz ejemplo de servicio. Ya en otro pasaje de esta exposición he insistido en la
trascendental importancia de una maquinaria administrativa capaz de ser la columna vertebral del
sector público.
La competencia profesional, el espíritu de servicio y la ética han de erigirse, por todos los medios,
en los principios inspiradores de los organismos públicos. Solamente con un instrumento que
responda a los propósitos y a los ﬁnes del Gobierno llegarán a ser realidad nuestros proyectos de
austeridad, de rentabilidad del gasto público y de eﬁcacia en la promoción de las actividades
nacionales.
Ligados a los proyectos legales que desarrollan la mejora de la función pública se encuentra una
ley ya prevista de Reforma del Gasto Público. Anticipándonos a ello, nos proponemos congelar en
el Presupuesto ciertas partidas de gastos, especialmente en algunas compras y transferencias,
exigiendo a todos los Entes Públicos una justiﬁcación rigurosa al solicitar créditos extraordinarios
para sus necesidades. Las Oﬁcinas Presupuestarias de cada Ministerio serán potenciadas para
cumplir eﬁcazmente su misión, en cooperación con los Servicios Centrales de Hacienda.
La austeridad y el rigor en el empleo de los caudales públicos será así un criterio tajantemente
exigido.
Las reformas de la Administración no se circunscriben sólo a las ramas ﬁscales o ﬁnancieras, sino
que han de alcanzar a todas ellas. Estamos ﬁrmemente persuadidos de que parte de los defectos
que hoy pueden parecer humanos no se deben a fallos personales, sino a la desmoralización
producida en el funcionario al verse forzado a actuar en un sistema defectuoso. La gran mayoría
de los empleados públicos preﬁere, sin duda, formar parte de una sistema que realce su propia
dignidad y que merezca la más alta estimación de nuestro pueblo.
La necesaria moralización de la función pública tendrá su primera expresión en un inmediato
proyecto de Ley de Incompatibilidades, que por vía ejempliﬁcadora concretará sus primeros
criterios sobre diputados, senadores y altos cargos de la Administración.
Esa labor de reforma y saneamiento, imprescindible para alcanzar todos los demás objetivos, ha
de articularse con la culminación del proceso autonómico, al aprobarse cuanto antes los estatutos
de las cuatro comunidades autónomas pendientes. En este aspecto, cuya regulación tiene por
objeto vitalizar la pluralidad dentro de la unidad integradora, aﬁrmo nuestro compromiso de
alcanzar el máximo constitucional en las competencias ﬁjadas por los respectivos estatutos.
Con los Acuerdos Autonómicos, y una vez aprobados los estatutos pendientes, habremos puesto
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las bases para que el proceso autonómico se produzca de modo ordenado, objetivo y solidario.
Queda, no obstante, una gran tarea pendiente: no basta con transferir competencias, funcionarios
y recursos; durante el próximo período legislativo hará falta, sobre todo, culminar la construcción
del Estado de las autonomías, a través, principalmente del desarrollo legislativo del artículo 149.1.
de la Constitución.
Entramos así en una especie de segunda fase del proceso autonómico, en la cual el positivo
desarrollo de cada autonomía ha de conciliarse con la construcción positiva del Estado de todos.
En este sentido resultarán decisivas leyes tales como las Bases del Estatuto de la Función Pública,
la ley del Procedimiento Administrativo Común, las Bases del Régimen Presupuestario, Financiero
y Contable, las Bases de la Contratación Administrativa, la Legislación de Responsabilidades de
las Administraciones y de sus Autoridades Funcionarios y Agentes, la legislación sobre el Dominio
Público y el Patrimonio…
Estas leyes tienen unidad sistemática. Su conjunto va a deﬁnir el nuevo modelo de Administración
pública y todas ellas deberían responder a una misma lógica e impulso. Son, además, leyes
"constitucionales" o de aquellas que sirvan para enmarcar el juego de los partidos en lugar de ser
el fruto del mismo. Por ello, deberían ser en lo posible leyes producidas por el acuerdo más amplio
posible entre las fuerzas parlamentaria.
En este sentido, el Gobierno propondrá a todas las fuerzas políticas parlamentarias la elaboración
de un amplio acuerdo institucional sobre los puntos clave o ejes vertebradores de este conjunto
de leyes. El texto de estos acuerdos, y el de los votos particulares a los mismos, servirá de base
para la elaboración de los correspondientes proyectos o proposiciones de ley y de sus enmiendas,
así como de marco para el correspondiente debate parlamentario.
Entendemos que este momento de cambio esperanzado resulta propicio para la negociación
constructiva y en ella pondremos todo nuestro esfuerzo y buena voluntad.
Para concluir este área instrumental -pero decisiva- de la organización del Estado, mencionaré
solamente que la red de participación con que queremos reforzar las capacidades creadoras de los
españoles impone también la reforma y perfeccionamiento de la Administración Local, que
permita un más amplio desarrollo de su propia autonomía. Con este ﬁn nuestro programa incluye
un proyecto de ley que modiﬁque la vigente en materia de elecciones locales y permita la
renovación de las actuales corporaciones en términos de la más adecuada representación
democrática.
Con los mismos objetivos se remitirá en el presente período de sesiones un proyecto de ley de
Régimen Local y otro de Financiación de las Entidades Locales, cuyas posibilidades de acción se
facilitarán más aún gracias a un Plan de Colaboración establecido de acuerdo con la Federación
Española de Municipios y Provincias, sin perjuicio de otras medidas como las transferencias de
servicios, la asistencia técnica y la reforma del Instituto de Estudios de Administración Local.
El resultado será completar un sistema descentralizado de Administraciones públicas, porque de
ese modo potenciaremos la democracia y la solidaridad justamente en las estructuras de base
donde el contrato entre los hombres es más directo, donde se viven los problemas concretos y
donde los ciudadanos pueden sentir más calidamente el orgullo de la solidaridad y los frutos de la
participación.
Debo referirme ahora a la política exterior que ha de estar estrechamente ligada a la evolución
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interior, dentro de una orientación política general. No debe haber, en estos planos esenciales,
lugar para la improvisación, las contradicciones o la inconsecuencia.
Dentro de esta opción básica, la actuación exterior debe ser ajena a concepciones partidistas, y
seguir rigurosamente las directrices de una política de Estado, atenta a los intereses permanentes
de la nación, tal como resulten de un consenso nacional, si ello es posible, o, al menos, de las
aspiraciones expresadas por la gran mayoría de nuestro pueblo.
El Gobierno emprenderá sin dilaciones la deﬁnición y puesta en práctica de una política exterior
que refuerce el papel de España en el concierto internacional, aﬁrme nuestra presencia en pie de
igualdad allí donde los intereses nacionales estén en juego y permitan a nuestro país contribuir
activamente a las grandes causas de la paz y de la distensión en el mundo. Para ello tenemos que
partir de una idea exacta de nuestra real capacidad de acción en el mundo internacional: sin
jactancias y sin complejos. Somos conscientes de nuestro nivel real de poder e inﬂuencia en el
concierto de las naciones; conocemos también nuestros recursos y nuestras potencialidades.
Los problemas que inevitablemente reclamarán nuestra atención serán los de nuestro entorno
inmediato. Creemos que es esencial fortalecer y profundizar nuestras relaciones con los países
vecinos: Portugal, Francia y los Países del Magreb. Las diferencias transitorias no deben hacernos
olvidar nunca la necesidad del mutuo entendimiento y de la cooperación beneﬁciosa para todos.
De esa manera contribuimos también al equilibrio de la región mediterránea, cuya importancia en
el tablero mundial se acrecienta día tras día.
Nuestra política de vecindad encuentra una dirección privilegiada, que citaré a modo de
excepción, en lo que se reﬁere a Portugal. Sobre la base del más escrupuloso respeto a las
posiciones e intereses de cada parte, una política española que no colocase como una de sus
principales prioridades la amistad y cooperación con Portugal carecería de visión y de realismo.
No hace falta repetir nuestra vocación europeísta, nuestra voluntad de contribuir a una Europa de
los hombres y de los pueblos. En esa línea, trabajaremos con tesón para allanar los obstáculos que
aún se oponen a nuestra plena integración en las Comunidades Europeas y creemos que no será
pretencioso conseguir la adhesión dentro del horizonte dado por la presente Legislatura.
España se encuentra inserta en el conjunto del mundo occidental, cuyos valores humanos
fundamentales compartimos y defendemos. Ahora bien, reclamamos nuestro derecho y nuestro
deber para determinar libremente, en uso de nuestra soberanía, las modalidades de la
participación que España tendrá en la política y en la defensa de ese conjunto.
Por eso, examinaremos con toda atención los términos de nuestra relación defensiva u de
cooperación con los Estados Unidos de América y reestudiaremos con el rigor necesario para la
defensa de nuestros intereses y nuestra dignidad la decisión adoptada por el anterior Gobierno
español, en relación con el Tratado del Atlántico Norte, manteniendo nuestros compromisos con
el pueblo español.
Todo ello lo haremos desde el diálogo nacional e internacional que exigen estas importantes
decisiones.
En todo caso, para nosotros, tanto por herencia histórica como por las realidades de hoy, existe un
compromiso de presencia y de actuación decidida en el continente Iberoamericano. Con este
conjunto de naciones hermanas reforzaremos nuestros lazos de cooperación en todos los campos,
con la convicción de que una parte muy importante de nuestro futuro pasa por esta cooperación
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histórica de aproximación.
Del mismo modo dedicaremos una atención especial a la política del Mediterráneo, con el mundo
árabe y con África, por su enorme potencial desde el punto de vista político y desde el punto de
vista humano.
Para ello será necesario articular los mecanismos de cooperación, especialmente en los campos
cultural y técnico a ﬁn de desarrollar una política a la vez realista y eﬁcaz.
Por supuesto que en esas y en todas las áreas mundiales será una constante preocupación del
Gobierno la potenciación de los intereses de los españoles radicados en el extranjero. No
podemos olvidar a esos millones de compatriotas tan lejanos que trabajan y luchan cada día -a
veces en un medio difícil y hostil- ganándose la vida, pero también proyectando en otras tierras la
presencia de España.
Según establece la propia Constitución, el Gobierno irá creando las condiciones que permitan su
retorno; y, entre tanto, redoblará sus esfuerzos para protegerlos mediante una adecuada gestión
diplomática, muy especialmente cuando se produzcan violaciones graves y ﬂagrantes de los
Derechos Humanos más elementales, como son casos de las desapariciones, de las detenciones
arbitrarias o expulsiones injustiﬁcadas.
El Gobierno reaﬁrmará con todo vigor la reivindicación de Gibraltar, cuya actual situación colonial
atenta a la integridad del territorio nacional y menoscaba la posición internacional y estratégica
de España. Consecuentemente, el Gobierno mantiene el propósito de reintegrar Gibraltar al
territorio nacional mediante negociaciones con el Reino Unido que conduzcan a ese objetivo, de
acuerdo con las resoluciones de las Naciones Unidas. Al desarrollar este eje prioritario de su
política, el Gobierno obrará de manera que no se penalice a la pobleción de Gibraltar ni a la del
campo de Gibraltar y que el resultado ﬁnal de la negociación respete los intereses legítimos de la
población.
Especiﬁcados de esta forma los escenarios y los problemas principales de nuestra política exterior
inmediata, debo recordar aún nuestro deber de participar en las grandes cuestiones de interés
para todos los pueblos; como son la paz y el desarme, los derechos del hombre y la libertad de los
pueblos, o la construcción de un nuevo orden económico más justo para los países en desarrollo.
España no puede estar ausente de esa inmensa tarea colectiva, de la que depende literalmente la
supervivencia y el progreso de la humanidad, sino como protagonista, al menos como coparticipe
en tan noble empeño. Pues también en el plano internacional debe inspirarnos la solidaridad entre
los hombres y entre los pueblos: o nos salvamos juntos, o perecemos juntos. Y España debe
incorporarse cuanto antes al grupo de naciones que marchan en vanguardia hacia esa meta
común.
Quiero terminar el análisis de estas grandes áreas con una referencia expresa a la Defensa
Nacional, pieza fundamental para la realización de una política exterior respetada y respetable.
La Constitución atribuye a las Fuerzas Armadas la defensa de nuestra integridad territorial y del
orden constitucional, a las órdenes del poder político legítimamente constituido.
El Gobierno aplicará el programa electoral ofrecido al pueblo español, tanto en sus aspectos
sociales y económicos como en la adaptación progresiva de nuestro despliegue operativo a las
necesidades y misiones atribuidas por la Constitución a las Fuerzas Armadas.
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Públicamente proclamo nuestra conﬁanza y solidaridad con las Fuerzas Armadas, cuya honrosa
misión no ha sido empañada por actuaciones de grupos minoritarios.
Empezamos una nueva etapa en la vida política española. Con Su Majestad el Rey, cuyo papel en
favor de la paz y la libertad reconocemos todos los españoles, quiero manifestar una vez más mi fe
en el futuro de España.
También mi profunda convicción en la necesaria articulación de todas las Instituciones del Estado,
que nos permita desarrollarnos hacia el futuro como una nación cada vez más libre e
independiente.
Realizaremos desde la acción del Gobierno el esfuerzo necesario para incrementar
constantemente la profesionalización y la eﬁcacia de esas Instituciones básicas para el Estado.
Concluyo así mi presentación sumaria de todo el panorama abarcado por nuestro proyecto de
gobierno y debo recordar de nuevo que en modo alguno mis palabras han pretendido recoger las
precisiones de un programa tan detallado como el que elaboramos para las elecciones.
Así y todo, quizá pudiera pensarse que incluso el anterior resumen resultaba innecesario por dos
razones.
La primera sería la publicidad electoral de nuestro propio programa. Frente a esa consideración,
mi concepto del debido respeto a la Cámara me exigía la recapitulación de lo más esencial, al
menos, de nuestro proyecto.
La segunda razón, merece ser algo más explayada. En efecto, mientras preparaba mis palabras he
creído a veces percibir, como quizá también mis oyentes ahora, que algunos de los objetivos, e
incluso de los instrumentos propuestos, podrían haber sido igualmente emitidos desde otras
posiciones políticas. Este hecho podría ser satisfactorio, pues nos colocaría en coincidencia en
torno a objetivos como la mejora del bienestar y la eﬁcacia de la Administración. Pero esa
coincidencia no impide que nuestra propuesta sea al mismo tiempo distinta en su misma raíz,
como lo han percibido los diez millones de ciudadanos que la han respaldado con su conﬁanza. Y
es que la singularidad del proyecto no se encuentra tanto en la expresión verbal de los detalles
cuanto en las maneras de ejecutar los programas y en el énfasis particular que se atribuye a
ciertos objetivos en comparación a otros.
Esto es lo que ha percibido nuestro pueblo: que, a veces, tras palabras que suenan como
semejantes existen políticas distintas, personas con formación e ideología diferente; que eran
otras sus experiencias vitales a lo largo de una vida política que conoció las asperezas de la
represión y que reforzó durante ella la vocación de servicio al pueblo, levantando las banderas de
la libertad, la justicia y el progreso humano.
En otras palabras, los españoles han votado por el cambio en la forma que han creido más eﬁcaz
posible, conﬁándolo a quienes están desde hace tiempo comprometidos con un afán de
renovación.
Por todo ello, porque nos respalda una voluntad mayoritaria y porque conﬁamos en el espíritu de
servicio a la sociedad que, aún en la discrepancia, anima a las fuerzas representativas de otros
sectores, nos sentimos alentados por la más viva esperanza y nos disponemos a progresar hacia
un horizonte claro mediante un programa realista.
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Subrayo estas últimas palabras porque se nos ha imputado exageración en los compromisos.
Quienes así lo creen sólo confían en los recursos materiales. Nosotros, además de valorarlos
debidamente, ponemos nuestra esperanza en los ciudadanos, en los hombres y mujeres que
acaban de votar por el cambio. Esta esperanza tiene fundamento: la geografía nos muestra a
muchos países construidos con pobres recursos naturales que han sabido desarrollarse con el
esfuerzo de los hombres; como la historia propia nos deslumbra con las ciudades fundadas en
América por un puñado de españoles. Y esa esperanza se refuerza para el futuro al comprobar
cómo nos alientan muy especialmente los jóvenes, en quienes están arraigando con fuerza los
valores de la solidaridad y el compromiso libremente asumido que tanto importan para nuestro
proyecto común.
Esos hombres, esas mujeres y esos jóvenes son nuestro apoyo, pero son también nuestros jueces.
Y todo ello ha de ser visto en esta Cámara como nuestra permanente ocupación. A ellos quiero
dedicar mis palabras ﬁnales.
Imagino que ahí, en el centro del hemiciclo, unos cuantos ciudadanos han penetrado hoy desde la
calle. Me esfuerzo por verlos. Por mirarlos. ¿Quiénes son? Pueden ser un ama de casa camino del
mercado, un empleado de banca, un botones de hotel, o un universitario. Les veo y me pregunto:
¿Qué piensan de nosotros?, ¿siguen nuestros debates?, ¿les ilusionamos o les desencantamos?,
¿hacemos lo mejor para su futuro, que es el de nuestro hijos?
Para comprender mi deber con nuestro pueblo yo me inspiro mejor en esa sencilla visión que en
las frases sonoras y convencionales. La paz, la unidad y el progreso son ellos y para ellos. Esas
palabras tienen carne y hueso, ropas y gestos. Conﬁemos en su esperanzada y libre participación,
indispensable para el éxito, y tengámosles presentes durante nuestros debates, como yo pensaré
a diario mientras, ﬁel al horizonte y atento al camino, presido mi Gobierno si merezco el honor de
que ahora se me otorgue la responsabilidad de la investidura.
Muchas gracias.
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